En un conflicto social se revelan comportamientos extremos. De todo orden, de todos sus actores. Y siempre jugando en el difuso pero afilado filo de la ley.
En esto pienso mientras observo el patio en el que transcurre la vida de los presos en la cárcel de San Pedro Cholula. En un momento llegarán Adán y Paúl Xicale. Mientras observo y pienso. Algunas parejas ya dan vueltas alrededor de la cancha de básquet, quizá rumien el interrogante de por qué terminaron en un presidio. Martes 29, día de San Miguel, tal vez algún reo festeje su día. Martes de lluvia en un día cualquiera, pero a punto –una semana-- de que Adán y Paúl Xicale cumplan un año presos, víctimas de un acto injusto y criminal cometido por el gobierno del estado de Puebla. No tengo duda sobre la ilegalidad que aquí los mantiene bajo la nube densa de la mayor de nuestras desgracias: la podredumbre del sistema de justicia en México.
Pienso en los comportamientos extremos en torno a la justicia en Puebla, y en las varas y las medidas:
De un lado, los ciudadanos con sus reclamos y motivos, siempre con el Jesús en la boca del riesgo por la penalización del conflicto social. Y la incertidumbre de los líderes y la presión de la masa y la disyuntiva: “La única forma en que el gobierno va a entender es si cerramos las calles, si tomamos la presidencia… Ya no hay manera de hacer valer nuestros derechos.”
Y eso lo dicen igual los furiosos habitantes de un pueblo en el estallido espontáneo contra la inseguridad pública –como ocurrió hace una semana en Chietla--, o unos constructores burlados por un gobierno que no les paga –los contratistas de la reconstrucción del periférico de la ciudad de Puebla--, o los defensores del patrimonio arqueológico, histórico y cultura en Cholula, quienes desde un movimiento civil resisten la imposición por el gobernador Moreno Valle de un proyecto turístico en la pirámide.
Del otro, el gobierno en turno –por ejemplo el de Moreno Valle para Cholula o la reconstrucción del periférico, o los de Piña Olaya y Bartlett para la expropiación de las Cholulas o el de Merino Fernández para la instalación de Volkswagen--, con una cuenta de arbitrariedades larguísima en la historia de Puebla. El gobernador virrey con sus jueces serviles y sus ministerios públicos plantados en el escritorio inventando averiguaciones previas en máquinas Olimpia. Sí, el poder todo lo puede: ningún problema tiene para armar una averiguación previa que se inventa pruebas y testigos que convierten al ciudadano en delincuente. El gobierno, entonces, procurador de justicia y principal infractor de la ley, que provoca la insurgencia ciudadana y aplica el garrote o la justicia y gracia de Benito Juárez a su conveniencia y con los tribunales y jueces locales a su entera disposición.
Mientras espero a Adán y a Paúl, entonces, doy vuelta a la figura de las varas y las medidas de la justicia en Puebla. Y la acción criminal que tiene a los señores Adán y Paúl Xicale en la cárcel.
Represión y cárcel contra opositores al parque turístico en la Pirámide de Cholula
El próximo martes 6 de octubre se cumple un año de la movilización social del pueblo de San Andrés Cholula que se plantó frente a sus palacio municipal en contra del proyecto de parque turístico propuesto por el gobierno de Rafael Moreno Valle. Un proyecto impuesto, no consensado, que viola la ley federal sobre el patrimonio histórico de México y que desconoce la realidad cultural de los pueblos cholultecas, y que provocó la reacción popular en contra y un alud de movilizaciones de los grupos civiles organizados en defensa de la Pirámide y su templo de Los Remedios. Una reacción civil legal organizada en grupos como Cholula Viva y Digna que logra vincular pobladores antiguos y residentes nuevos en un movimiento pacífico fincado en las raíces culturales de los pueblos originarios. No lo entendió así la autoridad estatal acostumbrada al sometimiento de los gobiernos campesinos.
Por la mañana de ese día 6 de octubre de 2014, luego de varios meses de movilización en el entorno de la Pirámide, los descontentos se plantaron frente al palacio municipal y sellaron sus puertas. Los funcionarios desalojaron por su propio pie, y sin ser objetos de violencia física alguna, como lo relataron los distintos medios de comunicación presentes y los videos realizados por cámaras y teléfonos de todo tipo. El grupo, por unas horas, bloqueó el Periférico a la altura de la avenida Camino Real a Cholula. Por la tarde noche se llevó a cabo en la oficina de la parroquia una reunión entre el alcalde Paisano y los descontentos, en la que un representante de la Secretaría de Gobernación estuvo presente. La reunión terminó sin acuerdo y en medio de reclamos de los pobladores a su presidente. No hubo violencia alguna que registraran los medios de comunicación presentes.
