Hay miedos que están en la médula del poder.
Y en la piel de su desatino que se enchina al pensar en la insurrección popular.
Pero para eso están sus legisladores. ¿O qué otro fin tiene esa ciencia política especializada en el control de los procesos electorales --por la vía de sus organismos controlados por partidos antidemocráticos como los que tenemos en México--, ciencia exquisita a la que hemos arribado luego del que ingenuamente calificamos de “desmantelamiento del aparato electoral priísta” en los años noventa?
Lo han hecho una vez más, sin aviso y con el tono de siempre: por aprobación abrumadora a la iniciativa del gobernador Moreno Valle. Y sin debate alguno.
No es cualquier tema. La nueva ley de larguísimo nombre (“LEY PARA PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS Y QUE REGULA EL USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL ESTADO”), casi como una manifestación de burócratas en el antiguo régimen, autoriza en la practica el uso de armas de fuego contra quienes se manifiestan en la calle (por la razón que sea) en legítimo uso de sus derechos constitucionales.
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Primero la memoria. Dé dónde viene México. En dónde permanece México.
1 de mayo de 1973. El hombre de la foto nos mira. Es un judicial famoso en Puebla, Chi Sin. Corre, y tal vez va o ya viene de la balacera contra los estudiantes resguardados en Carolino. El día anterior, el gobernador Gonzalo Bautista había dicho:
“Someteremos a quienes alteren el orden público.”
“Si nos reciben a tiros, contestaremos con tiros…”
Sus compañeros atisban desde el portal del Ayuntamiento.
Y desde los visillos de los edificios.
El gobernador de entonces les ha dado la orden de matar. Y la muerte es la consecuencia.
Si, así deja de mirar un muerto.
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No se puede dejar pasar un hecho así. Y ya pasó en el Distrito Federal y en otros estados de la república: la creciente penalización de las protestas sociales.
Y en Puebla con la autorización al uso de armas de fuego contra los manifestantes. Según criterio y sentir “de la autoridad”.
Son los legisladores poblanos quienes con 32 votos favor y cinco en contra para autorizaron el uso de armas letales y de fuego por parte de las fuerzas policiales en manifestaciones públicas. Una ley que en su nombre lleva la penitencia:
“Ley para proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso legítimo de la Fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado.”
¿Queríamos Estado? Pues ahí están sus facultades otorgadas por los diputados:
La autoridad decide cuál es el interés público. Y expropia.
La autoridad decide qué manifestación es violenta. Y mata.
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Lo vimos hace apenas unas semanas con las reformas a las reglas del juego de las expropiaciones por causa de utilidad pública. Los ciudadanos no tienen defensa, y la prueba es que prácticamente al día siguiente el gobierno expropió los terrenos de la ex hacienda de Tamariz, en las inmediaciones de San José Chiapa, un total de 700 hectáreas. Y no hay amparo que valga.
Tampoco aquí. Extraigo de la nota de prensa perlas de la ley aprobada:
“… uso de la fuerza legítima como un mecanismo para la restauración de la estabilidad social y del orden colectivo.”
“Las armas o fuerza letal podrán usarse cuando exista una agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o a la integridad física; que implique lesión grave, además de racionalidad y proporcionalidad en los medios empleados, para la defensa de la vida y la integridad física.”
“La ley contempla cuatro niveles para hacer uso de la fuerza de manera gradual, comenzando por disuasión verbal, sometimiento físico y uso de armas no letales, culminando con utilización de armas letales o de fuego.”
“La ley considera armas no letales las macanas, agentes químicos irritantes como el gas pimienta, dispositivos electrónicos de control y armas o pistolas noqueadoras o incapacitantes.”
“En sus artículos 40 y 45 contemplan de manera general la categoría de “manifestaciones violentas.”
“El artículo 42 introduce el término de factores de riesgo, como un elemento que las autoridades deberán tomar en cuenta al momento de realizar sus operativos frente a las manifestaciones. Estos son, entre otros: ‘…III) El fin que persigue la manifestación, ya sea de confrontación o mera manifestación de ideas; IV) Los aspectos socioeconómicos o políticos imperantes en el momento de la manifestación…’.”
“Se dotarán a los elementos de los cuerpos policiales, de los distintos tipos de armas, municiones y equipo adecuado de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza, así como de armas de fuego; éstas últimas atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley.”
Ni más ni menos. Los legisladores, para defender los derechos humanos de los ciudadanos, autorizan las armas de fuego para ser utilizadas en contra de quienes los ejercen.
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Antes de cualquier razonamiento recuerdo un momento histórico en la ciudad de Puebla: cuando en una de tantas manifestaciones de la 28 de Octubre en los años noventa --con el Mayor Rodríguez Verdín al frente de la fuerza pública-- los acontecimientos derivaron en una pedriza al Ayuntamiento y en una refriega entre veintichos y la policía. Recuerdo al jefe policiaco resguardarse tras una cortina en la zapatería frente a la Nueva España, ahí en la 5 de Mayo, y lo hizo con todo y la metralleta que portaba, y lo veo encabronadísimo con todo y su uniforme de Rambo.
Bien: ¿quién habría decidido el “factor de riesgo”?
