Luz bajo la Tierra y oscuridad en la superficie la destrucción del subsuelo arqueológico en Cholula.
En las Cholulas desde febrero de 2014 el abuso, las violaciones a las leyes patrimoniales y al derecho de los pueblos a ser consultados ante actos de gobierno que afectan el tejido social --de parte del gobierno de Rafael Moreno Valle y de su incómodo empleado sanandreseño Leoncio Paisano-- han sido tantos y tan constantes que sería interminable una enumeración. Estamos sometidos a la voluntad de unos políticos con lógica depredadora del medio ambiente, insaciables en su afán por privatizar los espacios públicos y que han reducido la vida y la cultura de los pueblos a un bien económico que puede y debe ser explotado para uso y provecho de unos pocos. Son capaces, además, de derrochar dinero público en cualquier ocurrencia (especialmente cuando se trata de obras rendidas al automóvil) bajo el argumento de su “bondad económica”, y ninguna protesta o argumentación de los ciudadanos afectados les detiene al momento de explotar y expropiar con fines utilitarios y económicos suelos y agua de los pueblos de la gran Cholollan.
La complicidad del INAH, que actualmente avala la destrucción del patrimonio intangible y tangible de los pueblos de las Cholulas por causa de proyectos turísticos del gobernador Rafael Moreno Valle, es indicador del grado de corrupción y degradación que el manoseo político ha causado a ésta y otras nobles instituciones del Estado Mexicano.
Nuestro Víacrucis en Cholula empezó entre febrero y abril de 2014 cuando sin decirnos “aguas va” el gobernador Rafael Moreno Valle nos anunció el inicio de la construcción de un distribuidor vial a menos de 500 metros de la gran pirámide en los límites municipales de las Cholulas. Protestamos, reunimos miles de firmas y argumentamos que se trataba de un despilfarro de dinero publico absolutamente innecesario: porque era violatorio del derecho del peatón y del ciclista; destruía la integración ritual y urbanística de los barrios religiosos de las Cholulas; porque no resolvía --como no resolvió-- el tráfico vehicular (ofrecimos una alternativa de una turbo rotonda con costo mínimo y copiada a ciudades de Holanda donde se da prioridad al paso de ciclistas y peatones); porque afectaba irreversiblemente zona de recarga de acuíferos; porque violaba la ley del INAH de 1993 en su artículo octavo que protege la vista y el acceso a la zona arqueológica. Pero protestamos a sabiendas que se ocultaban obras y proyectos, con financiamientos previamente aprobados en la Secretaria de Turismo federal, que tenían la finalidad de construir un Parque Intermunicipal proyectado por la firma Esquerra y Asociados desde el año 2002 cuando Rafael Moreno Valle era Secretario de Finanzas del gobernador Melquiades Morales. El distribuidor vial era solo el inicio del anillo periférico vehicular a la zona ceremonial de las Cholulas y necesariamente implicaba destrucción (como sucedió) a un subsuelo arqueológico que desde 2009 sabíamos resguarda una ciudadela del posclásico y numerosos entierros rituales e importantes ofrendas mortuorias en esta zona limítrofe entre las dos Cholulas.
Al comienzo de abril 2014, mientras los cholultecas observábamos indignados a las enormes maquinarias excavadoras abriendo subsuelo arqueológico aledaño a una antigua ciénaga, en la cercanía de suelos someramente investigados con muestras de los primeros pueblos cholultecas sedentarios con incipientes sistemas de irrigación agrícola (entre 1300 a.C y 200 d.C) y en las inmediaciones del ameyal de San Juan, es decir de las aguas sagradas que la mitología mesoamericana dice son resguardas en el interior de la gran pirámide, con cinismo o más bien ignorancia el alcalde Leoncio Paisano descalificando opiniones de antropólogos y arqueólogos se mostró de cuerpo entero con declaraciones a la prensa. Leoncio Paisano informó que “mejor viéramos los beneficios” de esa obra que se hacía en “colaboración con arqueólogos del INAH” aunque estábamos en nuestro derecho a protestar mientras lo hiciéramos pacíficamente. (ver Mas, abril 8, 2014). No mencionó, sin embargo, la “colaboración” de otros beneficiados sobre todo contratistas y políticos afines al gobernador (ver, “Empresa encargada del Distribuidor de Cholula tienen dudoso historial” en Suplementos. Lado B, 12 de marzo 2014), ni que Bautista Alonso que fue Secretario de Obras Publicas con Melquiades Morales y contratista privilegiado de gobiernos poblanos desde entonces estaría encargado de las obras; menos anunció que el Secretario de Infraestructura, Cabalán Macari, se apersonaría pronto después para avisarnos de la futilidad de nuestros argumentos y resistencia porque “el distribuidor Cholula” dijo “no tendrá modificación alguna” (ver Cambio, H.Hugo Cruz Salazar; Lunes 7 de abril, 2014). ¿Cómo lograron