• Anamaria Ashwell
  • 27 Abril 2015
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El 24 de abril nos reunimos en Cholula con la responsable de estrategias jurídicas de Amnistía Internacional. Llegaron familiares de los cholultecas perseguidos con órdenes de aprehensión (son más de diez) y en primer lugar la familia de Adán y Paul Xicale con las tres mujeres abogadas (incluyendo su esposa) que llevan la defensa de estos cholultecas desde que fueron apresados injustamente en Octubre de 2014.

 

Antes, acompañé a la abogada de Amnistía Internacional por un recorrido del polígono protegido por la ley de 1993 explicándole a ella no solo que el INAH abandonó la defensa del suelo arqueológico de la zona sino las consecuencias que ello va a acarrear para los usos y costumbres en estos suelos considerados sagrados desde tiempos mesoamericanos. Pasamos a un lado de  los pozos arqueológicos donde trabajan algunos muchachos, dirigidos por un pasante en arqueología dispuesto a dar un dictamen que acomode a las intenciones de explotación comercial del lugar; y allí le expliqué por qué, en mi entendimiento, realizan los pozos excavación y supuesto “salvamentos” precisamente en la parte sur oriente del antiguo hospital Juanino y pegados a la barda: detrás de esos muros hay construcciones relativamente recientes que serán espacios destinados a nuevos edificios para servicios turísticos (según lo muestra un video virtual que conocimos por el alcalde Paisano y que suponemos estarán destinados a hoteles). En frente, le mostré, se extiende y se termina una plancha de cemento con lajas para estacionamiento de coches donde previamente se realizó un despalme (son terrenos expropiados) que destruyeron por lo menos unas dos filas de adobe de una plataforma del clásico mesoamericano. El INAH abandonó toda protección que debió otorgar al acervo cultural y arqueológico de la zona, le expliqué, al no hacer valer (ni nunca haberlo ratificado como ley) el plan de manejo del polígono protegido por ley desde 1993. Eso dejó un vacío legal para cambios en usos de suelos que permitió la degradación de la zona y promovió las arbitrariedades de diversos alcaldes y gobernadores que convirtió prácticamente todo el entorno en estacionamientos de coches. Con un buen abogado los propietarios de los terrenos hoy, por el abandonó que ya asumió el INAH de un reglamento que determinaba el uso estrictamente de investigación arqueológica para estos suelos, simulando “salvamento” arqueológico como lo hace ahora el gobernador, pueden también iniciar sus construcciones comerciales dentro del polígono protegido. Lo que ha sucedido es que mediante el abuso de poder, inmune al razonamiento de especialistas, el gobernador Rafael Moreno Valle, la Secretaria de Turismo federal y el INAH (que dio su aval) de hecho abrieron la puerta para la especulación inmobiliaria, la destrucción arqueológica patrimonial y el secuestro del libre paso para los rituales de los pueblos de la gran Cholollan que realizan en los alrededores del gran edificio piramidal sus fiestas religiosas.

 

