• Artículo 19
  • 26 Marzo 2015
".$creditoFoto."

Este texto forma parte del documento Estado de censura, Informe 2014, elaborado por la organización internacional Artículo 19,especializada en la cobertura del altísimo riesgo que se corre en un país como el nuestro si tu trabajo es el periodismo. Y la presión que sufren desde los grupos de poder: léase gobiernos, crimen organizado, etc.

Es muy compleja la relación entre el Estado y los periodistas en México. Sobre todo, es desconocida en su dimensión regional. Ni qué decir de la historia del periodismo poblano, que no empezó este sexenio. No hay la más mínima relatoría que con seriedad la documente, que ponga sobre la mesa la historia de control y sumisión fundados en la dependencia absoluta del gasto gubernamental en publicidad. No hay una relación de los así llamados “convenios” que se han establecido sexenio tras sexenio. Sólo vemos cómo cambian los periodistas sentados en la oficina de Comunicación Social en Casa Puebla y cómo suben y bajan bonanzas económicas para medios y directores bien o mal avenidos con el gobernante en turno. Cuántas explicaciones se les deben a lectores, radioescuchas y televidentes en este sube y baja del poder y la prensa en Puebla.

Como quiera, este ejercicio de Artículo 19 es un esfuerzo sobre el tiempo inmediato. Está fundado sobre todo en lo dicho por periodistas que se reconocen hoy como críticos al gobierno de Rafael Moreno Valle. Sin duda se necesitan muchas más voces para profundizar en una discusión obligada sobre la relaciones de poder económico y político en Puebla en el mundo de la comunicación en la sociedad poblana. No puede reducirse a una perspectiva simple de “periodistas buenos vs gobernantes malos”. Es una historia que contiene severos matices. Hay muchos claroscuros en esta relación gobierno-medios, poder-periodistas. Pero es un primer esfuerzo, con señalamientos que no pueden quedarse sin respuesta por el actor principal involucrado. (Mundo Nuestro)

 

Texto de Artículo 19

 

Rafael Moreno Valle censura, controla y reprime

En Puebla, los periodistas y medios de comunicación críticos de la gestión del gobernador Rafael Moreno Valle han sido objeto de embates que han puesto en riesgo la labor informativa que realizan.

Amenazas, agresiones físicas, presión financiera, robos domiciliarios, veto informativo y ataques cibernéticos han enfrentado estos medios y comunicadores, quienes públicamente han sido declarados “enemigos” del gobierno de Moreno Valle, aspirante del PAN a la candidatura presidencial en 2018.

En cuatro años de administración estatal se han contabilizado 33 ataques, 16 de los cuales ocurrieron en 2014, el año con más casos hasta la fecha.

  

Agresiones contra la prensa en Puebla durante 2014, Fuente: ARTICLE 19

La lista negra

 

La ríspida relación entre Rafael Moreno Valle y los medios críticos de su gestión, se remonta al inicio de su gobierno, en febrero de 2011, cuando el político de origen priista reconvertido en panista lanzó la propuesta de despenalizar los “delitos contra el honor” (difamación y calumnia) y pasarlos al Código Civil, donde pretendía imponer sanciones económicas por daño moral de hasta mil salarios mínimos.

Lo anterior generó la oposición de varios medios de comunicación y periodistas, que bautizaron la iniciativa como la “Rafamordaza”, pues a pesar de que consideraban que se trataba de un paso importante en materia de libertad de expresión, objetaban el alto monto que se pretendía imponer por el daño moral, por lo que exigieron un tope máximo de 300 salarios mínimos.

La postura de medios y comunicadores se impuso finalmente, pero generó malestar en el gobernador. Un año y ocho meses después, en octubre de 2012, Moreno Valle tuvo un segundo altercado con esos mismos periodistas luego de que informaran sobre la existencia de una lista negra de 18 comunicadores a los que se pretendía denunciar penalmente. Esto sucedió el día en que se dio a conocer la denuncia penal interpuesta por el gobierno de Puebla contra Fabián Gómez Hernández, director del portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, columnista del periódico El Heraldo de Puebla, acusados “por abuso de la libertad de expresión mediante la ofensa y la denostación de funcionarios”.

Aun cuando el gobierno poblano negó la existencia de tal lista, el mensaje para los periodistas “incómodos” fue claro: se trataba de una advertencia de que se no toleraría ningún tipo de crítica a la administración estatal, en particular al gobernador, que quiere ser candidato presidencial por el PAN en 2018.

