No es sencillo alumbrar este complejo proceso que en la última década se ha desarrollado en la Sierra. Entre los proyectos mineros y los hidrológicos corre una línea común: la desinformación. Y con ella la especulación, la incertidumbre y el riego de conflicto social. Y todo ello con un común denominador: la ausencia de una política de Estado para la Sierra Norte fundada en una visión estratégica del desarrollo social y ambiental asumida de manera democrática por la sociedad poblana.
Pero pareciera que si hay tal política: la del desarrollo económico a partir de proyectos industriales impulsados por los gobiernos federal y estatal, asumidos o cuestionados por los gobiernos municipales, y que encuentran un significativo rechazo por las comunidades en las quieren asentarse. Los municipios de Tetela, Zautla, Ixtacamaxtitlán, Ahuacatlán, Zapotitlán, Xochitlán, Huitzilan, San Felipe Teopantlán, Tlapacoya, Galeana, Olintla, Jopala, con centenares de comunidades perdidas en las cañadas de los ríos Apulco, Ajajalpan y Zempoala han visto venir los proyectos sin otros recursos que los de sus organizaciones civiles, en confrontación o el alianza con sus gobiernos municipales, han expresado de muy diversas formas su rechazo a estos llamados megaproyectos --“proyectos de muerte”, les llaman también--, y han planteado la necesidad urgente de discutir en forma inteligente los retos que enfrenta la Sierra de Puebla.
Y todo pasa por la información.
Veamos el proceso de uno de los tres proyectos hidrológicos para la generación de energía eléctrica sobre la cuenca del rio Ajajalpan:
La Central Hidroeléctrica Xochimilpa, presentado por la empresa Generadora de Energía Xochimilpa, S. de R.L. de C.V., subsidiaria del Grupo México, con la categoría de “Pequeña Hidroeléctrica (PH) de Autoconsumo”, de 23.07 Megawatts, “en la subcuenca del río Laxaxalpan, entre las poblaciones de Xochicuautla (Ahuacatlán) y San Cristóbal Xochimilpa (Zacatlán). Con un área de embalse de 8,375 m, una altura de cortina de 23 metros, un camino-canal de conducción de 84,434.9 m2 y una tubería de conducción de 1000 m2. Presentó su manifestación de impacto ambiental el 26 de abril del 2012. Así justificó su proyecto: Grupo México ocupa el tercer lugar entre los principales productores de cobre en el mundo, y por lo tanto es uno de los principales consumidores de energía eléctrica en el país, así que “es de su interés reducir el costo de la energía que consume”. Quiere entonces, producir energía, entregarla al Sistema Eléctrico Nacional y posteriormente deducir su precio de la facturación de CFE.
Y su propósito lo cumplen con la “existencia en la cuenca hidrológica del río Laxaxalpan de un importante potencial de generación de energía eléctrica que en la actualidad no es aprovechada”.
Y tras una detallada presentación de un diagnóstico de la vegetación, la fauna, la realidad socioeconómica y el medio físico --que en este reportaje presentamos en diagramas--, asi concluyen para resaltar las bondades del proyecto hidráulico:
“Tal y como se describe en los diagramas anteriores, el escenario actual del SAR presenta una situación de estancamiento ambiental y socioeconómico, debido a que, sin la implementación del proyecto, no se cuenta con un horizonte de cambio y desarrollo en el corto y mediano plazos.
Algunos de los factores más importantes que mantienen cautivas las detonantes del desarrollo ambiental y social son: las condiciones de la economía agrícola señaladas, la falta de recursos de inversión externa, los caminos deficientes, la inexistencia de cadenas productivas directas (lo cual genera el intermediarismo), y el cultivo de temporal y rústico de maíz cafetales y huertas; a ello habría que añadir el previsible aumento de residuos domésticos sólidos, los cuales son quemados, y los residuos líquidos que se depositan en letrinas o directamente hacia el río, así como el peligro latente de procesos de erosión que pueden verse incrementados por la precipitación o el viento y los constantes deslaves en el área.” (ver Resumen Ejecutivo MIA en http://app1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/pue/resumenes/2012/21PU2012E0009.pdf)
Así de fácil. Y para arreglar este panorama de pobreza y depredación social y ambiental está la iniciativa privada.