En la madrugada del día 7, un operativo de desalojo realizado por la fuerza pública terminó con la detención de Adán y Paúl Xicale y los hermanos Albino y Primo Tlachi, contra quienes el Ministerio Público abrió dos órdenes de averiguación por los delitos de motín, ataques a las vías de comunicación, despojo y daño a propiedad de particulares en un proceso lleno de irregularidades y que ha derivó en dos amparos otorgados por la justicia federal a los señores Xicale. Los hermanos Tlachi, acusados exactamente de lo mismo que Adán y Paúl Xicale, fueron liberados meses después de su detención sin explicación alguna por el mismo juez que perdió los amparos interpuestos por la defensa de los cuatro cholultecas.
Sin embargo, y contra lo que la ley les ha reconocido, Adán y Paúl siguen en la cárcel por decisión de un juez que bien expresa el sometimiento del poder judicial en Puebla al poder ejecutivo en el Estado.
Y su caso no es distinto de los también reconocidos como presos políticos: los presidentes auxiliares de Chalchihuapan, Canoa y La Resurrección, y el dirigente histórico de la organización popular 28 de Octubre, Rubén Sarabia (Simitrio) y su hijo.
Un gobierno, entonces, que no mide con la misma vara ni procura la justicia a la que por ley está obligado.
Dos ejemplos recientes de estallidos sociales no penalizados por el gobierno:
Constructores descontentos bloquean por nueve horas el Periférico
El pasado martes 8 de septiembre, empresas contratistas, descontentas por los adeudos que por obra contratada y realizada para el gobierno estatal en la reconstrucción del Periférico en los cruces cholultecas de San Andrés y San Pedro, bloquearon por nueve horas esa avenida. No hubo movilización de granaderos, ni detenidos, ni nada que manifestara una postura gubernamental ante la acción del bloqueo.
Los bloqueadores tenían sus motivos, y ellos mismos me lo explicaron en un mensaje electrónico. El texto es largo, pero explica con certeza las motivaciones que encontraron para tomar la medida extrema de bloquear el Periférico:
“Como bien es sabido el éxito o fracaso de una empresa radica en el servicio que proporciona y la seriedad con la que trabajan. Dice el dicho que la mejor recomendación es la que se da de boca en boca, es por ello que escribimos esta nota, para hacer saber que la empresa regiomontana Productos y Estructuras de concreto, S.A de C.V (PYECSA) es 100% responsable en la falta de pagos a sus contratistas poblanos. El pasado 26 de diciembre de 2013 PYECSA la empresa regiomontana cuyo apoderado legal es Abraham García Cavazos, propiedad de Gustavo Cavazos Marroquín y representada por José Oswaldo García Cavazos, fue la elegida y vino a acaparar las obras de Puebla refiriéndonos en particular a la modernización del Distribuidor vial Cholula, la modernización del periférico en el tramo recta a Cholula y parte de la línea 2 del metro bus. PYECSA subcontrató con gente y contratistas locales, y a pesar de ser una empresa con buenos ingresos y alta infraestructura, cayó en prórroga de pago a dichos contratistas incumpliéndoles y con ello incluso hubo atrasos en la entrega de la obra.
Para lograr terminar la obra siguieron pidiendo apoyo económico de los contratistas para que éstos financiaran las obras, comprometiéndose a dar el total del monto que se le debía a cada uno, situación que no fue cierta. La obra del distribuidor vial concluyó en octubre de 2014 y a 11 meses de terminada la obra NO SE HA CONCLUIDO EL PAGO A LOS CONTRATISTAS POBLANOS. Para darle solución a esta situación, se ha intentado contactar a personal de la Secretaria de Infraestructura, específicamente con el Ing. Efraín Santos, el cual se ha negado rotundamente a reunirse con los contratistas. Él, Efraín Santos, se sabe de buena fuente, que tiene acuerdos con el Ing. Pablo López y El Ing. Eduardo Sepúlveda ex trabajadores de PYECSA para salir beneficiados con más obras y pagar menos de la deuda.
“EN CUANTO A LA MODERNIZACIÓN DEL PERIFÉRICO PYECSA TIENE ADEUDO CON LOS CONTRATISTAS POBLANOS LOS CUALES ASCIENDEN A $25 MILLONES.
“Los contratistas intentaron de buena fe llegar a acuerdos con PYECSA y se comunicaron con personal de la misma quienes nuevamente dieron largas y largas y apuntan a la SCT como la responsable, por falta de pagos, Secretaria que aseguro que la obra ya fue pagada en su totalidad.
“Es por ello que ante la falta de pago a los contratistas Poblanos, de los cientos de familias que están resultando perjudicadas y en defensa del trabajo realizado y los servicios prestados a PYECSA, alrededor de 100 contratistas y sus trabajadores realizaran un cierre de vías en el periférico de Puebla. Exhortamos a la empresa a pagar a los contratistas poblanos.”