  

Frecuencia de agresiones contra la prensa en Puebla de 2007 a 2014. Fuente: ARTICLE 19.

 

El “tripack”

 

La pluralidad entre los medios de comunicación poblanos es vista como un problema por Rafael Moreno Valle, por lo que ha tratado de alinear a la prensa y ahogar financieramente a los que le resultan “incómodos”.

Con ese propósito creó un método llamado “tripack”, que utiliza a los tres principales anunciantes del estado —el gobierno estatal, el ayuntamiento de Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)— para premiar o castigar, según sea el caso, con contratos únicos de publicidad oficial a cambio de condicionar la línea editorial de los medios.

En un inicio, la BUAP y el ex alcalde de Puebla se negaron a participar en esta estrategia. No obstante, el gobernador pudo ponerla en marcha en 2013, con la elección de José Antonio Gali Fayad al frente del ayuntamiento de Puebla y de José Antonio Esparza en la rectoría de la universidad.

“La marca de Moreno Valle ha sido la asfixia económica. Esto tiene al periódico en dificultades económicas fuertes. Se han restringido las coberturas para el interior del estado porque no hay dinero ni para viáticos”, comenta Martín Hernández Alcántara, coordinador de información de La Jornada de Oriente. “Ni en la peor época del gobierno de Mario Marín, cuando informamos que estaba involucrado en el caso de pornografía infantil y agresiones contra la periodista Lydia Cacho, nos retiraron la publicidad”.

Por su parte, Enrique Núñez Quiroz, director general de Intolerancia Diario, otro de los medios “castigados” —a los que no se les da publicidad oficial—, asegura que fue Marcelo García Madero, primer director de Comunicación Social de la administración de Moreno Valle, el autor de este mecanismo de control “que ha tenido como consecuencia la desaparición de seis o siete medios digitales e impresos”.

“El gobierno del estado pretende comprar la conciencia de los periódicos a través de la publicidad oficial, y en caso de no acceder, no da tregua a ponerles fin”.

 

Publicidad oficial, un método de censura indirecta

En México, la publicidad oficial se utiliza como mecanismo de presión para dirigir la línea editorial de diferentes medios o para convenir la creación o cierre de aquellos que subsisten de esa bolsa gubernamental. Esto se traduce en un mecanismo de censura sutil en la que tanto periodistas como medios deben sujetarse a la pauta de los gobiernos, que buscan dar a conocer o reafirmar la imagen de figuras públicas con el riesgo de que al no realizarlo se recorte el salario o presupuesto.

La función de la publicidad oficial es servir de canal de comunicación entre el gobierno y la población. Así, los gobiernos compran espacios en los medios para difundir políticas, programas, servicios, iniciativas, y para fomentar la cultura de la legalidad en los tres ámbitos de gobierno.

En 2012, 26 entidades en México ejercieron 5,377 millones de pesos (370 millones de dólares) en publicidad oficial1.

En contexto electoral es fundamental recordar que la publicidad oficial no es propaganda partidista, por ello, no debe ser utilizada para promocionar a candidatos, ni para adjudicar logros a un solo partido político o servidor público. Anualmente es asignado un presupuesto que es usado durante el año para pagar espacios publicitarios en diversos medios de comunicación, con el fin difundir la actividad del gobierno. Sin embargo, se le utiliza como plataforma política para construir candidaturas, influir en la opinión pública de manera que se beneficie a servidores públicos en turno y otras malas prácticas.

El artículo 134 de la Constitución prohíbe el uso de la publicidad oficial como propaganda y obliga al gobierno a gastar los recursos públicos de manera transparente, económica y honesta. Ante la falta de regulación estos criterios son aplicados por los gobernantes a su conveniencia, razón por la cual nos vemos obligados a ver sus rostros retocados digitalmente en la parada del camión, a escucharlos en los “cineminutos” previos a la proyección de alguna película, o en algún espectacular haciendo alarde de sus obras, proyectos o promesas cumplidas.

Cuando un componente político se asocia a esa cantidad de recursos, la transparencia no suele ser prioridad. De acuerdo al Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en las entidades federativas 2013, realizado por ARTICLE 19 y Fundar, sólo se mostró el destino del 47% de esos recursos, herramienta sin revisión cuya opacidad se ha incrementado desde 2005 y hasta el 2012 en un 85%.2 De acuerdo al estudio, los estados que entregaron información3 ejercieron 2,197 millones más de lo originalmente aprobado por sus Congresos.

