“Señor Murillo Karam, soy Natalia Beristáin y yo también ya me cansé. Me cansé de los mexicanos desaparecidos, de los feminicidios, de los muertos, de los decapitados, de los cuerpos que cuelgan de los puentes, de las familias rotas, de las madres sin hijos, de los hijos sin padre. Me cansé de la clase política que tienen secuestrado a mi país, de la clase que corrompe, que miente, que asesina. Yo también ya me cansé” (Del video #Yo ya me cansé)
Dos rutas: A la vez que creció la indignación social en la tercera jornada global por Ayotzinapa (115 instituciones educativas convocadas) y la respuesta al Informe Murillo Karam (sábado 8 y domingo 9), el Gobierno Federal ya envuelto, y a su pesar, en este conflicto, inició una ofensiva política y mediática a gran escala. Son dos rutas que atraviesan el mismo y delicado espacio, el de la justicia. Según los padres de familia de los estudiantes normalistas no se procura justicia. Según el gobierno federal se está cumpliendo con ello. Se abre entonces un litigio que divide a la sociedad, a la opinión nacional y global, como no lo hicieron temas trascendentales como las llamadas reformas estructurales. Dos rutas diferentes y en ocasiones opuestas en el suelo frágil de la violencia y el hartazgo mexicano.
La brecha crece: en la segunda jornada global parecía que la gran ola reventaba a escala de Guerrero y quisieron aprovecharla para hacerla coincidir con la renuncia del Gobernador Aguirre. Ahora, en la tercera, cuando se exhibe la aprehensión del Presidente Municipal de Iguala y su esposa, fabricados mediáticamente como principales responsables de la masacre contra los normalistas, la ola encrespada rebasa el territorio guerrerense y estalla contra el Presidente de la Republica, desvalorizado a más de un mes de mostrar la irresponsabilidad (“es un caso local”) y la incompetencia de su sistema de aplicación de justicia. “Si Enrique Peña Nieto no puede localizar a nuestros hijos, ¡que se vaya!” expresaron en las marchas los padres de familia. Y además se reitera la petición de recurrir a instancias globales para procurar y lograr justicia. A más de 40 días de la desaparición de los normalistas, la brecha entre sociedad e instituciones se ensancha y alcanza una dimensión nacional.
Ampliar el horizonte: entre el 26 y 27 de septiembre ocurrió la masacre de estudiantes normalistas de Ayotzinapa en las calles de Iguala y un páramo cercano a Cocula en el norte guerrerense. Y se fue abriendo paso, como ocurre con el dolor de los humildes, gracias a la resistencia y presión social que llegó incluso a incendiar palacios de gobierno y del partido gobernante, el PRD, en Guerrero. Hasta ocupar el centro de la agenda nacional, con la enorme ayuda de una reacción global ante el horror de los hechos. La desaparición de 43 jóvenes normalistas hizo vibrar a la montaña de desaparecidos acentuada desde la “guerra al narcotráfico” y que llega a los 22 000 casos. De ese abismo de horror se abrió el litigio sobre la justicia y varias exigencias que llevan el embrión de una refundación de la política corrupta, de asociaciones peligrosas y de impunidad que ahora gobierna. Se amplió el horizonte para lograr justicia y regenerar el país gracias a las olas sociales y la vigilancia global.