certificación de nulo impacto ambiental con una obra que inyectó miles de toneladas de cemento y varilla en zona de suelos acuosos y de recarga de mantos freáticos de las Cholulas? ¿Cómo lograron la colaboración del INAH para destruir suelos arqueológicos e invadir el poligonal protegido por ley patrimonial en 1993? Nunca sabremos los términos de las negociaciones llevadas a cabo a puertas cerradas para violentar leyes patrimoniales ni las componendas acordadas pero sí logramos reunir pruebas que dieron los nombres de los encargados en el INAH para justificar la destrucción patrimonial y arqueológica en las Cholulas. Por un “pre-permiso” ilegal otorgado desde Septiembre 2013 (y referido en un documento público del Sindicato de Investigadores del INAH a Teresa Franco del cual tengo copia) supimos de la contribución del delegado regional del INAH Francisco Ortiz Pedraza a esta obra (pareja sentimental, coincidentemente, de una sobrina de Melquiades Morales ¿le debe a este gobernador su nombramiento en Puebla?). Por medio de solicitudes al IFAI descubrimos la participaron de peritos “cachirules” que le autorizaron las obras la gobernador (ver Gabriela Hernández, Proceso,15 de marzo de 2015); y por un documento/oficio particularmente revelador (del cual también guardo copia) supimos de la participación del encargado de la zona arqueológica de las Cholulas, el arqueólogo Eduardo Merlo, quien subcontrató a un pasante en arqueología, Arnulfo Allende, para que éste asumiera las “excavaciones” o más bien simulaciones que le permitiría al INAH “oficialmente” anunciar al público que en Cholula ésta y demás “obras no dañan patrimonio histórico” (como acaba de declarar nuevamente; ver, E-consulta, miércoles 15 de abril 2015). En ese oficio enviado al pasante en arqueología Arnulfo Allende y al arqueólogo Eduardo Merlo la presidenta del Consejo de Arqueología María de los Ángeles Olay Barrientos menciona que el 2 de abril de 2014 ella ya había recibido y revisado con anterioridad el “Proyecto de Salvamento Arqueológico en la obra denominada Modernización del distribuidor vial Cholula” y que lo aprobaba. En abril 2014 los cholultecas no conocíamos, a pesar de peticiones públicas en radio, medios impresos y de indagaciones de periodistas, ningún proyecto integral del gobernador para las Cholulas; y Ortiz Pedraza negaba alguna autorización oficial del INAH para las obras. Igual como sucede actualmente con las obras de “jardinería” llevadas a cabo por CAPCEE que afectaron y destruyeron adobes y plataformas del lado oriente norte del gran edificio piramidal. Simulación, engaños y mentiras no ocultaron entonces y no ocultan ahora ilegalidades y complicidades destinadas a justificar (o negar) las destrucciones arqueológicas por obras que conducirán solo a la privatización del área ceremonial mesoamericana para operar allí negocios turísticos.
Pero si el gobernador Rafael Moreno Valle recurrió a la simulación y al engaño, Leoncio Paisano recurrió no solo a la represión de la protesta social sino que dio un paso más y sacó provecho personal. Su vivienda está construida dentro del poligonal protegido como zona arqueológica de 1993. Los arqueólogos elaboraron en 1993 un reglamento de construcción para las tres sub zonas. 61 hectáreas en las inmediaciones de la gran pirámide- y donde se ubica la casa de Leoncio Paisano- tiene restringida totalmente el uso de suelo y las construcciones existentes no pueden ampliarse porque allí no se permite ningún tipo de actividad que no sea rigurosamente arqueológica. La zona dos comprende 92 hectáreas y por la existencia de edificaciones prehispánicas en el sub suelo se permite solo un uso agrícola como el cultivo de flores y plantas de ornato. Tampoco se permiten allí ampliar construcciones previas al decreto de 1993. A sabiendas que este reglamento de manejo de suelos elaborado por los arqueólogos quedó solo como “recomendación” y no fue incluido en el decreto, cobijado por las violaciones a ley de 1993 de las obras de “mejoramiento urbano” del Gobernador, Leoncio Paisano con descaro y desdén amplió recientemente la construcción de su vivienda. Lo que él mismo prohíbe a los otros propietarios de terrenos en el poligonal protegido Leoncio Paisano se auto permitió. La discrecionalidad otorgada a los alcaldes y los gobernadores para cambios en el uso de suelos en la zona ceremonial de las Cholulas porque el INAH nunca incorporó ni ratificó legalmente un reglamento de uso de suelo permitió a alcaldes autorizar que plataformas del periodo clásico mesoamericano (entre 600 y 900 d.C) se conviertan en estacionamientos de coches, canchas de futbol y béisbol y basureros de chatarra automotriz. Y es lo que permite hoy al gobernador Rafael Moreno Valle llevar a cabo sus negocios turísticos destruyendo suelos arqueológicos y cultura viva en las Cholulas.