No hubo respuesta pública alguna a las demandas expresadas por los empresarios constructores, quienes no encontraron otra opción para manifestar su reclamo que el del cierre de la más importante vía de comunicación en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Ni la más mínima información de que se haya abierto averiguación previa alguna por lo que a todas luces fue “un ataque a las vías de comunicación.” Con qué gusto la firmaría cualquier abogado de traje y corbata y máquina de escribir antigüita y cargo de Ministerio Público.
Pero la orden nunca llegó de arriba. La vara justiciera no encontró motivos.
8 de septiembre: contratristas bloquean por nueve horas el periférico.
Revuelta popular en Chietla contra la violencia criminal termina en balacera, toma de la alcaldía y creación de autodefensa
Sábado 19 de septiembre por la noche en el pueblo cañero de Chietla, en el sur del estado de Puebla: el crimen de la anciana Alberta Cortázar, cometido por maleantes no identificados hasta la fecha, provoca una revuelta popular que acaba en balacera entre pobladores y policías municipales, incendio de patrullas y vandalismo contra las oficinas principales de la alcaldía.
En Chietla, tras la balacera con los policías, la furia no se contiene.
“¡Mátenlos, son los policías, mátenlos!”: en Chietla nos asomamos al abismo
La causa del estallido que ha derivado en la toma de la presidencia y la instalación de retenes a la entrada del pueblo me la explica un conocedor de la realidad en esa región cañera:
“El problema empezó por la inseguridad en todo el municipio –me dice un amigo en Chietla--, las autoridades permitieron que proliferara la venta de droga indiscriminadamente, y ya no mariguana sino cocaína. Eso y la falta de empleo por tener una economía de seis meses atada al ingenio: el dinero de la zafra se va en pagar las deudas que acumulas cuando la fábrica está parada. La consecuencia está en los delitos de todo tipo, y a pesar de las pláticas entre el pueblo y las autoridades municipales y haber llegado a acuerdos, el presidente nunca cumplió. Ocurrió entonces el robo y asesinato de la señora Berta, una mujer de más de ochenta años, y la población respondió apoyada por la gente de las juntas auxiliares, se organizó para detener a los responsables que se decía estaban todavía escondidos en la casa de la difunta, solicitaron el apoyo del presidente que ahora dice que estaba en una reunión de trabajo, cuando en realidad estaba en un jaripeo resguardado por las patrullas que deberían estar resguardando la seguridad del municipio. Esto provocó el malestar de la gente, y al cuestionar al comandante de guardia y no obtener respuesta desató la violencia que quiso detener la policía disparando, pero los pobladores respondieron de la misma manera, poniéndolos e fuga. Eso es lo que está a la vista en el video. A la fecha la situación no ha cambiado, la presidencia sigue tomada por pobladores. Sería fabuloso analizar la situación socioeconómica de la región, ese es en realidad el detonante de todo lo que sucede, no es posible que mucho más de cien mil habitantes de la región cañera solventen sus necesidades con seis meses de trabajo y seis meses de desempleo total. Hace falta más que un ingenio para mantener a la región cañera.”
Diez días después, y en claro reconocimiento de que lo ocurrido es un conflicto social, en la secretaría de Gobernación en Puebla se habla de la necesidad del diálogo y la conciliación en Chietla. No hay averiguación previa ni delito que perseguir, no hay movilización policiaca ni órdenes de aprensión. 
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No es un asunto sencillo. A la hora de la lucha por la sobrevivencia todos los ciudadanos nos asomamos al abismo de la infracción de la ley. Y como si nos reflejara el espejo de nuestra incertidumbre, lo que encontramos es que el que procura la justicia y el que está para aplicar la ley es el principal infractor.
Sus razones tuvieron los enfurecidos pobladores de Chietla. Y qué duda puede haber de que a los constructores no les pagaron su trabajo en la obra del Periférico. Y vandalizaron la presidencia los primeros; y cerraron un día entero con sus camiones la avenida los contratistas. Y por la noche regresaron a rumiar sus cuitas a sus casas.
En su enojo, esos ciudadanos, como en incontables expresiones del descontento social, violaron la ley, afectaron derechos de terceros, destruyeron la propiedad pública y lo que resulte, diría el abogado Ministerio Público experto inventor de averiguaciones previas. Pero el gobierno, como el mismo leguleyo expondría, no ejerció acción penal alguna.
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Sigue la lluvia fina sobre el patio en el penal de San Pedro. Observo el trajín de los presos en esta mañana de visita. Ya las mesas que rodean la cancha están dispuestas y los reos-meseros atienden a la clientela.
Adán Xicale llega. Su rostro sereno envuelve mis reflexiones, y en él no hay vara que mida su temple. No cometió delito alguno. Ha defendido el derecho de su pueblo a enfrentar una imposición del gobierno. Y ya ganó en los juzgados dos amparos federales. El, al igual que su hijo Paúl, es una víctima del comportamiento extremo de Rafael Moreno Valle.
Y el juez, que sabe con qué vara se mide la justicia en Puebla, los mantiene en la cárcel.