Hoy, último día del mes de Febrero, bajo el sol intenso del mediodía, peregrinamos nuevamente los cholultecas a la cima del gran Tlachihualtpetl para pedirle ayuda en su Santuario a la patrona de los pueblos de este gran valle de Cholollan. Nuestra Señora de los Remedios atestiguó que los cholultecas llenamos su templo, cubriendo también el espacio abierto del atrio donde cobijados por un cielo azul y una brisa cálida repetimos ante Ella una petición unánime: que se suspendan alteraciones y construcciones comerciales sobre suelos circundantes de su Santuario y se libere a los cuatro cholultecas, Adán Xicale, Paul Xicale y Primo y Albino Tlachi del injusto encarcelamiento que sufren desde Octubre de 2013 por haberse manifestado pacíficamente en contra del Parque Intermunicipal.
El Capellán Otilio Chantes Rosas leyó renuente (y con algunos balbuceos de censura) esa expresa y puntual petición que le hacíamos a la Virgen y antes de iniciar la misa. Cetros y platos dieron cuenta de la presencia de varios barrios de San Pedro, de pueblos de la gran Cholollan así como de los barrios de San Andrés Cholula que llegaron en mayoría. El Fiscal Segundo de san Andrés Cholula, al final de la misa, tomó el micrófono y dijo que a pesar que el Fiscal Primero y Leoncio Paisano hicieron un llamado para que no asistieran a la misa allí estábamos los cholultecas ante nuestra Patrona de Cholollan reclamando Su protección y justicia. Los presos políticos cholultecas, es importante recordar, son miembros reconocidos y queridos de nuestra comunidad cholulteca y además devotos servidores de cargos religiosos en sus barrios. No son criminales como ha inventado Leoncio Paisano; ni son “presuntos responsables de delitos del fuero común” como afirmó Luis Maldonado Venegas y no son responsables de los absurdos cargos que les han inventado. Son solo cholultecas que ejercieron su derecho constitucional de manifestarse pacíficamente ante actos de gobiernos que afectan nuestro patrimonio cultural común. Y están presos en condiciones inaceptables, uno de ellos con apenas 24 años cumplidos, por haberse comportado como ciudadanos ejemplares anteponiendo el bien común sobre el individual. Y para más injusticia están presos por exigir respeto a la ley que protege estos suelos arqueológicos desde 1993 y bajo tutela/manejo del INAH federal. Porque el INAH que es la institución con mandato constitucional para proteger patrimonio cultural de la nación otorgó permisos que ha permitido al gobierno de Rafael Moreno Valle y de Leoncio Paisano continuar con la destrucción arqueológica en el entorno del Santuario de la Patrona Remedios. Esta destrucción indigna y moviliza también a muchos investigadores del INAH: ningún antropólogo, arqueólogo, historiador o arquitecto restaurador, en buena conciencia, puede avalar estas supuesta obras de “remozamiento” y “jardinería” que están derramando toneladas de cemento sobre el edificio piramidal además destruyendo adobes y aplanando plataformas prehispánicas. Pero la presencia de un subcontratado del INAH en la zona intervenida y un permiso difuso del INAH al Gobernador permite a CAPCEE cubrir en apariencia los requisitos de ley para continuar con la destrucción patrimonial en la zona ceremonial de las Cholulas. El sometimiento del INAH para avalar estos proyectos destructivos de Rafael Moreno Valle y Leoncio Paisano en las Cholulas no tiene su origen en la decisión e intervención razonada de propuestas de los investigadores del INAH y de los ciudadanos afectados de las Cholulas. Sino en las negociaciones de los directores regionales y federales con el gobernador de Puebla; porque el INAH no tiene autonomía (como lo ha logrado el INEGI o tiene el Banco de México) de los poderes e intereses políticos que deciden los nombramientos de sus directivos. Largo tiempo el INAH se ha convertido en una institución que negocia y no defiende el patrimonio nacional. Sujetos los nombramientos de sus directores y coordinadores a decisiones de políticos, bajo tutela jurídica de la SEP y CONACULTA, esta noble institución carece de independencia para ejercer con imparcialidad su mandato constitucional de protección del patrimonio cultural. Y así todas las decisiones que toma no emanan del consenso razonado de sus investigadores e investigaciones; sino de los directivos federales y estatales, que son en los hechos empleados del Presidente de la República o de los gobernadores y contratados para servirles a ellos y no al patrimonio de la nación. Por eso la defensa del patrimonio cultural de México- como la defensa del patrimonio cultural de las Cholulas-recae hoy en los ciudadanos y- como demuestra el caso de los cuatro cholultecas presos que hoy encomendamos a la Virgen de los Remedios- a gran riesgo de nuestros derechos humanos y civiles.