La operación alfombra: es en ese boquete de credibilidad y de confianza donde quiere operar la ofensiva gubernamental. En dos ocasiones recientes, y mirando hacia los inversionistas globales, anunció sendos dispositivos jurídicos para dar garantías ya vigentes en las leyes a los grandes dineros y a su convergencia con el gasto público. Y en un supuesto timing político, colocó a la par las aprensiones de los supuestos responsables y el llamado a los partidos y organizaciones sociales a un pacto político por la seguridad. ¿Qué se propone hacer? Para decirlo en breve se trata de regresar al espanto de la vida cotidiana a donde según ellos, debe estar, debajo de la reluciente alfombra tejida para recibir la inversión global. Se quiere:
- Promover un desplazamiento de la agenda pública y de la opinión, que ahora gravita en torno al horror y la imposibilidad de justicia, mediante la creación política y mediática de otra realidad virtual, “ya se hace justicia”, con tres vertientes muy difundidas: la presentación de los “responsables”, 70 personas encabezados por el Presidente Municipal (al que aún no se acusa por el delito de la masacre, sino por crímenes anteriores), policías municipales y sicarios de la banda “Guerreros Unidos”; luego los paquetes de ayuda y asistencia a las familias afectadas y sujetas al acuerdo con ellos, y su cierre de oro, una “storytelling”, una historia periodística completa, con aprehensiones de tres supuestos ejecutores directos, confesiones videograbadas y difundidas, fotos y mapas de tiempo y de lugares. Con esa perla se intentó y en ocasiones se logró, espantar y deprimir a una sociedad con síntomas de encrespamiento, al menos eso pensaron. Un verdadero apaleo a la opinión pública con un relato de cine gore. Según sus estrategas, con estas tres vertientes el gobierno puede ganar el litigio abierto sobre la justicia, que no debe desbordar al “caso” criminal de Ayotzinapa y de sus responsables locales.
- También se proponen repetir su éxito global ya probado con las reformas estructurales, que surgieron, dicen, de un pacto entre partidos plurales y gobiernos. Ahora el tema es la Seguridad, y se habla de un pacto sobre seguridad donde las fuerzas vivas (gobiernos, partidos, empresarios, organizaciones civiles, medios de comunicación) traten de ocultar el disenso real que recorre a la sociedad, con un consenso virtual. Es una variante interesante, no se reitera la militarización y el gobierno policiaco (aunque no se abandone y más bien se perfeccione la maquinaria guerrera) sino que, apabullados por la pugna creciente sobre la justicia, se proponen una ruta política y civil como justificación para la maquinaria guerrera intacta en sus asociaciones peligrosas con poderes de facto y ya instalada en casi todo el territorio mexicano. Persigue el Pacto encerrar el reclamo ciudadano y sus ecos globales que tanto duelen dentro del muro de nopal de los acuerdos nacionales entre los que de antemano están de acuerdo.
- Y pasar al desprestigio de la gran ola social y a su litigio por la justicia con un recurso impresentable que irrumpió el primer día presidencial de Peña Nieto, los grupos de jóvenes embozados que atacan con bombas molotov y arremeten contra las fuerzas policiacas a fin de provocar a la violencia institucional que barre de preferencia con los inocentes. Unos peculiares “anarquistas” que operan con precisión quirúrgica para inocular la violencia. El día de la tercera jornada global por Ayotzinapa se quemó una estación del Metrobus con todo y bus. El sábado posterior al Informe Murillo Karam se quemó la puerta del Palacio Nacional. Cualquier estallido de violencia presuntamente desde la ola social servirá para esta ofensiva del gobierno, le ayudará a que se apodere del tema de la justicia. Les urge manchar el reclamo de la ola social por la justicia que se expande y gana adeptos impensables con estallidos de violencia que la aíslen, y en el extremo, provoquen su repulsa ciudadana.
