Mundo Nuestro: el pasado 30 de mayo miles de guatemaltecos volvieron a salir a las calles, y esta vez decididamente para pedir la renuncia del presidente Pérez Molina. No es sencillo entender una insurrección social como la que se ha producido esta semanas a raíz de las denuncias de corrupción en el gobierno guatemalteco. Presentamos aquí para intentarlo un conjunto de textos escritos sobre esta coyuntura por el académico Carlos Figueroa Ibarra, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, uno de los más rigurosos analistas de la realidad guatemalteca. (Foto de portadilla tomada de lahora.gt)
El día jueves 16 de abril me encontré en la sede de una fundación internacional situada en una hermosa casa de la colonia Polanco del Distrito Federal. El objetivo de mi estancia allí era reunirme con los representantes de once organizaciones de derechos humanos de Guatemala agrupados en la Convergencia por los Derechos Humanos. Discutiríamos, como en efecto lo hicimos, los distintos escenarios que se podían prever para la Guatemala de los próximos años. Pero ese día había sucedido algo inusitado. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo dependiente de la ONU, había develado la existencia de una red criminal de contrabando aduanero que llegaba hasta el secretario privado de la vicepresidencia de la república. Avezados analistas de la coyuntura diaria en ese país, los dirigentes de las organizaciones de derechos humanos con los cuales me encontraba, inmediatamente advirtieron que el hecho no era menor y en el intercambio que tuvimos ya en la sesión de trabajo, prefiguraron buena parte de lo que ha estado sucediendo en Guatemala en estas últimas seis semanas: una crisis política de grandes proporciones y un debilitamiento terminal del gobierno del presidente Otto Pérez Molina.
Lo revelador del caso es que la develación de la red criminal se hizo cuando Pérez Molina y el establishment conservador de Guatemala estaba considerado no renovar el mandato de la CICIG en Guatemala. El discurso oficial era que la CICIG había agotado su ciclo en el país y que éste no necesitaba de un organismo internacional para combatir la impunidad con la que opera el crimen. La crisis política que originaron las develaciones de la CICIG han ocasionado la renuncia de la vicepresidente Roxana Baldetti, la captura del Presidente del Banco de Guatemala y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las renuncias del ministro de gobernación, la del ministro de Energía y Minas y la de la ministra de Medio Ambiente. Dos decenas de personas, entre ellas varios funcionarios medios han sido capturados. El gobierno de Pérez Molina se está derrumbando como lo revelan las manifestaciones multitudinarias del 25 de abril, 16 y 30 de mayo.
Mano dura, mano larga
La develación por parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de una estructura de crimen organizado que hacía contrabando y defraudación aduanera, como se ha dicho, fue un golpe demoledor para el gobernante Partido Patriota. Se ha evidenciado que la red criminal (“La Línea”), llega al menos hasta la vicepresidencia de la república como lo revela el hecho de que el secretario de Roxana Baldetti sea considerado el cabecilla de la banda. El escándalo descubrió que los titulares anterior y presente de la Superintendencia de Administración Tributaria Carlos Muñoz y Omar Franco y Estuardo González --Gerente General del periódico Siglo 21--, así como dos decenas de funcionarios, también formaban parte de la organización criminal. Grabaciones de llamadas telefónicas hechas en el curso de la investigación evidencian que los implicados aludían al “presidente” y a la “señora” en sus conversaciones. Al parecer la CICIG ha detenido las sindicaciones hasta los bordes de Baldetti. Y la oposición encarnada en los partidos Líder y UNE no pedirán antejuicio a Otto Pérez Molina y Baldetti. Pragmáticamente consideran que esto provocaría inestabilidad y podría afectar al proceso electoral de este año.
Tampoco lo necesitan. El Patriota es un partido moribundo. La agonía se revela en la renuncia de su candidato presidencial, Alejandro Sinibaldi. La muerte rondaba al Patriota desde antes de este escándalo por la imagen de corrupción e ineficiencia que tenía. La mano dura contra la delincuencia por supuesto que no resolvió este problema. Más bien, la delincuencia de cuello blanco es evidente en este gobierno. La mano dura fue en realidad mano larga. Si la delincuencia común es un problema estructural que no se resuelve solamente con medidas punitivas, el crimen organizado y su presencia en el Estado guatemalteco también lo es. La llamada “Línea” es continuación de la “Red Moreno” que fue asociada a Pérez Molina y Francisco Ortega Menaldo, también reputados cabecillas de las dos logias de ex militares asociados al crimen organizado: El Sindicato y La Cofradía.
