El rechazo a la reforma de las telecomunicaciones en México es resumido por los grupos civiles opositores de esta manera:
“Deja intacto al duopolio televisivo, privilegia a los concesionarios y no a las audiencias, debilita a los medios públicos, indígenas y comunitarios, lo mismo que a los productores independientes, aumenta las facultades de la Secretaría de Gobernación sobre el sector de la radiodifusión a costa del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo y sienta las bases para la violación de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información, el derecho a la privacidad a través de la legalización de la censura y el control de las ideas…”
No es cualquier tema. Como en la cuestión energética o la electoral, las modificaciones impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto en telecomunicaciones y radiodifusión exponen las tensiones extremas que vive la sociedad mexicana. La modernización impuesta desde el poder legislativo genera cuestionamientos que no llevan, sin embargo a una verdadera deliberación colectiva, proceso que define de fondo la calidad de una democracia. La que no tenemos.
El texto de la directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Puebla, Lilia Vélez Iglesias, presentado como ponencia en un reciente evento académico realizado en esa institución, analiza con detalle los alcances de estas nuevas regulaciones que el PRI y el PAN quieren imponer. Y nos permite comprender el extremo al que se quiere llevar el control de los espacios públicos por los grupos de poder en México. (Mundo nuestro)
“Los derechos individuales son triunfos políticos en manos de los individuos. Los individuos tienen derechos cuando por alguna razón, una meta colectiva no es justificación suficiente para negarles lo que, en cuanto individuos, desean tener o hacer.”Ronald D. Workin
Legislación en telecomunicaciones y radiodifusión o el control del espacio público
La discusión sobre la legislación secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión debe analizarse a partir de dos ejes centrales: 1) la construcción de un espacio público democrático y 2) el ejercicio de derechos fundamentales vinculados con la libertad, la participación política y la ciudadanía.
El debate debe también fijar la mirada en la historia y en las características del sistema político mexicano, especialmente en aquellas relacionadas con el reconocimiento y garantía de derechos, pues como dice Norberto Bobbio los derechos surgen en una época histórica y en contextos políticos y sociales específicos. En ese sentido, vale la pena volver la vista atrás y recordar algunos de los rasgos distintivos del régimen político mexicano y particularmente del PRI, como partido hegemónico.
Los analistas del sistema político mexicano enfatizan que el control del espacio público y de la opinión pública fue esencial para el mantenimiento del PRI en el poder presidencial durante más de siete décadas. A ello se sumó el nulo ejercicio de derechos humanos y políticos: “En el viejo régimen priista había una sorprendente ausencia de derechos de ciudadanía para todos los mexicanos. No había derechos políticos, pues el voto no servía para elegir a los gobernantes que eran designados desde arriba. No había tampoco una ciudadanía civil consolidada, porque al igual que ahora, no había un acceso a la justicia eficaz ni un proceso judicial debido. Tampoco había derechos sociales, excepto para quienes estaban en el pacto corporativo, y eso de manera mediada políticamente. En suma, el viejo régimen negó o mediatizó la condición de ciudadanía a la inmensa mayoría de los mexicanos” (Olvera, 2010)
No se podía ejercer los derechos a la información y a la comunicación ni las libertades de expresión e informativa, lo que en la práctica nulifica la condición de ciudadanía pues impide la participación en la deliberación pública –hoy mediatizada- que, a decir de Jüngen Habermas, “es el núcleo del proceso democrático.”
Después de recordar lo anterior, propongo pensar la discusión en términos de qué tanto la iniciativa enviada por Enrique Peña Nieto abona a la construcción de ese espacio público democrático o para decirlo en término de Nuria Cunil (1997) a la re-publificación de lo público y a la posibilidad de ejercer derechos. Tomo como punto de partida las tres acepciones propuestas por Nora Rabotnikof (en Merino, 2010) del término público:
1) Lo público como lo que es de interés o de utilidad común a todos, lo que atañe a lo colectivo, lo que concierne a la comunidad y por ende a la autoridad de allí emanada, en contraposición a lo privado, como aquello que se refiere a la utilidad y al interés particular […]
2) Lo público asociado a lo que es y se desarrolla a la luz del día, lo manifiesto y ostensible en contraposición a aquello que es secreto, preservado, oculto…
3) Lo que es de uso común, accesible para todos, abierto, en contraposición con lo cerrado, que se sustrae a la disposición de los otros […] Público, en este caso, es aquello que, al no ser objeto de apropiación particular se halla abierto, distribuido.
A partir de esas definiciones de lo público y de algunos datos podemos diagnosticar el espacio mediático, que se constituye en el ágora en las sociedades posindustriales. Los siguientes datos los tomé del Mapa de Medios Digitales-México publicado por Open Society Foundation (2011) y del Reporte Global de Tecnologías de la Información del Foro Económico Mundial 2014:
- Juntas Televisa y Televisión Azteca poseen 94% de las 461 estaciones comerciales de televisión en todo el país. Sus concesiones han sido renovadas hasta el 2021.
- Las dos televisoras monopólicas acaparan el 90% de la audiencia nacional y solo en los canales de Televisa se concentra 72% de los televidentes mexicanos.
- La televisión de servicio público desempeña un papel marginal en la oferta televisiva del país: las dos principales televisoras –Canal Once y Canal 22- aglutina cada una menos del 2% de la audiencia nacional.
- 95.5% de los mexicanos utiliza la televisión para seguir los acontecimientos actuales.
- Hay 56 estaciones de radio y televisión de servicio público, pero no impactan la audiencia. Operan con presupuestos insuficientes y sin posibilidad de comercializar espacios para poder obtener ingresos adicionales.
- Las organizaciones sin fines de lucro no están en la legislación en condiciones de igualdad para la distribución de concesiones o permisos. El procedimiento para obtener un permiso es más complicado que el de una concesión.
