Si el domingo 7 de Junio, cerca de la media noche, la alianza de la candidatura sin partido de Jaime Rodríguez, el "Bronco" y Fernando Elizondo, de MC, mostrara una tendencia ganadora definitiva, los cimientos de la enorme torre que conforma el sistema electoral mexicano habrán recibido un golpe en el corazón de su estructura, un golpe que haría necesaria una cirugía mayor para simplificar y modernizar un caro y barroco sistema que con el posible triunfo mencionado quedaría evidenciado como algo obsoleto en muchas de sus partes.
Habría que conservar herramientas esenciales, como lo es que sean los ciudadanos comunes y corrientes, elegidos por sorteo, los que el día de la elección fungen como funcionarios de casilla. Ese silencioso ejército de personas responsables que de manera voluntaria se presentan a cumplir con su deber cívico de estar en las casillas sin pago alguno, no solo es invaluable, sino poco reconocido incluso por los mismos partidos. Son héroes anónimos, dedicados y valientes, que prueban que somos un país mucho mejor de lo que reflejan sus medios de comunicación. Miren un dato oficial del INE: de las miles de casillas que se instalarán ese día, solo faltaban cuarenta de quedar conformadas hace cuatro días. Todo un récord para un país en el que hay grupos violentos que amenazan con impedir las elecciones. Es obligado conservar, reconocer y cuidar a esos anónimos ciudadanos que desde 1997 se escogen por sorteo, se capacitan, llegan a las casillas, las instalan y administran, atienden a los votantes el día de la elección, cuentan los votos e inscriben los resultados en una hoja que se coloca a la salida de cada casilla y a la vista pública, mientras empaquetan y entregan personalmente el resto de la documentación, incluidos los votos, en los consejos distritales. Esas acciones civiles son parte del edificio que no debe desaparecer. También lo son los funcionarios del servicio profesional del INE que trabajan ahí en el día a día, que se encargan de toda la operación cotidiana del instituto y del trato con los partidos y la ciudadanía. Esos que administran los recursos y los que a diario operan la gestión de las credenciales de elector de manera atenta y amable. Todos los que capacitan y acompañan a los ciudadanos antes y el día de la elección; esos empleados que en todo el país ubican las casillas físicamente y las gestionan con inteligencia. Esas personas que visitan a los ciudadanos sorteados para animarlos a participar cuando hay elecciones, aplicando y enseñando el enredijo de reglamentos electorales que se han ido construyendo desde el poder legislativo. Todo ese cimiento del edificio vale mucho.
Ahora, ¿Qué parte debiera cambiarse porque la evidenciaría como obsoleta el triunfo, o un cercanísimo triunfo, de una candidatura a gobernador que no hubiera estado apoyada por una estructura partidista ni financiada con recursos públicos?
1) Sería evidente que deberían reducirse o abolirse los subsidios a los partidos con dinero fiscal. Son ya de por sí insostenibles e injustificables. Más lo serían si ganara una gubernatura alguien que no tuvo acceso a ellos.
2) Quedaría claro que no hay mejor militancia que la voluntaria, de corazón y convicción, no la pagada.
3) Quedaría claro que la difusión gratuita de millones de spots estúpidos no sirven para ganar una elección, ni orientan ni enriquecen el criterio para ejercer el voto de los ciudadanos, solo embrutecen y fastidian.
4) Quedaría claro que las carísimas estructuras partidistas pagadas por el erario perderían su razón de ser. Sería hora de regresar a los partidos a buscar la participación voluntaria.
5) La compra del voto y operación electoral para ganar con trampas quedarían muy acotados si hay un ejército de ciudadanos voluntarios y motivados cuidando y observando el proceso electoral, no solo desde su arranque, sino el mero día de la elección.
6) Quedaría claro que los debates públicos, abiertos y frecuentes, bien regulados por el INE, son ya no solo necesarios, sino indispensables. No hay mejor forma para conocer realmente a un futuro gobernante que oyéndolo debatir con libertad, como en otros sistemas electorales del mundo. Si el poder legislativo no logra actualizar, modernizar y regular esa zona oscura y rígida de las campañas, los debates serán por fuera, en las redes sociales, para bien y para mal, porque ahí hoy se vale de todo.
7) Sería evidente que sobran partidos y que lo que se necesitan son espacios en los que puedan florecer los liderazgos valiosos, ya sea emergentes o conocidos, pero en un territorio libre de los poderes e intereses partidistas o de los gobernadores que se adueñan de los partidos.
8) Sería urgente legislar la posibilidad de segundas vueltas, de manera que los verdaderos contendientes competitivos, del partido o fuerza que vengan, puedan debatir sin el estorbo de siete u ocho candidatos que solo impiden el debate de ideas y proyectos en las elecciones apretadas.
9) Endurecer los trámites para la creación de nuevos partidos, rémoras subsidiadas que sin haber ganado nada en una elección, con el solo registro pasan a vivir del erario público. Una regulación más moderna a las candidaturas ciudadanas evitaría la proliferación de partidos que vivirán un rato del erario público y luego desaparecerán en la nada después de haberle costado al país.
10) Sancionar con la pérdida del registro o el retiro de un triunfo si se prueban ilícitos a los partidos o candidatos que hayan violado las leyes electorales. Sanciones ágiles, tarjetas rojas contundentes.
Pensándolo bien, gane o pierda la candidatura del Bronco, su sola presencia en esta elección y la forma en que se ha desarrollado el proceso de Nuevo León, obligan a pensar en la necesidad de revisar, una vez más, las reglas del juego electoral mexicano. Se hicieron viejitas de 2012 para acá. Surgieron de caprichos y quedaron jorobadas. Dieciocho millones de spots insoportables no pueden volver a repetirse. Miles de millones de pesos de impuestos no deben de ir a dar a las franquicias partidistas. Las ciudades no deben acabar hechas un basurero, como hoy sucede el D.F., donde el mobiliario urbano es vandalizado impunemente por los partidos. Esas reglas son inviables para la elección presidencial de 2018. ¿Se atreverán a modificarlas los partidotes? Habrá que ver qué alegan y qué tamaño moral tienen los franquiciatarios mayores, amenazados por las candidaturas ciudadanas a las que constitucionalmente los mexicanos tienen derecho.