La debacle del Patriota ha afectado el pacto de gobernabilidad neoliberal al que habían llegado con el partido Líder y el eventual ganador de la próxima elección presidencial, Manuel Baldizón. La cúspide empresarial aliada al capital transnacional en la acumulación capitalista por desposesión (minería, hidroeléctricas, proyectos carreteros, palma africana, azúcar etc.,) tendrá que buscar otros interlocutores. Sinibaldi continuará la carrera presidencial, pero la nueva coyuntura pone a Sandra Torres y la UNE en posibilidades de enfrentarse a Baldizón en la segunda vuelta. ¿Qué sucederá entonces? Conocida es la desconfianza oligárquica hacia Baldizón. Su imagen no es la mejor y esa imagen hace imaginar su eventual presidencia como la reproducción ampliada de lo que hoy ya estamos viendo.
Pérez Molina y las derechas en Guatemala no querían la continuación de la CICIG. Washington lo desea como lo hizo ver el vicepresidente Biden en su visita a Guatemala para promover la “Alianza para la prosperidad”, plan imperial de mil millones de dólares que apuntala el modelo de acumulación extractivista en el país. Con el escándalo, contrario a lo que quería Pérez Molina, la CICIG reforzó la necesidad de su presencia.
La dura situación de la mano dura
Las manifestaciones del sábado 25 de abril, 16 y 30 de mayo de 2015 mostraron que es dura la situación del gobierno que prometió mano dura contra la delincuencia. Difícil situación porque resulta evidente para buena parte de los guatemaltecos que el gobierno que pretendía erradicar la delincuencia es un gobierno lleno de delincuentes. Las multitudinarias manifestaciones pluriclasista en la que predominaron las clases medias y sectores más pudientes, confirma el descalabro del presidente Otto Pérez Molina y el gobierno del Partido Patriota. Resulta curioso verles pedir la renuncia de Pérez Molina y Baldetti a los mismos sectores sociales que se sumaron a la pretensión de sacar de la presidencia a Álvaro Colom con motivo del caso Rosemberg. Peor aún, al parecer un sector importante de la cúspide empresarial ya se deslindó del gobierno y empieza a hacer leña del árbol caído: basta ver la alocución televisiva del megaempresario Dionicio Gutiérrez en la que dice suspender su silencio político ante la indignante situación que se ha generado con el descubrimiento del grupo delictivo denominado “La Línea”.
La historia de Guatemala muestra que cuando al descontento popular se suman las clases medias y la actuación de una parte de la clase dominante, las consecuencias pueden ser impredecibles. Esto fue lo que sucedió en 1920 cuando fue derrocado Manuel Estrada Cabrera; en junio de 1944, cuando cayó el dictador Jorge Ubico; en octubre de ese año cuando fue derribado su sucesor Federico Ponce Vaides; en marzo y abril de 1962 cuando el gobierno de Ydígoras Fuentes comenzó su debacle; y finalmente en mayo-junio de 1993 cuando se derrotó al “serranazo” (la desaparición del poder legislativo dispuesta por Jorge Serrano Elías, quien finalmente fue derrocado. La investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) detuvo sus indagaciones hasta la cercanía inmediata de la vicepresidenta Baldetti. Pero en el imaginario guatemalteco resulta difícil creer que Baldetti era ajena a la organización criminal que hacía contrabando aduanero. Desde antes de este escándalo, la imagen de Roxana Baldetti estaba asociada a una corrupción y a un enriquecimiento inexplicable. Y en tanto que Baldetti tiene una inextricable cercanía con Pérez Molina, el presidente también se encuentra enfangado y resulta inverosímil lo que ha expresado en su discurso con motivo del escándalo: que se encuentra sorprendido, indignado y enojado con lo sucedido.
El escándalo provocado por la develación del grupo criminal “La Línea”, revela un problema estructural de la política guatemalteca. Esta es una autopista con un subterráneo debajo de ella. En la autopista transitan los partidos políticos, el gobierno y los grupos de presión. En el subterráneo grupos como “La Red Moreno”, “La Cofradía”, “El Sindicato”, el narcotráfico y ahora “La Línea”. En suma los poderes ocultos que acaso sean los que en Guatemala determinan el rumbo de las cosas.
Se fue Roxana, la gruesa
El escenario menos probable a fines de abril era el de una renuncia de Pérez Molina y de Baldetti porque el propio establishment neoliberal acaso lo consideraba innecesario. Pero la crisis ha continuado y ya cayó la cabeza de la vicepresidenta. Se suponía que el establishment le bastaba tener de rodillas al gobierno en los meses que le quedan y negociar condiciones que lo favorezcan ante rivales grupos emergentes y mafiosos. Pero la crisis continúa y ahora la cabeza de Pérez Molina está en riesgo.
