Mundo Nuestro. En este arranque de julio cumple un año el proceso de intervención ilegal en la Pirámide de Cholula promovido por el gobierno del estado de Puebla con el respaldo del gobierno federal. Esta carta reclamo al presidente Enrique Peña Nieto que firma y promueve un importante grupo de investigadores poblanos es el más importante cuestionamiento elaborado desde la academia mexicana desde que inició este conflicto generado por el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Es un reclamo a las autoridades federales que no han cumplido con su obligación de respetar la ley que protege a la zona arqueológica de Cholula. Y es una exigencia a el reinicio de la investigación en la Zona de Monumentos Arqueológicos de Cholula, junto con un Plan Integral de Manejo de la Zona, que incluya a académicos y comunidades aledañas y, en la zona aledaña a la gran Pirámide, un nuevo modelo de desarrollo turístico social y educativo.
Esta Carta a Peña Nieto será presentada en el 55 Congreso Internacional de Americanistas que se llevará a cabo la próxima semana en El Salvador. El congreso, en el que participan más de cinco mil especialistas, avalado por las más importantes universidades en el mundo, es el más reconocido espacio de encuentro de investigadores en historia, antropología, arqueología, arquitectura, urbanismo y artes en América Latina.
(Foto de portadilla tomada de La Jornada de Oriente)
Lic. Enrique Peña Nieto:
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Lic. Emilio Chuayfet Chemor
Secretario de Educación Pública
Lic. María Teresa Franco
Directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia
Presente
Con gran preocupación nos dirigimos a ustedes, en su calidad de autoridades encargadas de preservar los Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos, Artísticos, Históricos y Paleontológicos de los mexicanos. Por esta razón, en pleno ejercicio de nuestros derechos culturales según lo consagra el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966, y lo consagra también el párrafo noveno del artículo 4º de nuestra Constitución General de la República, les hacemos un enérgico llamado para que atiendan de manera inmediata lo que corresponde a sus obligaciones de preservar la Zona de Monumentos Arqueológicos de Cholula.
Este llamado es por la ejecución de las obras iniciadas de manera arbitraria e ilegal en esta Zona de Monumentos considerada de las más importantes del país.[1] Por su riqueza histórica y cultural ininterrumpida a lo largo de 2 mil quinientos años, Cholula debía ser ejemplo de conservación patrimonial y, simultáneamente, fuente de información para la comprensión del pasado mesoamericano. Desafortunadamente no ha sido así. En las últimas décadas se han otorgado, indebida e ilegalmente, permisos para construir viviendas, locales de chatarra automotriz, canchas deportivas y estacionamientos en la zona perimetral que debe ser estrictamente preservada para futuras investigaciones y tener carácter educativo antes que mercantil. Esta afectación material y visual sería gravemente incrementada con la realización de un proyecto turístico-comercial dentro de la zona de monumentos arqueológicos protegida por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas en sus artículos 42 y 43; el decreto de Declaratoria de esta Zona de Monumentos de 24 de noviembre de 1993 y desde luego la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial y Natural de 1972.
Exigimos a ustedes como autoridades responsables el pronto reinicio de la investigación arqueológica en esta Zona de Monumentos, así como sus correspondientes acciones de conservación pues aparte de que es una obligación constitucional y legal, dichas acciones de investigación académica aportarán valiosa información sobre el pasado de la Gran Tollan Cholula, e incluso podría representar una valiosa oportunidad para implementar un Plan Integral de Manejo que incluya a los académicos y las comunidades aledañas, así como un nuevo modelo de turismo social sustentado en el eje educativo-cultural de nuestro pasado y no un mero turismo depredador e irresponsable que convierta a nuestros bienes culturales en mercancías de consumo. En esta lógica consideramos que la Investigación científica y el desarrollo turístico social, educativo y responsable no tienen por qué estar reñidos si se planean con sensibilidad e inteligencia.
Por estas razones los abajo firmantes, reunidos en el 55° Congreso Internacional de Americanistas en la ciudad de San Salvador, exigimos a ustedes:
1.- Apego irrestricto a lo establecido en la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal Sobre Monumentos Arqueológicos, artísticos e Históricos, el párrafo noveno del artículo 4º de nuestra misma Constitución, la Ley General de Bienes Nacionales, el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el Decreto de Declaratoria de Zona de Monumentos Arqueológicos de Cholula de 24 de noviembre de 1993, en particular sus artículos del 3º al 9º, mismos que son el fundamento legal que protegen nuestros monumentos y zonas arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos.
2.- El reinicio de la investigación en la Zona de Monumentos Arqueológicos de Cholula con sus correspondientes acciones de conservación, canalizando los recursos necesarios para llevar a cabo esta función sustantiva de interés público.
3.- Diseñar de manera inmediata un Plan Integral de Manejo de la Zona, que incluya a académicos y comunidades aledañas y, en la zona aledaña a la gran Pirámide, un nuevo modelo de desarrollo turístico social y educativo, tal como lo establece la fracción III del artículo 2º de la Ley General de Turismo, que se apegue a la naturaleza y función de estos monumentos de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley General de bienes Nacionales, incluyendo de manera preponderante a las comunidades cholultecas.
Hacemos este llamado de manera atenta y respetuosa a ustedes como autoridades obligadas a acatar este derecho fundamental de carácter cultural, mismo que sustentamos en nuestra Constitución, instrumentos de Derecho Internacional, nuestras leyes federales, así como el Decreto presidencial antes referido.
[1] Adjuntamos a la presente el documental “Luz bajo la tierra” realizado por CIEC-UNAM donde se sintetiza el proceso de rechazo al Proyecto y la persecución y el encarcelamiento del que han sido objeto quienes defienden el patrimonio nacional y las leyes que lo protegen.