Si no se regula la relación entre los medios y los estados o la federación esta gran partida presupuestaria seguirá utilizándose para la promoción de los actores de gobierno y no como una forma de rendir cuentas sobre el impacto público de los programas de interés general, esto sin mencionar la presión política en la línea editorial de los medios al extender o limitar contratos de publicidad. Los montos de publicidad oficial son actualmente cajas chicas sin regulación y sin rubros específicos que restringen nuestro derecho a la información, con el cinismo retocado de quienes congenian con el poder.

 

Las demás entidades no entregaron información sobre el ejercicio del gasto.

 

Este incremento corresponde a 15 entidades que han entregado la información sobre el presupuesto ejercido en las tres ediciones del Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial de las Entidades Federativas.

 

La información sobre el monto total de presupuesto aprobado y ejercido fue otorgada únicamente por 25 estados.

 

La disputa por internet

Las redes sociales han abierto la posibilidad a medios y periodistas críticos para informar a la población de hechos que regularmente no se publican en la prensa que depende de los anuncios del gobierno. En el caso de Puebla, los comunicadores o defensores que critican la actuación de las autoridades estatales suelen ser blanco de ataques o amenazas por medio de estas plataformas digitales.

En la cobertura del caso de San Bernardino Chalchihuapan, medios críticos exhibieron el exceso de fuerza con que los policías estatales disolvieron una protesta el 9 de julio de 2014. Un menor de 13 años murió días más tarde a consecuencia del impacto de una bala de goma.

Bajo este contexto, Diario Cambio, que informó sobre las armas que utilizaron los policías locales en el enfrentamiento, sufrió una ofensiva cibernética, que dejó fuera de servicio a su sitio tres días.

“Nos lanzaron varios tipos de ataques, nos pusieron una bomba fork, nos hicieron ataques remotos y batallaron todo un día hasta que lograron tirarnos; la recuperación tardó tres días”, menciona Arturo Rueda, director editorial del medio.

La Jornada de Oriente también sufrió una agresión virtual, cuando realizó una encuesta, en julio de 2014, sobre el desempeño del gobernador Moreno Valle tras los hechos de Chalchihuapan. La agresión se hizo desde un servidor en Alemania, pero fue operada desde Puebla. La irrupción consistió en manipular los resultados a favor del mandatario.

 

Ataque a portales informativos. Foto: Lucía Vergara

 

Bloqueo y censura informativa

 

Bloqueos y censura informativa son otras de las dificultades que han tenido que sortear tanto medios como comunicadores críticos del gobierno de Rafael Moreno Valle.

A diez años de creada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Puebla, continúa la resistencia a transparentar información relacionada con publicidad oficial, finanzas e infraestructura.

Ernesto Aroche, director del portal de noticias Lado B, esuno de los periodistas que más negativas ha recibido por parte del gobierno cuando ha inquirido sobre los gastos realizados por la autoridad en esos temas. En mayo de 2014, Aroche obtuvo un fallo positivo de un juzgado de distrito, donde se le exigía a la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Pueblo (Caip) pronunciarse sobre la entrega de información relacionada con el gasto de publicidad oficial y comunicación social, pensiones y jubilaciones, así como servicios generales de la administración pública estatal.

Aun con el fallo a su favor, la resolución fue impugnada por la propia Caip y la Consejería Jurídica del gobierno del estado, instancias que no han explicado públicamente los motivos para hacerlo.

La administración de Moreno Valle desarrolló una estrategia para evadir la responsabilidad de entregar información vía transparencia incluso tratándose de temas menos sensibles: A pesar de la obligación del gobierno a proporcionar información vía correo electrónico, copia certificada, copia simple o vía Infomex, a la hora de responder pide a los solicitantes acudir físicamente a las dependencias, llamar para pedir cita y, una vez que acuden los interesados, no se proporcionan fotocopias de la información ni se permite fotografiar los documentos, pues sólo se deja ingresar a las oficinas con papel y lápiz.

Cuando la información es proporcionada, se hace fuera de los tiempos establecidos por la ley y suele estar incompleta, expone Selene Ríos, directora del portal Central.

