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Testimonio presentado ante la Comisión de Derechos Humanos/ Cholula y el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en San Pedro y San Andrés Cholula el 10 de Diciembre 2014.

 

Desde Febrero de este año cuando notamos en las Cholulas que se desplazaba maquinaria pesada para iniciar la construcción de un innecesario puente vial a menos de 500 metros de la gran pirámide (sobre la 12 Ote/Pte en los límites municipales de los dos municipios), hemos venido solicitado información al gobernador Rafael Moreno Valle sobre sus proyectos de intervención urbanística en suelos arqueológicos y en el entorno del Santuario de la Virgen de los Remedios. El 4 de marzo promovimos con investigadores del INAH un desplegado nacional en periódicos solicitando se detenga el distribuidor vial mientras unos ciudadanos bajo el lema” CholulaenBici” reunió y llevó las firmas de más de 1200 vecinos solicitando no solo información sobre estos proyectos sino la cancelación del puente vial. Especialistas insistimos, a su vez, en la urgencia de detener estas intervenciones urbanísticas en las Cholulas porque sobrevendría destrucción arqueológica así como de la cultura intangible (por su afectación a la integración ritual y urbanística de los barrios de San Pedro y San Andrés Cholula) y de manera irreversible. El puente, además de ser agresivo al peatón y al ciclista, violaba el art.8 de la ley INAH de 1993 .La construcción del puente vial continuó sin que el gobierno siquiera de acuse de la inconformidad ciudadana y concluyó destruyendo un subsuelo de gran importancia arqueológica además de recarga de acuíferos. En julio seguíamos únicamente con información periodística sobre la inminente construcción de un parque comercial para atender a turistas que incluía instalaciones deportivas, de esparcimiento, comercios y espejos de agua sobre los suelos arqueológicos en las inmediaciones del Santuario de la Virgen de los Remedios.

El 4 de Julio amanecimos con la notificación (girada a los propietarios por los Presidentes Municipales de las dos Cholulas) de una expropiación de los predios, por “utilidad pública”, en el entorno de la gran pirámide para la creación de lo que llamaron primero “Parque de las 7 Culturas”, después “Parque de las Flores” y finalmente “Parque Intermunicipal”. Los ciudadanos nos volvimos a manifestar en agosto cuando más de 1800 personas formaron una cadena humana que abrazó simbólicamente la gran pirámide en protesta por los intentos del gobierno de comercializar la zona. Fue hasta septiembre, sin embargo, cuando finalmente pudimos conocer y estudiar el proyecto del “Parque Intermunicipal”, entregado el 26 de agosto a CONACULTA/INAH y comprobamos que no había ninguna utilidad pública sino solamente una finalidad comercial que impediría el libre acceso al Santuario y que no solo no justificaba las expropiaciones de predios sino que violaba la Ley INAH de 1993 así como el manejo de suelos arqueológicos vigente en esa zona. En Octubre 44 pueblos cholultecas organizaron una Procesión de Rogación que atrajo a más de ocho mil fieles inconformes por estas obras porque obstruirían el libre acceso al Santuario. A lo largo de este año las violaciones a leyes patrimoniales, leyes ambientales y derechos de usos y costumbres de los pueblos cholultecas- si el gobierno procedía a construir su parque comercial en la zona- fue documentado en medios periodísticos, en programas radiofónicos y por medios audiovisuales con participación de especialistas en antropología y arqueología. Mientras tanto los gobiernos municipales han violado los acuerdos sobre el manejo de suelos vigente por la ley INAH que establece que las 92 has. aledaños a la gran pirámide deben ser destinados únicamente para el cultivo de plantas y flores sin que se permitan construcciones en las 61 has. en el entorno de la gran pirámide.  

El 6 de Octubre, el Presidente Municipal de San Andrés Cholula Leoncio Paisano que nunca mostró apertura, dialogo ni disposición para atender esta inconformidad ciudadana, fue cuestionado por una manifestación ciudadana pacífica. Él respondió criminalizando la protesta: con golpes, vejaciones e insultos fueron encarcelados Adan y Paul Xicale, Albino y Primo Tlachi y se giraron órdenes de aprehensión contra otros 10 cholultecas por exigir se respete la Ley INAH de 1993.