En enero de 2011, el periodista de derecha Julio Ligorría hizo una entrevista televisiva a la entonces poderosa jefa de bancada del Partido Patriota, Roxana Baldetti. Resulta estremecedor ver esa entrevista hoy cuando Baldetti ha renunciado a la vicepresidencia de la república, en medio de un escándalo mayúsculo de corrupción y un enorme repudio popular. En aquella entrevista, cuando su destino político era prometedor, Baldetti expresó que no había algo más dignificante que salir con la frente levantada después de haber ocupado la más alta magistratura del país. Ella tenía dos poderosas razones que avalaban su voluntad de lucha contra la corrupción: sus dos hijos. Quería salir de sus funciones públicas sintiéndose orgullosa de sus hijos y que sus hijos sintieran orgullosos de ella. Por ello solamente una cosa le había pedido al eventual candidato del PP a la presidencia de la república: que al llegar a la misma le permitiera contar con un equipo de cuarenta funcionarios que se dedicarían a fiscalizar a los integrantes del futuro gobierno de Pérez Molina. ¿Fue ese equipo incapaz de advertir que su propio secretario privado era el cabecilla de la organización criminal que hacía contrabando aduanero?
En cuatro años y medio la mujer que buscaba afanosamente proyectar una imagen de incorruptible, se convirtió en el imaginario social guatemalteco en la encarnación de la corrupción que hundirá a Pérez Molina y al PP. Baldetti es llamada “la gruesa” en las redes sociales, coloquialismo de origen mexicano que la denota como poderosa, temible, turbia y peligrosa. El reportaje del periodista José Rubén Zamora de abril de 2013, fue devastador. Ahora, sale de la vicepresidencia por la puerta de atrás, defenestrada por la cúspide empresarial, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y finalmente la Corte de Constitucionalidad. El destino judicial de Baldetti es negro si unimos a lo anterior el mensaje de Joseph Biden, vicepresidente de los Estados Unidos de América, quien viajó en marzo con su esposa a Guatemala para sacar del protocolo a la entonces vicepresidenta. La especial deferencia y agrado con que en abril fue recibida Rosa Leal de Pérez en Washington completó el mensaje imperial: Washington quiere la cabeza de Baldetti.
La mayoría de Guatemala también la quiere. ¿Por qué una mujer con poder puede llegar a ser tan odiada? Durante la Revolución Francesa, María Antonieta lo fue por “austriaca” y por adjudicársele decir tonterías sobre los pobres que sufrían la escasez de pan (“que coman pasteles”). Guardadas las proporciones, Baldetti ha sido objeto de escarnio por sus lapsus verbales. Y de odio, porque se piensa que su poderío e impunidad deriva de una ilegítima relación sentimental con el presidente Pérez Molina. El rechazo legítimo que se le dispensa por su prepotencia y presumible enriquecimiento ilícito, podría estar complementado por la misoginia que es feroz hacia ciertas conductas en la mujer. Y por una solidaridad de género: ¿Cuántas mujeres no se identifican con la primera dama?
La mano dura de Pérez Molina se ha convertido en un par de manos sucias. ¿Seguirá soportando Guatemala la corrupción?
No le toca a Baldizón
A diferencia de lo que expresó Mario David García, flamante candidato presidencial del Partido Patriota en el momento de ser electo como tal, la multitudinaria manifestación del 16 de mayo de 2015 sí tenía un planteamiento central: el repudio a la corrupción gubernamental. Es mentira lo que dijo el candidato de emergencia del PP, de que cada quien fue a esa manifestación con una demanda particular. Si algo ha unido a la población urbana que ha concurrido a las concentraciones del 25 de abril, 16 de mayo y 30 de mayo es el repudio a los gobernantes corruptos. Y la irrupción ciudadana, expresada sobre todo en clases medias urbanas, se debe a que el gobierno de Otto Pérez Molina y particularmente la vicepresidenta Baldetti, se convirtieron en la encarnación de la corrupción. Lo que unió a gente de las más diversas ideologías y posturas políticas en las tres manifestaciones que ha habido no fue que estén contra de los proyectos de minería a cielo abierto, que estén hartos de la violencia delincuencial, que están en contra del desempleo y la informalidad, que están a favor de que se enjuicie por genocidio a los represores del pasado, para citar algunas de las demandas que pudieron haberse visto en las manifestaciones referidas. Lo que quiere la gente que se manifestó, sea de derecha, de centro o de izquierda, es que la corrupción gubernamental se acabe.
