La vida de un proyecto gubernamental en Puebla puede ser larga, pero arranca siempre de la misma manera: sin permisos institucionales y sin consensos claros sobre su viabilidad. De cuando en cuando, también, con la movilización ciudadana que con acciones legales enfrenta a los hombres en el poder.
La vida en una ciudad es breve y se puede apreciar al vuelo de una semana de disputas por un proyecto gubernamental que transforma gravemente la idea que tenemos de la conservación del patrimonio arquitectónico y artístico y el uso que los ciudadanos le damos. El Teleférico de Puebla.
La vida de una ciudad puede ser larga, pero estará siempre sometida a un interrogante simple: cómo salva su pasado con verdaderos proyectos de futuro. Y a una respuesta grave: que la historia y la cultura son una razón de Estado.
Así lo ha dicho, como veremos, el nuevo Director General del INAH, el etnólogo Sergio Raúl Arroyo.
Esta es una historia breve en la que precisamente las instituciones del Estado han violentado la ley: la Secretaría de Infraestructura estatal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipal, el Centro INAH Puebla federal. Federación, estado, municipio.
Esta es la historia corta de una semana en la que tres mujeres de la sociedad civil se han enfrentado al gobernador Rafael Moreno Valle ante la justicia y con la ley en la mano. Tres académicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con reconocido prestigio nacional. Sí, de la BUAP, la institución de educación pública del Estado, la principal impulsora del reconocimiento de la ciudad como patrimonio histórico de la humanidad en 1987, y que en este enredo ha guardado un irresponsable silencio.
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Martes 8 de enero. A las tres de la tarde no se mira a nadie en la obra de construcción de la última de las torres del teleférico, la que se levanta sobre el terreno en el que algún día estuviera la Antigua Casa del Torno en el Barrio del Artista; los albañiles no se han trepado hoy a la maraña de varillas que forman la cimbra para la estructura de concreto que soportará la torre de veinte metros, justo en la esquina sur del Teatro Principal. El gobierno de Rafael Moreno Valle ha decidido acatar la orden del juzgado federal Cuarto de Distrito que suspende provisionalmente la obra hasta en tanto se determine si la casona era o no monumento histórico catalogado. El evento ha provocado dos días de intenso revoloteo de los medios, felices de observar a los funcionarios del INAH, del Ayuntamiento y del propio gobierno estatal, uno por uno, con los dedos de la ilegalidad de la construcción atrapados en la puerta de la justicia. Pareciera que sólo así, con la intervención de un juez, se puede discutir a fondo un proyecto.
No sé en qué acabe el pleito, pienso al seguir en detalle el mamotreto gris atrapado en una empalizada de madera que lo rodea. Probablemente los políticos se saldrán con la suya, pedirán perdón, en todo caso pagaremos con los impuestos la multa que imponga la justicia, volverán a pedir perdón y supongo que algo inaugurarán para el arranque del tianguis turístico en primavera.
Pero sí sé que si el centro histórico de la ciudad en que vivo desde hace 58 años ha resistido los embates de los políticos se debe a la movilización y terquedad de lo que con toda certeza llamamos sociedad civil organizada.