Admite que la entrega de recursos naturales a las empresas mineras y energéticas, han puesto en riesgo a la soberanía nacional y la gobernabilidad, y reclama que se tome una decisión de Estado a partir de los instrumentos jurídicos que se han ido reformando en beneficio de los pueblos indígenas. Son un “foco rojo” para el país que deben atenderse y reclaman de medidas mayores.
Sin embargo, reconoce, aún hay “funcionarios que no entienden esto, como los que repartieron las concesiones mineras como tarjetas de Navidad… Las cosas han cambiado, por ello he venido por segunda ocasión en mes y medio a la sierra y vendré las veces que sea necesario para que construyamos mecanismos de interlocución con el gobierno del estado y los municipios.”
Les ofrece que las disposiciones que se tomen en esas instancias deberán contar con el apoyo y la aprobación de los serranos y les asegura que no tendrán tintes partidistas y no habrá manipulaciones.
Atrás de él hay concierto. Entre los líderes las aguas vuelven a su cauce: el convenio que en un folder color manila ha pasado por sus manos y sus ojos no se firmará. Primero se sentarán con Martínez Veloz a definir una agenda este 11 de junio en Tetela de Ocampo.
“Hace 20 años que no había una manifestación así en Zapotitlan”, dice satisfecho Raymundo García López del Suri, mientras bajo su brazo guarda un documento engargolado con tapas transparentes que dejan ver su afanoso título: Acuerdo por la Gobernabilidad, la Justicia, el Bienestar y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Sierra Norte de Puebla.