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A Carmen Aristegui, respaldando la exigencia de su reinstalación. Su ausencia en la radioes un peligroso e inadmisible atentado a lo poco que tenemos de vida democrática.

 

El atentado contra la cultura, la historia y las tradiciones religiosas en Cholula, diseñado en el Proyecto de las 7 Culturas, está inscrito en una política cultural a nivel nacional en la que se privilegia la visita turística y no el desarrollo del conocimiento del pasado, ni el respeto a las expresiones de religiosidad popular, como es el caso del culto a la Virgen de los Remedios. Los antropólogos (arqueólogos, antropólogos físicos, etnohistoriadores) que han avalado este proyecto directamente, argumentando su inocuidad, o indirectamente, haciéndose que la Virgen les habla (pero no la de los Remedios, que ya le habló al pueblo Cholulteca para la defensa de su santuario), están cumpliendo la triste función de agentes promotores de un turismo banal y no el papel de promotores del conocimiento que, finalmente, derivaría en un turismo más inteligente y bien sustentado para ofrecer al visitante una visión histórica y cultural más completa de la gran Cholula.

Este atropello a las culturas tradicionales, en nombre de la “modernización” o la “dignificación” de los espacios se multiplica por todo el país. El turismo masivo es un fenómeno de la modernidad que parece ya irreversible e inevitable, en el mundo moderno todo es susceptible de convertirse en un espectáculo y la gente acude, boleto en mano, a presenciar lo que se le ofrezca. Pero quienes están participando en esos proyectos, si tienen un mínimo de ética y dignidad profesional, deben procurar que no se ofrezcan baratijas ni a los pobladores de Cholula ni a los visitantes nacionales y extranjeros. Tienen el deber de trabajar seriamente en una de las ciudades más importantes del mundo mesoamericano, procurar su preservación y asegurar la continuidad de las investigaciones arqueológicas en la zona. Hoy no lo están haciendo.   

El problema para el caso de Cholula es que el desdichado proyecto, por lo que pudimos conocer de él en Internet, carece de una planeación inteligente, sustentada en conocimientos arqueológicos y etnográficos que valoren seriamente la gran importancia de la zona que se está indebida e ilegalmente interviniendo. Aquí se están violando leyes patrimoniales, lo hemos dicho infinidad de veces, y lo están haciendo las propias autoridades del INAH otorgando licencias para avanzar en esta infamia, mientras se simula diciendo que no se ha autorizado ningún Proyecto.

Hace un par de semanas el señor que tiene a su cargo llevar a cabo esta simulación en Puebla, Francisco Ortiz Pedraza, declaró a la Revista Proceso que quienes nos oponemos a este Proyecto formulamos críticas “puristas”. Ahora resulta que reclamarle a este señor y a su jefa, la señora Teresa Franco, que cumplan con su trabajo y su responsabilidad observando la ley, es una posición “purista”. Si purismo es exigir acceso a la información que debe ser pública por obligación, como hemos hecho desde hace seis meses; si purismo es exigir que se consulte a la población sobre proyectos que van a afectar su vida diaria; si purismo es exigir a las autoridades que se apeguen a las leyes que protegen el patrimonio y deberían regir su actuación como funcionarios; si purismo es comprender la importancia histórica y cultural de un sitio arqueológico como Cholula, entonces somos puristas, aunque el término es un tanto ridículo, pero hay que tomarlo de quien viene.

El criterio del señor Ortiz Pedraza se reduce a decir que cada ápoca, nos guste o no, deja su marca en el patrimonio edificado. Lo que traducido a lenguaje ciudadano quiere decir: que cada gobernante impone su voluntad a los encargados de garantizar la integridad patrimonial, nos guste o no. Usted y sus iguales, señor, no son una época, son unos irresponsables sometidos a los caprichos del poder en turno.

No estamos en contra del turismo, estamos en contra de un turismo torpe, superficial y desinformado, que le impide al visitante comprender de mejor manera el lugar que visita. Pero lejos de alentar la investigación arqueológica para descubrir nuevos aspectos del pasado, que atraerían más visitantes, lo que se propone en el Proyecto bloquea y dificulta esa investigación, afectando no sólo la profundización de los conocimientos del pasado cholulteca, sino que también banaliza las culturas antiguas al convertir su comprensión en un simple paseo. Y en estos precisos momentos ni siquiera eso. El INAH en Puebla no ha logrado siquiera colocar la zona arqueológica de Cholula en la Guía Roji. Simplemente no aparece Cholula entre los sitios arqueológicos que se ofrece visitar en la guía de carreteras más importante del país. Seguramente pronto vendrán turistas nacionales y extranjeros a visitar el inútil puente que afecta el paisaje urbano, los estacionamientos, las planchas de cemento, las canchas deportivas, el tiradero de autos viejos, los adefesios arquitectónicos que los acompañan, la casa del presidente municipal y todo lo que el INAH ha ilegalmente autorizado sin que hasta este momento sepamos quiénes son los responsables. Son un atractivo turístico insospechado que sólo el talento de un burócrata corrompido pudo imaginar.

Esta falta de visión se complementa, porque a ella responde, con el ritmo y las exigencias de los periodos electorales. Tanto el gobernador como el presidente municipal de san Andrés Cholula calculan la ejecución de las obras en función de intereses políticos personales. No se actúa institucionalmente, planeando a largo plazo, todo se somete a las prisas por inaugurar obras que les permitan aparecer en los medios, tener una presencia pública permanente como condición ineludible de sus aspiraciones políticas. Esta es la triste realidad: el conocimiento de la historia y la cultura de la antigua Cholula está condicionada por los intereses políticos (y los negocios que de las obras derivan) de los funcionarios en turno. Por si esta situación absurda no fuera suficiente, debemos todavía añadir que se lleva a cabo con la complacencia de los directivos del INAH, no de sus investigadores, sino de su burocracia, que lamentablemente está al servicio de las ocurrencias de los gobernantes. Por esta razón los miembros del Consejo Académico Ciudadano por la Integridad de Cholula demandamos a la dirección del INAH el reinicio de las investigaciones y excavaciones arqueológicas, suspendidas hace décadas, en torno a la Gran Pirámide. No lo harán, lo sabemos, pero es nuestro deber exigirlo y deslindarnos de la construcción de este atentado a la cultura y la inteligencia.

Necesitamos encontrar una fórmula que nos permita armonizar lo más posible la contradicción entre tradición y modernidad. El único instrumento que existe para iniciar este camino es la consulta y el diálogo con especialistas responsables y los ciudadanos involucrados en las obras públicas a realizar. Pero hasta ahora nuestra clase política, como lo muestra el caso de Cholula, no ha dado señales de este elemental ejercicio democrático, al contrario, mantiene en secreto, en un “compás de espera” dice Ortiz Pedraza, el Proyecto Ejecutivo mientras retiene en la cárcel a dos de los opositores a las obras que se están realizando, el licenciado Adán Xicale y su hijo Paul. Esta es la lamentable situación en la que vivimos, tanto en la preservación del patrimonio cultural de los mexicanos, como en el atraso político en lo que a prácticas democráticas se refiere. No tengo ninguna expectativa respecto a una respuesta por parte de las autoridades y los empleados del INAH implicados en esta vergonzosa tarea, el silencio y la simulación irresponsable son parte del modo en que han degradado su oficio.