Algo ilustran estas fotografías. Es una mirada a un bosque en los linderos de Ahuazotepec y Huauchinango. Se ha sostenido por la creciente fortaleza de las comunidades campesinas que buscan revertir la dinámica de pobreza-tala que está en la base de la relación de las comunidades campesinas con sus montes. No es para nada un asunto más. Es la relación estratégica entre la sociedad mexicana y el medio ambiente, soportada hasta ahora en el eslabón más débil: las comunidades campesinas que por siglos han establecido con el maíz y la ganadería su principal sustento.
Es un bosque cualquiera en la frontera de la planicie serrana que a lo largo del tiempo se ha extendido contra la masa forestal que se asoma a los grandes barrancos de la sierra.
La foto del maíz y los arbolitos nuevos habla por sí misma. Igual la última, la de un aserradero en Tlaxco, Tlaxcala. Vemos esos troncos y no nos preguntamos si están avalados por una guía forestal correcta. Lo más seguro es que buena parte de esos troncos provenga de madera legal, por la ubicación sobre carretera del aserradero. Pero si multiplicamos 10 metros cúbicos diarios --este cálculo por aserradero proviene de un inge forestal especialista en la materia, y es más bajo que el que hacen los campes de la región de Ahuazotepec y Huauchinango, que estiman en 15 metros cúbicos diarios la producción de cada establecimiento--, por 26 pequeños aserraderos que operan de manera ilegal (es decir, roban o adquieren madera robada, aunque también compren madera con guía), tenemos 260 metros cúbicos por día, entre 45 y 50 árboles por día --este cálculo también es a la baja, pues en la región, los talamontes buscan árboles de tamaño medio, a los que sacan tres metros cúbicos, lo que daría unos 85 árboles para los 260 metros cúbicos estimados--. Aquí el cálculo no es sencillo: ¿cuánta de esa madera es ilegal? Como quiera, hablamos de 500 árboles en una región forestal de no más de 35 kilómetros cuadrados, 3,500 hectáreas, con una forestación de aproximadamente, a ojo de buen cubero sobre la foto de google earth, un 80 por ciento. ¿Aguanta un derribo, ilegal o no, de más de 15 mil árboles al año?
Un punto me faltó añadir: los campes tienen claro que su monte produce agua. Y la miden por los litros por segundo que pasan por sus trucheros. Y más claro tienen que el agua que da vida a los peces va a dar a las ciudades y pueblos de abajo (Huauchinango, Tenango, Necaxa), y no se diga a las presas. El gobierno declaró la cuenca como prioritaria y protegida desde 1938. Es un hecho que los campesinos demandan permisos y proyectos para la explotación legal sustentable. Pero también ya exigen que los ayuntamientos y los gobiernos paguen el agua, inviertan en los montes. La idea no puede ser más estratégica.
El punto entonces es: ¿cómo resisten los campesinos con sus árboles sin que tenga que cortarlos antes, sin que cedan a la tentación del corte ilegal, de la venta sin guía al aserradero? ¿Se puede financiar su inversión?
Creo que una alternativa se debe buscar en el tema del agua: el estado mexicano debe financiar su producción. Y no es muy grave incluso si lo miras en números mayores:
10 mil campes siembran 10,000 árboles en 10 mil hectáreas de esas planicies que se están comiendo el bosque, y cuya vocación ecológica es fundamentalmente forestal. Son cien millones de árboles. A la larga, si se cultivan adecuadamente, una cuarta parte, 25 millones de árboles se sumarían a la línea de monte que carga de agua las cuencas altas de los ríos Necaxa, Ajajalpan, Zempoala, Ateno y Apulco.
¿Qué supondría de inversión de Estado? Ingenieros forestales entrevistados por Mundo Nuestro proponen una inversión por hectárea más alta (por lo menos 20 mil pesos al año) y sostenida (por lo menos 10 años). En esos términos se estimaría una inversión de 200 millones de pesos al años y 2,000 en diez. Y si se suman otros veinte mil pesos por hectárea para el mantenimiento y el cultivo y se extiende el plazo de inversión a 25 años (10 mil millones de pesos), ¿no es un esfuerzo estratégico que puede cumplir la sociedad poblana? Generará empleos para miles de familias que se convertirán en la principal línea de defensa del bosque contra la tala ilegal. Se asegurará la carga de agua en el mediano plazo para las cuencas, y reforzará el caudal de los ríos serranos. Florecerán los campos y selvas de la costa.
En fin, son números ligeros, hechos en la mesa de trabajo de un reportero, pero sostienen el peso del argumento de fondo: el Estado mexicano tiene que invertir de largo plazo en bosques en una alianza estratégica con los pueblos originarios de la Sierra Norte de Puebla.