Este texto fue elaborado por Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, y presentado como carta de denuncia el 13 de noviembre del 2013 al Jurado de la Audiencia Transversal del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. En ella el dirigente describe su detención en julio de 1989 y las condiciones en las que vivió durante los años de encarcelamiento en los penales de Puebla, Puente Grande y Alomoloya hasta el año 2001, cuando se otorgó la libertad condicional con la prohibición anticonstitucional de no regresar a Puebla.
El documento completo puede leerse en la siguiente liga: http://es.slideshare.net/simit-rita/seores-del-jurado
El día 4 de julio de 1989 en la ciudad de México, Distrito Federal, un grupo de más de treinta agentes de la Policía Judicial del Estado de Puebla sin orden de aprehensión me detuvieron e inmediatamente me trasladaron a la ciudad de Puebla donde me encerraron en una celda clandestina que tenían en el mismo edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ahí me tuvieron sentado y vendado de los ojos durante casi ocho horas durante las cuales me tuvieron permanentemente vigilado por dos agentes que alternativamente cortaban cartucho de sus rifles vaciando sus cargadores a fin de causarme temor y angustia.
Alrededor de las nueve de la noche de ése mismo día me trasladaron de regreso a la ciudad de México. En el trayecto por lo menos en tres ocasiones, además de estar vendado de los ojos, me pusieron una bolsa de polietileno en la cabeza cerrándola a la altura del cuello causándome asfixia. En el D.F. en una de las instalaciones de la Procuraduría del D.F. me entregaron a la policía judicial del D.F. En este lugar primero me pusieron en una galera en la que estaban presuntamente detenidos algunos ex agentes de la desaparecida Dirección de Investigaciones Políticas a los que reiteradamente golpeaban en mi presencia. Ya en la madrugada del día 5 de julio me reubicaron en una celda en la que me dejaron solo recomendándome “no te vayas a colgar”.
En la mañana del mismo 5 de julio fui trasladado a una de las instalaciones de la Procuraduría General de la República donde me ubicaron en una galera, solo, que colindaba con otra que presuntamente usaban como sala de tortura física, digo “presuntamente” porque se escuchaban gritos y “ayes” de dolor con expresiones de “ya, por favor, ya no me sigan golpeando”, etc.
En la noche del día seis madrugada del siete de julio me trasladaron de regreso a Puebla donde en el CE.RE.SO de “San Miguel” me esperaba un enorme contingente de agentes judiciales y policías estatales –incluyendo granaderos- fuertemente armados con armas de alto poder, muchos de ellos parapetados en las bardas, la puerta de acceso a la aduana de vehículos, el patio interior (estacionamiento), etc. Hasta la mañana del día siete el gobierno del estado hizo oficialmente pública mi detención y encarcelamiento en el CE.RE.SO. Es de señalar que durante éste tiempo ante mis familiares, compañeros y amigos estuve en calidad de DESAPARECIDO toda vez que las autoridades estatales y federales negaban tenerme detenido y hasta se “comprometían” a ayudar a localizarme.
Se me instruyeron ocho procesos penales: dos del fuero federal (3/989, Juzgado cuarto de Distrito en materia penal y 135/989, Juzgado quinto de Distrito en materia penal) y seis del fuero común (337/985, juzgado 1° de Defensa Social, 507/986 Juzgado Segundo, 156/989 Juzgado Séptimo, 141/988 Juzgado Octavo, 249/989 Juzgado sexto, y 113/989 Juzgado Quinto) como presunto responsable de la comisión de delitos como posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, acopio de armas, rebelión, incitación a la rebelión, posesión de mariguana, secuestro, despojo, daño en propiedad ajena, robo, robo de vehículo, lesiones, y de otros delitos más, nada más faltó que me acusaran de violación.
La autoridad ejecutora sumo todas y cada una de las sentencias dictadas por los jueces y ratificadas o modificadas por los magistrados de segunda instancia y los jueces de amparo, imponiéndome una sentencia en total de 121 (ciento veintiún) años y 4 (cuatro) meses de prisión.
En la compurgación de tal sentencia me tuvieron confinado en la celda N°2 del área de visita íntima a cuya puerta, además del cerrojo normal, le pusieron tres candados más, un custodio durante las 24 horas del día en la puerta, a la única ventana que había la tapiaron con una placa de metal, no me permitieron ver el sol, y durante las visitas de mis familiares y mis abogados defensores siempre había un custodio en medio de nosotros apuntando todo cuanto hablábamos. Además cada vez que mis compañeras y compañeros de organización hacían una manifestación o alguna declaración pública contra la represión y exigiendo mi libertad, me castigaban hasta por ocho días quitándome la ropa de la cama, suspendiéndome el paso de los alimentos (a mis familiares sí se los recibían, pero me los entregaban varios días después y ya descompuestos), el agua para bañarme y del sanitario también me la quitaban. De julio de 1989 a principios de 1993 no me permitían el acceso a libros, periódicos ni revistas. Tan es cierto que todo esto y más era verdad que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la RECOMENDACIÓN 7/91 señalando que la situación en que me tenía el gobierno es (era) una especie de tortura, pero el gobierno no hizo caso a dicha recomendación sino hasta febrero de 1993.