En siete ocasiones, vía transparencia gubernamental, Ríos solicitó información sobre los gastos realizados por el gobierno del estado para la organización de las fiestas patrias de 2012. “La solicitud me la contestaron en abril (de 2014) pasado, pero sin copia de los contratos. Sólo me dieron el monto gastado. Ese ha sido uno de los problemas graves. No hay transparencia”.

Por otra parte, recibir la agenda del gobernador de Puebla es un privilegio del que sólo gozan los medios complacientes con su gestión. Para ellos las puertas se abren automáticamente. En contraste, para los que tienen una línea editorial independiente no hay agenda oficial, invitaciones a actos públicos y mucho menos entrevistas. “No es nada personal”, dijo Víctor Rojas, funcionario del área de Comunicación del gobierno estatal, cuando Alejandra Corona, reportera de El Heraldo de Puebla, lo increpó por la censura informativa impuesta a los periodistas y medios críticos.

Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, durante su Segundo Informe de Gobierno. Foto: Hilda Ríos.

¿Espionaje?

 

En Puebla hay periodistas que trabajan con la sospecha de que son espiados; de que la información que circula por sus correos electrónicos y que se encuentra en sus computadoras de trabajo es susceptible de ser interceptada o robada, y que sus llamadas o mensajes de texto son intervenidos.

Samanta Páez, reportera del portal de noticias E-Consulta, califica como sospechosas las aclaraciones que suelen enviar desde el gobierno del estado, cuando se ha publicado información que cuestiona la gestión pública. Recuerda que tras una entrevista con un doctor en Economía, quien contrastaba y ponía en duda cifras oficiales, recibió una carta donde las autoridades estatales la acusaban de ser una “ignorante y tendenciosa”. Lo grave es que en la carta citaban información no escrita en la nota, pero que había sido mencionada en la orden de trabajo que, un día antes, le había mandado su editor por correo electrónico.

“Esta nota era sobre deuda pública. En mi orden del día me decían que incluyera el proyecto del segundo piso de la autopista, tema que no fue incluido (en la nota), pero en la carta aclaratoria se citaba ese proyecto”.

Algo similar ocurrió en agosto, pero con una información que aún no había sido publicada —por una cuestión de espacio—, sobre la cual se envió un escrito aclaratorio  el día que originalmente saldría. “Yo creo que sí están interviniendo nuestros correos… y que es espionaje, porque se trata de información exclusiva”.

Alejandra Corona, de El Heraldo de Puebla, tuvo una experiencia reveladora con una llamada telefónica. Durante la cobertura de Chalchihuapan, una colega fotógrafa le habló a su teléfono celular para pedirle un par de datos del caso. Una semana después le marcó a su colega, quien negó haber realizado tal llamada. Aunado a esto, sostiene Alejandra, ha escuchado demasiado eco cuando recibe o realiza llamadas.

Además, durante los últimos dos años, se han registraron tres robos a casas y oficinas de periodistas críticos, en los que sólo fueron sustraídas sus computadoras de trabajo. En julio de 2014, el director del portal informativo Poblanerias, Luis Enrique Sánchez Fernández, denunció el robo de su computadora y una televisión. “Con tantas otras cosas de valor que en esos momentos se encontraban en la casa y que no se llevaron, es imposible no pensar que se trató de un mensaje. Esa computadora era la herramienta de trabajo de mi padre”, aseguró Juan Carlos Sánchez, director editorial de Poblanerías e hijo de Luis Enrique Sánchez, entrevistado por Article 19.

En agosto de 2014, Elmer Sosa, caricaturista del periódico Cambio y uno de los más críticos del gobierno poblano, fue también objeto de robo en su domicilio, de donde se llevaron tres computadoras —dos de Sosa y una de su esposa—, así como dos memorias portátiles donde el cartonista tenía resguardado su trabajo de los últimos 10 años.

Las agresiones a la prensa poblana han generado incertidumbre y falta de garantías para ejercer un derecho protegido internacionalmente como la libre expresión.

Las garantías que debieran dar el gobierno de Puebla y el Estado mexicano no están por ninguna parte. Por el contrario, existe una descalificación y una censura permanente a los periodistas y medios críticos desde la administración estatal. “Se puede decir que es un estado de intimidación permanente, donde el agente agresor es el Estado, lo que deriva en un tratar de nulificar nuestra actividad periodística”, resume Arturo Rueda, director editorial de Cambio.

 

Click HERE is best bookmaker in the world.
Offers Bet365 best odds.
All CMS Templates