En este escenario, expliqué a la abogada, se dio la protesta de los cholultecas que decidieron resistir a que se reduzca a un objeto comercial a su cultura milenaria. Promovieron foros con académicos, promovieron diálogos públicos, filmaron con la ayuda de fotógrafos profesionales todas las discusiones con las autoridades, introdujeron amparos ciudadanos, reunieron miles de firmas y organizaron una procesión rogativa a la Patrona Remedios. Pero solo recibieron la cerrazón, la descalificación y la negativa  a todo dialogo de parte de las autoridades. Fue cuando decidieron hacer un plantón pacífico ante el Ayuntamiento de San Andrés Cholula. Se filmó cada dialogo, se grabó todas las conversaciones, como le explique a la abogada, y ellos  siempre con actitud pacífica exigieron al alcalde de san Andrés que abandone el Parque Intermunicipal sobre suelos sagrados y que no les quiten derechos para decidir al interior de sus comunidades el nombramiento y atribuciones del juez de paz. Se le explicó también a la abogada de Amnistía Internacional que el fotógrafo y antropólogo que les ayudaba a filmar todos estos eventos tuvo que abandonar el país porque también tiene hoy una orden de aprehensión. El relato más conmovedor ante ella lo hicieron, sin lugar a dudas, los familiares de los presos y perseguidos por defender esta noble causa. Las mujeres abogadas de Adán y Paul Xicale contaron con detalles las trampas, las ilegalidades, las absurdas acusaciones, las dilaciones y el costo personal que todas han sufrido por este abuso y uso no ético de las leyes en contra de sus familiares. Una de ellas, mientras asistía a una reunión sobre Derechos Humanos en la oficina de Adán Xicale a menos de una cuadra del zócalo de San Pedro, en la vía más transitada de la ciudad, le fue incluso “desaparecido” su vehículo. Contaron como han perdido el sostén económico y emocional de sus familias, se ven acosadas por patrullas que visitan sus domicilios día y noche, reciben amenazas anónimas y no tan anónimas y están sometidas a la tensión diaria de ver a sus hijos pequeños reclamar a padres que están o presos o tienen que vivir en la clandestinidad. Tenemos todos miedo en Cholula, le dijimos, pero no nos vamos a retractar de una defensa noble de los valores culturales de nuestra comunidad.

 

Yo misma decidí autocensurarme unos días atrás al retirar de publicación un artículo en el que insisto en la defensa patrimonial de las Cholulas nombrando a los responsables. No quise ser causa de una mayor represión sobre mis vecinos cholultecas, ni sobre los medios que publican mis opiniones, ni yo misma perseguida por una orden de aprehensión que me obligaría a dejar Cholula y residir, como ha sucedió con otros, en el extranjero o en la clandestinidad. En ese ensayo que me censuré me había hecho la pregunta de por qué el gobernador Rafael Moreno Valle, si quería promover el turismo, no contempló siquiera que era mucho más razonable invertir dinero público promoviendo un rescate y salvamento arqueológico in situ del poligonal protegido que hubiera restituido a los cholultecas y a la nación la importancia cultural y ceremonial de una ciudad que aportó al esplendor de Teotihuacán. Dónde residía su psicología y motivación para no haber propuesto un rescate cultural respetuoso de los pueblos y sus culturas que continúan habitando esta importante ciudad mesoamericana. Y recurrí a la investigación y a los conceptos de Ricardo Raphael, investigador del CIDE (El Myrreynato: La Otra Desigualdad. Planeta. 2004) para entender porque él y sus asesores optaron por  más bien despreciar la cultura de los pueblos de la gran Cholollan y no escuchar los razonamientos de los investigadores que hemos estudiado su historia y cultura. ¿Por qué habían tomado la decisión en el año 2012 de declarar a las Cholulas “Pueblo Mágico” y no protegerla con declaratorias de centro histórico, reglamentos de construcción y usos de suelos acorde a ley 1993 y ciudades patrimonio de la nación? La declaratoria de “Pueblo Mágico”, concluí, les permitiría utilizar inmensos fondos de dinero público para inversiones en infraestructura vial y negocios turísticos; y le daba al gobernador Rafael Moreno Valle todos los instrumentos institucionales y legales para el “aprovechamiento turístico” de los suelos arqueológicos de las Cholulas. Le permitía convertir a las Cholulas en una “marca comercial” en el cual ni el sistema de cargos y mayordomías en los barrios en las Cholulas se salvaban. Esta manera de gobernar no se iba a detener ante el valor, el inmenso valor cultural, que significa para la nación el suelo arqueológico de las Cholulas. Y eso, como antropóloga que reside y es estudiosa de la cultura de la gran Cholollan, le hice saber a la abogada de Amnistía Internacional, es mi inmensa pena; es la inmensa pena de Xóchitl, de Víctor, de Julio, de Lidia… y también la que nos compromete a resistirle defendiendo la cultura milenaria de nuestra comunidad.

 

(Foto de portadilla tomada de La Jornada de Oriente)

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