¿Síntomas de un Tsunami?: a escasas horas de la conferencia del Procurador y guionista Murillo Karam, quien para dar por terminada su conferencia de prensa y rechazar más preguntas de los periodistas dijo un coloquial ya me cansé, la respuesta social es instantánea, escala un trending topic a nivel nacional y global que se titula # Ya me cansé, donde voces ciudadanas dicen en muchas variantes y tonos, ya me cansé de esta trituración del país y de su gente. Los padres de familia rechazan esta otra muerte virtual sin pruebas. Amnistía Internacional se distancia. Las redes sociales convocan a una marcha que abarrota la ruta histórica (Reforma, Juárez, 5 de mayo y Madero, el Zócalo) el sábado 8 en la noche. En lugar de calmarse, la ola vibra y avisa de un grave desencuentro. “Ni PRI ni PAN ni PRD” dijeron los estudiantes y los diversos marchistas en la tercera jornada global. Las palabras de los padres de familia, los discursos pronunciados en un Zócalo ardiendo en la noche (“los hechos de Iguala son un crimen de Estado […] Simboliza cómo se gobierna en este país, con violencia y corrupción […] Queremos decir: ¡ya basta!”) iluminan el hartazgo ciudadano ante el quiebre institucional que se vive, no para las fuerzas vivas globales y locales, sino para el ciudadano común y corriente. No se trata de una idea política o conceptual sino de una experiencia dolorosa y crónica. En lugar de cerrar la brecha la ampliaron. En lugar de calmar la agitación la encresparon.
Exigir en paz la Justicia: ¿Es una confrontación abierta con las instituciones o el inicio en serio de una regeneración de ellas? Lo difícil de esta circunstancia que vivimos, es que son ambas cosas. A ello obliga el proceder de gobiernos, partidos y congresos que no puede colocarse en ese terreno de la experiencia ciudadana. De ser así, procederían a una regeneración a fondo y plena, de esa institucionalidad delincuencial, de asociaciones peligrosas, de manga ancha corrupta. Pero el Pacto por la Seguridad va a hacer exactamente lo contrario, va a tejer la alfombra para los de arriba y a encerrar debajo a los de abajo. El problema no es sólo moral sino de constelaciones de fuerzas e intereses que se lo impiden. Por esa inercia del poder de salvarse primero ellos y sus beneficiarios, ahora es fundamental que la ola encrespada supere de modo pacífico -como dice y quiere ella misma-, a ese cerco perverso. De ahí la importancia de esa ruta autónoma que reiteran los padres de familia y que ahora se propone escalar la ola en una fecha emblemática, el día de la revolución mexicana. En palabras de los padres de familia, en caso de no tener respuestas precisas, se convocará a la cuarta jornada global el 20 de noviembre. Para abrir el horizonte, hay que, de manera pacífica y firme, confrontarse. No al Pacto pues.
La Justica que rehaga al país: lo que está en juego, en esta ampliación del horizonte de lo posible en nuestro país que lograron las marchas de jóvenes, estudiantes y ciudadanos, es si prosigue esa combinación de orden en los negocios y desorden en la sociedad que se propone el Gobierno y los partidos beneficiados por ese statu quo, o se abren brechas para su reorganización digna y humana, a escala de la gente común, el supuesto soberano. Hay en curso un encontronazo entre la justicia verdadera y el “consenso virtual”. Quieren “achicar” la masacre de normalistas a escala de Iguala, a los operadores directos y a sus asociados regionales legales e ilegales. Pero ya se camina para fincar de manera contundente la responsabilidad del Ejecutivo Federal ante: a) el conocimiento previo de las asociaciones delictivas que gobernaban Iguala, y que se asemejan al 80% del territorio nacional en manos de las redes de gobiernos, ejercito, gendarmería, carteles y bandas delictivas; b) el acto de omisión resultante y que se repite al conocer los hechos de la masacre y tardar nueve días en atraerlo a la jurisdicción federal; c) los 43 desaparecidos como la más impactante palada a la montaña de desaparecidos que suman ya 22 mil casos, y sigue la cuenta. El problema de fondo es que el “estado de derecho” de las reformas estructurales que aplaude el primer mundo es el “estado de excepción” que aterroriza a los mexicanos. Y para esa tarea se necesita otra política, no el pragmatismo rampante y cínico que creó empresas electorales disfrazadas de partidos y dispuestas a todo, sino la política con y para la gente.
Ahora todos, en paz y firmes, somos Ayotzinapa.
* Carlos San Juan Victoria es historiador en la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Foto de portadilla tomada del diario Cambio.