- Desde 2006, el gobierno federal no ha otorgado ninguna frecuencia de radiodifusión, ignorando 140 solicitudes.
- 13 grupos empresariales concentran 80% de las concesiones de radio.
- Brecha digital entre las ciudades más desarrolladas, DF, Guadalajara, Monterrey, se ha profundizado.
- En telecomunicaciones, los datos no son más esperanzados, América Móvil de Carlos Slim acapara el mercado. El Índice de Conectividad Global del Foro Económico Mundial (WEF) coloca a México en la posición 79 entre 148 economías, lo que ubica al país 16 peldaños abajo, en relación al lugar que ocupó en 2013.
- Aunque se ha triplicado la tasa de suscripción a Internet, aún es baja. Es más alta, alrededor del 30% el número de usuarios de la red.
- En cuanto a accesibilidad de contenido digital México fue situado en el lugar 94, en el uso de banda ancha –señalada de lenta y restringida- posición 81, en acceso a internet en escuelas: 90, en tarifas de celular por minuto –consideradas por la WEF como altas- México: 129 y suscripción a servicios de telefonía móvil, lugar 112.
Como es posible deducir de los datos mostrados, tenemos un sistema mediático privatizado, debido al control de la mayor parte del espectro por parte de empresas monopólicas, que no solo explotan un espacio que, según la Constitución, nos pertenece a todos, sino que reciben cuantiosísimos recursos públicos de los gobiernos que son sus principales anunciantes. Para darnos una idea, Felipe Calderón gastó cerca de 30 mil millones de pesos en publicidad oficial, la mayor parte de los cuales fueron a dar a los monopolios televisivos, que se caracterizan por su opacidad. Los medios públicos, excluidos del pastel publicitario por la legislación y condenados a sobrevivir con presupuestos cada vez más castigados, y los medios sociales –no reconocidos en la legislación vigente- carecen de capacidades para competir con los monopolios.
A lo anterior se suman audiencias y usuarios cuyos derechos se violan cotidianamente ante la ausencia de mecanismos e instituciones capaces de defenderlos.
Hay que reconocer que pese a las expectativas generadas con el triunfo opositor en el 2000, los dos sexenios panistas no representaron cambio alguno en la relación de mutua conveniencia del sistema con los medios electrónicos. Por el contrario, se fortaleció el poder fáctico de los monopolios y se abonó en lo que Jesús Cantú ha llamado un “espacio mediático capturado por las élites políticas y empresariales” y que se caracteriza por ser un “espacio privado, opaco y excluyente”. (2010)
Frente a ese espacio privatizado, la internet y, particularmente las redes sociales, se ha convertido en una opción para difundir temas ignorados por la agenda de los grandes medios. Ahí se han generado campañas y difundido información incómoda para el régimen y los medios “convencionales”, los que debido a ello se ven obligados, a veces, a incorporarla.
En ese contexto, la reforma en materia de telecomunicaciones aprobada en 2013, aunque imperfecta, significó algunos avances y el reconocimiento de nuevos derechos fundamentales, como el de acceso a tecnologías de información y comunicación, y la especificación de otros, como el acceder a información plural. Puso de manifiesto y ofreció combatir la concentración gravísima en el sector que ha generado violaciones graves de derechos de los usuarios y de las audiencias.
La iniciativa del presidente Peña muestra la resistencia enorme de las élites políticas y particularmente del PRI a la descolonización del espacio público y de la opinión pública: control de contenidos, bloqueo de la internet y las redes sociales; debilitamiento del órgano regulador (IFETEL); desprecio absoluto por los medios sociales y públicos, regulación favorables a los monopolios televisivos, entre otros aspectos, prendieron de inmediato las alamas y movilizaron a la sociedad en defensa de su derecho a estar informada y comunicada.
No podemos ignorar la historia, el PRI construyó un sistema que desprecia a la sociedad civil, controla los discursos y el debate público y cierra los espacios a la deliberación y la influencia en las decisiones políticas. La iniciativa es el intento de regresar a ese modelo que tan bien le funcionó o, por lo menos, la nostalgia manifiesta por el mismo, aunque con la ignorancia del mundo de hoy.
En la rueda de prensa que Emilio Gamboa y Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, dieron como respuesta a la movilización contra la iniciativa, el funcionario federal desnudó esa intención: “La parte de contenidos ha sido una facultad de la propia Secretaría de Gobernación, que en mi sentir es quien tiene prácticamente los instrumentos, para poder juzgar los contenidos que se emitan a nivel nacional. En mi opinión, repito respetando el criterio que tome el senado debe de haber autoridad en el país que califique contenidos, y creo que esa atribución, debe de corresponder a la Secretaría de Gobernación. Yo no recuerdo que en ningún momento, se le haya quitado en ninguna ley ni reforma constitucional, esa facultad… creo que debe de haber una autoridad que defina y califique (los contenidos), y creo que hay una autoridad superior que es el Gobierno de la República, esos contenidos.”
En conclusión, la iniciativa lejos de establecer mecanismos y políticas que coadyuven a la construcción de un espacio público democrático y al ejercicio de los derechos a la información, al acceso a tecnologías y a la libertad de expresión, obstaculiza la posibilidad de ello. Es una iniciativa regresiva e inconstitucional en buena parte de su articulado, por ello la sociedad se ha movilizado nuevamente en esta lucha por un México más democrático, que nos ha consumido tantos años y en la que: “Tal parece que cada ganancia simbólica, jurídica e institucional de la agenda democrática de la sociedad civil tiene que ser defendida una y otra vez de los embates de un sistema político que se niega a hacerse más público y a respetar la ley" (Alberto Olvera, 2010)
Y justo en eso estamos…