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Martes 8 a mediodía. Rosalba Loreto no quita el dedo del renglón: me deja un mensaje escueto en el celular: “Recibí un oficio de parte del presidente municipal Eduardo Rivera en respuesta a una solicitud de información sobre la solicitud del uso del suelo, su cambio y licencias de construcción de la casona de la 8 Norte. Su respuesta es de que no es de su competencia y nos remite al licenciado Antonio Gali Fayad, así el desconoce su responsabilidad y viola sus obligaciones constitucionales que le corresponden respecto del otorgamiento de licencias de construcción y cambios de uso de suelo como Ayuntamiento de Puebla. El oficio es el número 4684/12.”
Tengo a la vista el documento: lo firma José Antonio Díaz García, Secretario Particular de Eduardo Rivera, y está dirigido con fecha 3 de enero al Secretario de Infraestructura del gobierno de Puebla, José Antonio Gali Fayad. Es un texto extraño, pues el gobierno municipal remite al funcionario estatal “por considerarlo de su competencia” el escrito en el que Rosalba solicita copias de licencias de construcción, de demolición y de cambio de uso de suelo del inmueble ubicado en la Calle 8 Norte 412, así como la suspensión inmediata de dicha obra y que se presente el proyecto de restitución del inmueble”.
El Ayuntamiento, tan atrapado como el INAH con los dedos en la puerta de la casona del Torno. Recurro a los regidores. Consigo lo dicho por David Méndez en una sesión de cabildo en noviembre, del que recojo algunas frases:
Nuestra ciudad es considerada patrimonio histórico de la humanidad. Nuevamente el patrimonio de todas y todos los poblanos se ve transgredido por las obras que está realizando el gobierno del estado, encabezado por la Secretaría de Infraestructura y por su secretario el señor José Antonio Gali Fayad, ahora con la construcción del denominado teleférico que desciende, según tenemos entendido de la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe al pleno centro Histórico de nuestra, y cuyo resultado hasta el momento es la destrucción total de la casa localizada en la 8 norte 412, inmueble identificado desde el decreto de 1977 como una estructura relevante con elementos de los siglos XVII y XVIII.
Es claro que la normativa exige que toda realización de obra pública y privada cuente con los permisos y licencias de autorización de este Ayuntamiento situación que una vez más es violentada en este caso, esta obra no cuenta con estas autorizaciones por lo tanto se está haciendo en la ilegalidad, se acaba de destruir una edificación catalogada como monumento histórico y por lo tanto esto constituye un delito del orden federal que amerita la sanción correspondiente.
Quiero hacer un llamado para exigir que se detenga este atentado sistemático contra el patrimonio de nuestra ciudad para que a la brevedad se determine la restitución de estos elementos y de estos inmuebles históricos y para que se dé cabal cumplimiento a la normativa de nuestro municipio, no puede ser que de manera flagrante, sistemática, reiterada, quienes tenemos en los distintos órdenes de gobierno la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley seamos los primeros omisos precisamente en su observancia y estemos generando un daño a un patrimonio que nos fue heredado, que no somos nosotros quienes lo edificamos ni quienes los construimos pero que si tenemos la obligación de cuidarlo y preservarlo para las futuras generaciones.
No le hicieron caso entonces. Quién lo hará ahora. Me entero que entre el 18 y el 21 de noviembre los responsables del proyecto en el gobierno de Moreno Valle entregaron parte de la documentación para solicitar las licencias de construcción de una obra que ya tiene para entonces avances sustanciales. Pero no presentan la autorización del INAH, que no tienen, y por lo tanto tampoco la Manifestación de Impacto Ambiental indispensable para iniciar la obra.
¿Dónde quedó la bolita? El INAH no ha autorizado el proyecto. El gobierno estatal presenta la solicitud de licencias sin la autorización del INAH. El Ayuntamiento no puede otorgar los permisos de construcción, demolición y cambio de uso de suelo sin el dictamen federal.