Así de sencillo.
En este contexto, me pregunto si habrá congruencia con ese sentimiento en la decisión que tomen los guatemaltecos en las elecciones presidenciales de septiembre y octubre de este año. ¿Se habrá manifestado de las más diversas maneras el hartazgo ciudadano con respecto a la corrupción y al mismo tiempo se votará por un candidato con una fuerte imagen de corrupción? En las reglas no escritas de la política guatemalteca, partido que gana las elecciones y gobierna, se destruye poco tiempo después de haber terminado su gestión gubernamental. Así ha sido desde 1986. Y desde hace años, el candidato presidencial que queda en segundo lugar en una elección, en la siguiente gana la presidencia. Estas reglas no escritas indican que Manuel Baldizón, candidato del partido Líder, será el próximo presidente de Guatemala. “Le toca” dice el argot popular. La imagen de la trayectoria política y empresarial de Baldizón no augura nada bueno en materia de corrupción en el eventual gobierno que presidiría. Basta recordar cómo en 2014 con su libro “Rompiendo Paradigmas” fue acusado de plagio y solamente una complaciente resolución del Ministerio Público (no se encontró a los agraviados por el plagio) lo libró de una condena. Poco después, una investigación de la Revista Contrapoder constató que Baldizón había plagiado el 50% al menos de su tesis doctoral. Nuevamente una actitud complaciente, esta vez de parte por la Universidad de San Carlos de Guatemala, lo libró de la sanción.
¿Si estas son las vísperas cómo serán las fiestas? En el momento actual con la indignación a flor de piel, el pueblo de Guatemala debería decir: no le toca a Baldizón.
Que no triunfe el gatopardismo en Guatemala
A fines de abril de 2015, el gobierno de Otto Pérez Molina sufría los rigores de la profunda crisis política que originaron las develaciones de la CICIG. Pero cabía prever que el establishment neoliberal trataría de mantener la estabilidad que se vio amenazada después de la primera de las tres masivas manifestaciones que se han observado en Guatemala. Esa manifestación debe haber sido el barómetro que indicó que el gobierno tenía que tirar lastre para evitar venirse a pique. Los sacrificios comenzaron y por supuesto la primera cabeza en caer fue la de la odiada Roxana Baldetti. Desde el 8 de mayo cuando Baldetti renunció, el presidente ha seguido haciendo sacrificios: los ministros de gobernación, energía y minas y medio ambiente han caído. Más aun, el presidente ha dicho que ha pedido la renuncia a todos sus ministros y que esta se hará efectiva si es necesario.
En este contexto, la manifestación del sábado 30 de mayo era decisiva. Por ello fue que se esparció una campaña de rumores y llamadas desde call centers que buscaban amedrentar a los eventuales participantes en la misma. La manifestación, decía una grabación, la convocaban los marxistas y antiguos guerrilleros para favorecer a un partido y que habría disturbios. Circularon volantes apócrifos con la imagen de Sandra Torres y el logotipo de la UNE convocando a la marcha para deslegitimarla al darle un sesgo partidista. Pérez Molina acaso todavía le estaba apostando a que la indignación fuera menguando y que con ello el ánimo de participación también fuera disminuyendo. Nada de eso sucedió. Aun los cálculos conservadores dicen que ese sábado estuvieron en el momento climático alrededor de 30 mil personas. Como es sabido, las manifestaciones comenzaron a las 6 de la mañana con jornadas de oración y culminaron en la noche con un festival de música. A las clases medias se unieron las autoridades ixiles enarbolando un cartel contra el genocidio. Desde el 20 de mayo cuando unos 5 mil campesinos arribaron a la capital para pedir la renuncia de Pérez Molina y la del vicepresidente de Guatemala, se ha acentuado un pluriclasismo que matiza la predominancia clasemediera de las protestas.
Al anterior matiz hay que agregar que a las demandas de la renuncia de Pérez Molina se han agregado la del recién designado vicepresidente Alejandro Maldonado. Maldonado ha sido puesto allí para garantizar la continuidad del establishment neoliberal en caso de la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Otras demandas evidencian que el ánimo ya no se queda en el enojo contra la corrupción: suspensión del proceso electoral, reforma urgente de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la extinción de dominio con enfoque social, y algo que no es menor: la demanda para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
La caída de Pérez Molina sería un triunfo popular. Pero si esta crisis termina allí, sería el triunfo del gatopardismo: “que todo cambie para que todo siga igual”. El estremecimiento político que ha vivido Guatemala debe culminar en una profunda reforma política.