Otra consecuencia de esta condición supeditada del INAH a poderes e intereses ajenos a su mandato constitucional es la corrupción y degradación que ello ha impulsado al interior del propio instituto. Para dar un ejemplo que yo personalmente pude constatar refiero el hecho que desde marzo 2012, cuando nos enteramos del dispendio que se proponía el gobernador Rafael Moreno Valle con la construcción de un viaducto elevado (el Viaducto Ignacio Zaragoza) en la zona de monumentos de la Ciudad de Puebla ( y posteriormente con la construcción de torres para un teleférico recreativo) solicitamos (algunos periodistas y yo con ellos) la documentación oficial y académica, a través del IFAI, de los peritos que firman los permisos para estas obras publicas destructivas del patrimonio edificado en Puebla. Descubrimos por ejemplo (aunque ya muy tarde para utilizar estos documentos en la defensa de la zona monumental de Puebla) que el coordinador de Monumentos Históricos del Centro INAH-Puebla, de nombre Jorge Salgado Tlahuis, tenía falsificada una titulación en arquitectura además de otras otras irregularidades en las titulaciones y calificaciones académicas, por ejemplo, de José Martin Limón Osorio. Esta irregularidades e ilegalidades debían ser del conocimiento del director regional (esta información viene detallada en reportajes periodísticos de e-consulta del 23-24 de febrero) pero son sus firmas como peritos las que permitieron al delegado regional Ortiz Pedraza girar los permisos para la realización de viaductos elevados en zona arqueológica y de protección monumental en Puebla y las Cholulas. En Febrero 2014 quisimos utilizar esta información para sustentar un amparo que detuviera el viaducto elevado que el gobernador Rafael Moreno Valle construyó en las Cholulas porque todos sabíamos desde 2009 que ese subsuelo es de gran importancia arqueológica, es parte del entorno del ameyal de San Juan Aquiahuac y está a menos de 500 metros de la gran pirámide (pero el abogado que contratamos, a pesar de insistir en lo contrario, nunca interpuso el amparo y se apropió de la documentación que ya no pudimos rescatar).Estas prácticas corrompen a esa noble institución pero benefician a los políticos, comerciantes, constructores que exigen de ellos permisos que investigadores serios del INAH nunca otorgarían. Los títulos falsos o inexistentes de estos peritos son uno de muchos caminos que convierten también a estas personas en rehenes de intereses ajenos a la defensa patrimonial. Aunque ellos solo son el eslabón más débil o menos importante de prácticas corruptas en contrataciones que se inician y decide mucho más arriba en el INAH. En estas irregularidades hay co-responsables y esos están en puestos directivos regionales o federales del INAH pero también en instituciones gubernamentales externas.
El mayor peligro para México y su cultura está precisamente en la corrupción y en el sometimiento de una institución creada expresamente para defender, no negociar, nuestro patrimonio cultural. Existe urgencia, por eso mismo, de rescatar al INAH con un estatuto legal de autonomía que la vuelva independiente para que allí se tomen decisiones en defensa del patrimonio cultural de México. Las decisiones del INAH deben partir de sus consejos de investigadores no de las negociaciones políticas que su burocracia chambista realiza. Toca a los antropólogos, arqueólogos e investigadores que laboran en el INAH recuperar su institución en el espíritu de la ley constitucional que la originó para el bien de todo México.
Porque si el INAH, hoy, hubiera hecho su trabajo en Cholula con independencia, hubiéramos podido participar los cholultecas afectados, más los especialistas que residimos en las Cholulas con los investigadores del INAH, en la implementación de proyectos de rescate y salvamento en beneficio de la cultura y nuestra comunidad. Y no tendríamos la situación actual: los proyectos ocultados a los ciudadanos, los especialistas que aquí residimos constatando la destrucción arqueológica mientras todos los involucrados la niegan; y movilizados todos por las injusticias a cuatro cholultecas presos por haber hecho una defensa de la ley patrimonial.