¿Quién le hará saber al Rambo en turno --al que imagino con la ley en la mano, rascándose la cabeza y dilucidando “esto ya se pasa del grado 1, claro que el 2 ya le queda chiquito, y claramente tiene cara de 3, así que Cabo mejor pregúntale al comandante, no sea que ya estemos en el número 4 y por el nervio se me atasque el R15…”-- en qué consiste eso del uso diferenciado de la fuerza?
¿En qué hubiera terminado esa manifestación de la 28 de Octubre? ¿Cuántos muertos hubiera habido con los términos de la ley aprobada el lunes pasado?
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Y antes del razonamiento, todavía me digo, pienso en los legisladores. ¿Habrá alguno de ellos participado en alguna manifestación? ¿Por qué han protestado los panistas en la historia de Puebla? Cuando en 1983 el PRI les robó la elección municipal que su candidato había ganado claramente 3 a 1, y los ciudadanos descontentos salieron a las calles en un estado de ánimo que francamente rayaba en el encabronamiento por el fraude cometido por el gobierno priista, hubieran aceptado una ley como la que le aprobaron al gobernador Moreno Valle el lunes pasado?
¿Y el PRD? ¿Se acordaron sus diputados de la última vez que salieron a protestar a la calle?
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Pienso en mí mismo: ¿cuándo fue la última vez que salí a protestar a la calle? Recuerdo la primavera del 2006, cuando una masa tomó la avenida Reforma --nuestra calle tomada, nuestra calle tomada-- para derrocar al gobernador Marín. Esto escribí en el arranque de una crónica entonces:
El helicóptero de la policía rompe el encanto, se barre sobre la avenida en un despliegue de técnica y disposición para medir la calidad y la cantidad de la marcha. Arranca desde la antigua penitenciaría, de la que escapara en los años sesenta un ratero afamado, el Capitán Fantasma, y corre desde el Paseo Bravo por todo Reforma hacia el Zócalo, con el tiempo suficiente para entretener a la masa, que no halla la hora para iniciar la caminata, justo frente a la Villita, entre la 11 y la 13 Sur, desplegada en todos los colores ideológicos y de clase, con la uniformidad de la convocatoria, la de tirar una vez más a un gobernador del régimen priista que ha controlado Puebla desde 1935, cuando el PNR de Lázaro Cárdenas impusiera como hombre fuerte al teziuteco Maximino Ávila Camacho. En 1964 cayó el General Nava Castillo; en 1971 el General Rafael Moreno Valle; en 1973, Gonzalo Bautista Ofarril. Eran tiempos de masas y tanquetas del ejército, de gases lacrimógenos y balaceras en las azoteas de las casonas. Ahora sólo hay masas, y me pregunto si la misma espontaneidad.
Esta semana, el lunes 19 de mayo de 2014, aprobaron una ley que regulará, por ejemplo, la acción de un helicóptero artillado --o por lo menos armado con la metralleta que carga el policía asomado a las calles de la ciudad en equilibrada búsqueda del “factor riesgo” al tiempo que acaricia el lustrado gatillo de la autorizada arma letal de fuego de los diputados levanta manos y bien ponderados protestantes de hacer cumplir lo que sus conciencias les reclaman-- que sobrevuela una masa que si pregunta si la vida es espontánea.
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No es cualquier tema, digo. Y sin duda, como el gobierno afirma en un comunicado el miércoles, la iniciativa “corresponde a la necesidad de ampliar el marco jurídico que protege los derechos humanos, conforme a los lineamientos internacionales, frente a la utilización de la fuerza pública.”
No es cualquier tema. Entonces, ¿por qué no discutirlo? ¿O por qué discutirlo ya que aprobaron una ley de la que ciudadanos comunes o ciudadanos involucrados en el tema no tuvieron conocimiento?
El gobierno discute dado el palo, y en su alma profunda hincada en catedral confirma que ni dios lo quita.
Y aquí la postura del gobierno --para que discutan, faltaba más--, planteada ante la avalancha inconforme que se le ha venido encima:
“La Ley jamás plantea “legitimar” el mal uso de la fuerza pública, ni establecer facultades adicionales a las ya existentes o añadir potestades indebidas a las fuerzas policiales de la entidad. Por el contrario, restringe y condiciona el uso de la fuerza, con instrumentos que la delimitan y que evitan situaciones de indefensión y de abuso para las y los ciudadanos. Las consecuencias de permanecer en incertidumbre jurídica pueden llegar a la violación de derechos humanos”.
O sea que ahorita los policías están por la libre, igual sus jefes y sus “efectivos”, a la hora de enfrentar a la masa encabronada.
De acuerdo, ¿quién no quiere regular a los policías?
¿Y quién va a regular a los policías?
Ah, para eso está la ley aprobada: Como los instrumentos delimitan, los policías restringidos y condicionados, armados con sus R15, se preguntarán por el humor con el que llegan a mentar madres los ciudadanos.
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Entonces, una vez más, el interrogante a los diputados aprobadores: ¿por qué no discutirlo a fondo y mucho más allá del Congreso?
Y al gobernador Moreno Valle: ¿Por qué, si la considera una ley de avanzada, no la propone abiertamente a la ciudadanía poblana antes de presentarla para su segura aprobación sin debate alguno?