Pero su manifestación de impacto ambiental (MIA) --un muy elaborado documento de más de 400 páginas--, fue rechazada por la SEMARNAT el 6 de julio del 2012 en oficio S.G.P.A./D.G.I.R.A/5265 dirigido al Ing. Federico Schroeder Contreras.
Leo entre un denso conjunto de considerandos técnicos y legales la conclusión de uno de ellos: “Por los argumentos antes expuestos, esta DGIRA determina que la información contenida en el capítulo IV de la MIA-R carece de objetividad, sustento y evidencia técnica y científica, y por lo tanto contraviene lo dispuesto en los artículos 30, primer párrafo, de la LGEEPA, 13, FRACCIÓN iv Y 44 de su REIA”.
No es de fácil lectura el oficio de negativa a la autorización, y mucho menos lo es la propia MIA. Algo han traído estos proyectos industriales para las montañas. Como nunca se han estudiado sus bosques, sus suelos, sus aguas. Doy un ejemplo de la argumentación de los técnicos federales: En el considerando 6 del oficio de rechazo leo que la “promovente” ha manifestado que requiere la remoción total de más de 50 hectáreas de “Vegetación secundaria de tipo mesófilo de montaña de Aile (Alnus spp.), vegetación secundaria de Encino-Pino (Quercus spp. Y Pinus spp.), Comunidad riparia de haya (Platanus mexicana) y Cafetal”, pero que nada dice de la afectación que se provocará con el embalse de 8,375 m2. Según la DGIRA, la empresa “no presentó una diferenciación clara con respecto a la superficie requerida para cada una de la infraestructura necesaria para el proyecto en comparación con la vegetación (por tipo) que se verá afectada”. Y que omitió presentar las coordenadas geográficas de las poligonales y trayectorias de la infraestructura requerida. En ese considerando les dicen que no cumplen con los requerimientos señalados en los artículos 30, primer párrafo y 35, primer párrafo de la LGEEPA.
Y así. La empresa señaló que el proyecto se encuentra inmerso en la Región Hidrológica Prioritaria No. 76, Río Tecolutla, y en la Región Terrestre Prioritaria No. 102, Bosques Mesófilos de la Sierra Madre Oriental. Sin embargo, para la SEMARNAT, la MIA omitió señalar la importancia que revisten dichos sitios en relación a la biodiversidad presente en la zona. Y no estableció que el proyecto se traslapa con otros Sitios Prioritarios Terrestres SPT-6042, SPT-5998 y SPT-6130, ni las afectaciones que puede provocar en el área natural protegida “Cuenca Hidrológica del Río Necaxa”, que se encuentra a 14 kilómetros del sitio del proyecto. En este considerando la SEMARNAT concluye en que la “promovente no realizó un análisis de la importancia ecológica de las citadas áreas, ya que éstas son relevantes por su riqueza de especies y presencia de organismos endémicos, identificándose una alta diversidad, sin que la promovente realizara un análisis de la importancia que revisten estas regiones, así como sus condiciones ambientales actuales en relación con el grado de deterioro y/o conservación de los ecosistemas presentes en los mismos”.
Difícil sintaxis la de la SEMARNAT. Biólogos y abogados a cargo de la defensa técnica y legal de los ríos. Rechazo que es también un recuento de los faltantes que las empresas pueden solventar en una próxima intentona de asalto industrial a las cañadas serranas, y que seguramente aparecerán en los próximos meses en nuevas y más rigurosas MIA.
Por lo pronto, no hay noticia del Grupo México. Sólo el avance de sus Bulldosers.