• Instituto de Estudios para la Transición Democrática
  • 27 Febrero 2014
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Texto en el país

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/25/actualidad/1393305687_935388.html

Rolando Cordera, Ciro Murayama y Enrique Provencio




La económica, es la menos pública de las políticas públicas.

Los mexicanos hemos conseguido luego de tres décadas metidos en un aluvión de cambios económicos, políticos y culturales una democracia real rodeada de malestares –en plural- malestares cuya fuente principal proviene del estancamiento, la falta de empleos, la congelación de la movilidad social, entre otras muchas patologías sociales y que al cabo, han producido una sociedad insegura, irritada, tres cuartas partes de ella (según el CONEVAL) aún vulnerable por la precariedad de sus propios ingresos y por los vaivenes de la globalización y de la inestabilidad económica.

En el último cuarto de siglo México desmontó el poder omnipotente de la figura presidencial y construyó un sistema plural de partidos, dio vida a un equilibrio de poderes, a una prensa libre y a la existencia de una ciudadanía alerta, intensamente involucrada en los asuntos públicos. Estas condiciones propiamente democráticas, sin embargo, no han cuajado en un circuito y en una práctica para una deliberación democrática amplia e incluyente. Allí está, en la forma en que se discute lo público, uno de los principales déficits de nuestra vida pluralista.

Ello es especialmente cierto en el tratamiento de los asuntos económicos. No hay otro campo de la vida social peor discutido, más dócil a los intereses dominantes, más lleno de prejuicios, atavismos y enajenado por la fútil suposición de que existe un solo camino para la economía y para las decisiones económicas fundamentales. Por eso, decimos, la peor discusión, la menos rigurosa y transparente, la menos pública de las políticas públicas, ha sido y es la política económica.

Las preguntas sinrespuesta:

La apertura de los recursos petroleros se ha sostenido sobre una promesa general: la reforma producirá nueva riqueza, una gran riqueza que hoy los mexicanos no podemos explotar por nuestra incapacidad tecnológica y organizativa. Pero es el caso que el cambio constitucional no define la frontera ni las condiciones para que esto ocurra y sea cabalmente cierto. Es decir, no se define que las inversiones y explotaciones privadas –nacionales o internacionales- solo pueden dirigirse a nuevos yacimientos, a nuevos pozos, nuevos campos y nunca será dirigida a aprovechar la base que ya fue creada por la mexicana PEMEX.

 

Si esta condición no queda perfectamente clara en la ley secundaria, si no se obliga a los “nuevos jugadores” a competir, explorar y explotar en la producción de nueva riqueza, lo que tendremos, en efecto, no es nueva riqueza, más recursos, producto e impuestos, sino la simple explotación de la riqueza que los mexicanos ya producíamos de todos modos, una forma disfrazada de nuevo rentismo petrolero y trasnacional.

 

Las dudas siguen pues de hecho, mientras transcurra el plazo para la aprobación de la legislación energética secundaria, en paralelo se estarán tomando medidas operativas relevantes, como el hecho de que PEMEX tendrá que presentar antes del 31 de marzo, la solicitud para que les sean asignadas las áreas en exploración y los campos en producción y en condiciones de operar, demostrando sus capacidades para explorar y extraer hidrocarburos eficiente y competitivamente.

 

¿Qué criterios adoptarán para evaluar las capacidades de inversión que se le exigen a PEMEX para explotar yacimientos descubiertos, si de entrada se parte de que no cuenta con recursos, si en realidad PEMEX sigue financiando al Estado mexicano? ¿Cómo a través de la nueva configuración y fragmentación de organismos de todo tipo, podrá el Estado planear, conducir, coordinar, orientar, regular y fomentar las actividades relacionadas con la energía, tal y como frasea la Constitución reformada?

 

¿Cuáles precauciones se adoptarán para que los distintos órganos, sobre todo los autónomos, no repitan la historia de capturas de intereses? ¿Qué salvaguardas se tomarán en la legislación secundaria y en los programas de política ante el caso, ya experimentado en otros países, de que los nuevos agentes no aseguren la oferta de energéticos y de electricidad?

 

¿Cuál fue el sentido de la decisión de crear el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo para recibir, administrar y distribuir los ingresos de las asignaciones y contratos (exceptuando los impuestos), y además asignárselo al Banco de México como fiduciario, cuando su administración involucra decisiones concretas de política pública a las que se destinarían los fondos? ¿Cuáles serán las implicaciones de ceder otras tantas decisiones de política pública al órgano autónomo Banco de México, con todo y el Comité Técnico que se le crea al Fondo?

 

¿Qué disposiciones legales y de política pública se tienen previstas para concretar encadenamientos productivos nacionales en la actividad energética? ¿En qué bases y porcentajes mínimos se está pensando para la proveeduría nacional en la ejecución de las nuevas asignaciones y contratos?

 

¿Qué previsiones se incorporarán para prevenir riesgos ambientales en las nuevas formas de explotación de hidrocarburos, sobre todo los asociados a esquistos? ¿Qué disposiciones se incluirán en las reformas secundarias para estimular la innovación y un desarrollo tecnológico más acelerado en las industrias productivas del Estado que sobrevivan y en las empresas nacionales del sector?

 

Firman el documento por el IETD:

Enrique Provencio, Rolando Cordera, Ciro Murayama, José Woldenberg, Raúl Trejo Delarbre, Julia Carabias, Pedro Salazar, Adolfo Sánchez Rebolledo, Luis Emilio Giménez Cacho, Mauricio Merino, Leonardo Lomelí, Paulina Gutiérrez, Rosa Elena Montes de Oca, Natalia Saltalamachia, Antonio Ávila, Luz Elena González, Antonella Attili, Luis Salazar, Gustavo Gordillo de Anda, Paula Ramírez, Jorge Javier Romero, Agustín Castilla, Patricia Ortega, Federico Novelo, Elsa Cadena, Pável Gil, Hortensia Santiago, Paloma Mora, Anamari Gomíz, Lucía Guijarro, Antonio Franco, Germán González Dávila, Carlos Garza Falla, Manuel Vargas Mena, Javier Martin Reyes, Christian Uziel García, Jaime Trejo, Adrián Pérez Cortés, Luis Salgado, César Hernández, Miguel Ángel López, Enrique Contreras, Luis Olvera, María de los Ángeles Pensado, Alfredo Popoca, Arturo Balderas, Paul González, Maite Azuela, Rosaura Cadena, María del Carmen Rodríguez, Patricia Mercado. Y Ricardo Becerra, Presidente del IETD.

 

(Leer el documento completo en: http://www.ietd.org.mx/petroleo-y-energia-las-preguntas-que-exigen-respuestas-en-las-leyes-secundarias/)

 

 

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