Vienen las bienvenidas en totonaco y náhuatl, poco debe entender de ellas el encargado de diálogo con los pueblos indígenas del país que llegó sin traductores. De cualquier manera aplaude con entusiasmo.
Rubén Espinoza, de Xochitlán, le recuerda a Martínez Veloz que “estos pueblos lucharon muy fuerte contra la invasión francesa”; le pide llevar el mensaje a las autoridades de que no están dispuestos a soportar imposiciones. “Luchamos contra la invasión, luchamos en la revolución. El pueblo estaba tranquilo, sereno, dígale al presidente (Enrique Peña Nieto), con el debido respeto, que no queremos que lesionen nuestra ecología, nuestro entorno, que dejen de atentar contra nuestra seguridad”.
Le exigen que las autoridades cumplan la Ley de Desarrollo Sustentable del estado de Puebla, que se creen los Consejos Consultivos del Medio Ambiente. Le recuerdan que cumplir con la Ley del Medio Ambiente es una responsabilidad compartida: “No sólo el gobierno debe tomar decisiones, debemos participar. Nosotros también pensamos y tenemos sentimientos. Pedimos que las acciones que impliquen la afectación del medio ambiente se nos consulten, es nuestro derecho al futuro. Exigimos se detengan los proyectos mineros hasta que se informé a la población.”
El maestro de ceremonias le da el micrófono a Gerardo Pérez Muñoz que anuncia que leerá un extenso documento firmado por cinco organizaciones de la región de Zacapoaxtla, que si esperaron dos horas al funcionario, el asunto a tratar bien vale la pena darle unos minutos más a su participación.
Hace un recuento de los agravios a los pueblos originarios desde el sexenio salinista. Da cifras, muchas cifras. Habla de las bajas tasas impositivas, de la entrega de los recursos hídricos y minerales a empresas canadienses y estadunidenses; del despojo a los pueblos de los daños, del surgimiento de conflictos sociales, del deterioro del medio ambiente.
Piden al Comisionado que el gobierno de Enrique Peña Nieto dé una muestra de voluntad y compromiso con las comunidades indígenas cancelando “definitivamente” los proyectos de muerte en todo el territorio nacional y se revisen los proyectos asociados a la minería a cielo abierto. Se reforme el artículo 27 Constitucional y devolverle su espíritu social, popular y nacional y el Tratado de Libre Comercio.
A Martínez Veloz le demandan integrar mesas interinstitucionales para analizar el impacto social y ambiental que los proyectos extractivistas y energéticos de muerte están teniendo sobre las comunidades de la Sierra Norte
Vino el quiebre: “No podemos firmar ningún acuerdo -se oyó- sin antes ver qué es lo que vamos a firmar. Cuáles son los puntos de la agenda y, en especial, cómo se integrarán las mesas de trabajo.” Y tronaron los aplausos en apoyo a la posición de los zacapoaxtlas.
“El Huauchi” Pérez invita a los que están en el quisco a firmar el documento. El senador Bartlett se adelanta, se recarga en el barandal, traza su rúbrica, le sigue Roxana Luna, don Germán Romero, Raymundo García López y al final Martínez Veloz.
Mientras siguen los discursos, los dirigentes de las organizaciones serranas cabildean. Pasa por las manos y los ojos de todos, un documento en un folder color manila, dicen que es el acuerdo que firmarían con el Comisionado federal. Parece que no los convence. Van. Vienen. Discretos en algunos momentos, en otros no tanto.
“Cómo vamos a firmar reconociendo que hay avances en materia de derechos humanos en el país, si la situación está que arde. Si el tema es de los más cuestionados. Si se persigue y hostiga a nuestros compañeros por defender sus tierras. Esta es una cuestión de lucha de clases”, se escucha. Se dice que el acuerdo ceñiría las mesas de diálogo para la solución de los conflictos sociales provocados por la hidrominería en la sierra al Pacto por México. Siguen las negociaciones.
Llega el discurso del comisionado Martínez Veloz. “El gobierno federal no apoyará ningún proyecto que atente contra los pueblos indígenas”, se compromete y dice que ahora se cuenta con instrumentos jurídicos que “atarían de manos a aquellos que ya entregaron la mitad del país”.
Les cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el 9 de Mayo pasado el derecho del pueblo yaqui, en Sonora, a ser consultado previamente sobre la construcción del Acueducto Independencia que va de su territorio hasta Hermosillo, y que esta sentencia favorecerá a los indígenas.