El desmantelamiento
Cercana a la realidad anterior, la política gubernamental de las recientes administraciones locales tuvo un impacto negativo en el campo y en los ejidos del municipio de Atlixco. “Los resultados fueron el desmantelamiento o la fuerte amenaza sobre la agricultura campesina, crisis permanente ante un mercado inseguro, pobreza y migración ante la falta de oportunidades”, sentenció el investigador atlixcense Ricardo Pérez Avilés.
Especialmente los ayuntamientos panistas, aunque el último del PRI prácticamente caminó por el mismo rumbo, “mantuvieron la necesidad de quitarle la tendencia rural a las zonas más productivas del municipio, como el caso de las tierras de La Alfonsina y la colonia Revolución para transformarlas en obras de urbanización y negocios propios desde el poder. Eso mismo ocurre en Axocopan; ahí piensan romper con el equilibrio ambiental a cambio de una central de abasto para los coyotes modernos, y no destinada a los verdaderos agricultores”.
De acuerdo con esta perspectiva, todo el mecanismo de reestructuración de ese sector sucedido desde la década de los ochenta en la zona es resultado del proceso globalizador y está identificado por la apertura y la liberación de los mercados. Y eso incluye, aseguró, la reforma del Estado- nación.
Uno de los aspectos trabajados, sostiene Pérez Avilés, resulta el más criticado: “El problema no es la sustitución del viejo esquema de control económico del campesinado, así como el sistema paternal y autoritario para la manipulación política, el tono impugnable es formular y ejecutar cambios dirigidos a responder a las condiciones del nuevo orden geopolítico y a conservar las relaciones de poder de los grupos dominantes internos”.
Por eso, arguye el investigador, “seguimos desde mucho tiempo atrás con un proyecto de exclusión de los grupos campesinos y rurales. Los gobiernos en turno estuvieron dedicados a leer las condiciones externas y la de los grupos privilegiados, pero nunca observaron hacia abajo y en consecuencia desconocen la forma de responder de los agricultores a las nuevas realidades nacionales y mundiales”.
Insiste: “Bajo esos términos, los políticos transformados en autoridades planean y imponen desde arriba y desde afuera; ejecutan reformas pensando en quitar lastres y pesados resabios internos. Así conciben a los campesinos y a los indígenas porque en ellos encuentran la justificación de sus errores y fracasos”.
La postura neoliberal alimentadora de la visión oficial sobre el sector del campo, lamentó, sufrió el severo choque con la realidad ejidal en algunas partes del país. Y sobre todo en Atlixco. “El empirismo y el subjetivismo gubernamental apostaron a que junto con el programa de modernización económica del agro mexicano, apoyado con una reforma jurídica a fondo en el Artículo 27 Constitucional, sería suficiente para lograr la destrucción de las imperfecciones que impedían la capitalización del sector y la operación plena del mercado. No importó, a pesar de las versiones contrarias, acabar con la propiedad ejidal”.