No recuerdo si fue en 1991 o 1992 pero el caso es que en una hoja que tenía impresa la fotografía de una persona muerta (derivada de los incidentes ocurridos en las instalaciones del diario La Jornada) escribieron con máquina la leyenda de “CUANDO VEAS LAS BARBAS DE TU VECINO CORTAR, ÉCHA LAS TUYAS A REMOJAR”.
En la tarde del día 10 de diciembre la policía federal me trasladó al DF de donde en avión me trasladaron al aeropuerto de Tampico, Tamaulipas, para recoger a varios presos comunes. En el viaje en más de una ocasión amenazaron con arrojarme del avión (hicieron los movimientos correspondientes) porque según los federales ésas eran las órdenes que les dieron sus superiores. De Tampico nos llevaron al aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, y de ahí al CE.FE.RE.SO N°2 de Alta Seguridad de Puente Grande, Jalisco. Ahí se me ubicó en el módulo 1, que estaba destinado a los cabecillas de organizaciones y bandas delincuenciales. Todos los módulos (ocho en total) tienen dos secciones, A y B; en el módulo 1 habíamos tres presos, los dos estaban en la sección A y yo en la celda del fondo de la sección B, se me prohibió cantar, empecé a silbar las canciones, pero también me prohibieron silbar, me daban la comida con gusanos y hasta cucarachas vivas, lo cual reporté a los custodios, a los comandantes del módulo y hasta mostré en las cámaras de vigilancia al centro de control, no se me hizo caso por lo que mis familiares y compañeros presentaron la queja ante la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, pero en lugar de resolver el asunto, la directora (Celina Oceguera) del CE.FE.RE.SO un día de visita se metió al cubículo de visita familiar a reclamarme por la queja y a decirme que ella comía los mismos alimentos que yo. En la noche de ese día me reubicaron al módulo cuatro, en el que estaban los internos farmacodependientes y/o con problemas mentales y emocionales, uno de ellos trató de agredirme diciéndome “tú no eres como nosotros”, después de casi un año me reubicaron al módulo 8.
El 27 de octubre de 1997 me trasladaron al CE.FE.RE.SO N°1 de Alta Seguridad en Almoloya, Estado de México, entonces conocido como “Almolóya”, luego como “La Palma” y ahora como “Del Altiplano”, de donde fui excarcelado el día 11 de abril de 2001.
Para sacarme de la cárcel el gobierno del estado de Puebla (porque el gobierno federal dio por compurgadas las sentencias del fuero federal) me impuso condiciones preliberacionales (avaladas por el gobierno federal, y que yo les llamo “extracarcelarias”) que vencen en febrero de 2015 y que violan las garantías y los derechos humanos consagrados en la Constitución, por ejemplo: se me impuso la ciudad de México como ciudad de residencia, no se me permite reincorporarme con mi familia, que vive en Puebla, no se me permite viajar sin permiso por el país (para que se me dé permiso tengo la obligación de informar sobre el día y la hora, la línea de autobuses, el número de autobús y hasta el número de asiento en que voy a viajar además del lugar al que voy), etc., debo aclarar que ahora se me permite hacer muchas de las cosas que se me prohíben en las condiciones, pero ello sin que hayan cancelado dichas condiciones sino como un favor del gobernante en turno y como una muestra de que “respeta los derechos humanos”.
Como dije, las condiciones vencen en febrero de 2015, o sea dentro de 14 meses, pero el gobierno ya está tomando previsiones para no otorgarme la libertad plena e incondicional: me está instruyendo proceso penal (108/2013, Juzgado Segundo de lo Penal, Distrito Judicial de Guridi y Alcocer) en el Estado de Tlaxcala por el delito de despojo de unas tierras que no conozco ni se dónde están ubicadas, propiedad de personas que tampoco conozco, y por medio de una toma de tierras hecha por un grupo de personas que entonces no conocía. A pesar de que las personas que hicieron la toma han declarado pública y procesalmente que nada tengo que ver, a pesar de que las personas que me inculpan no han comparecido a ratificar la denuncia ni a aportar las pruebas correspondientes, a pesar de ello el juez mantiene abierto el proceso. Por cierto, es importante denunciar que el gobierno usó al TRAIDOR HÉCTOR JOSEPH CID como encargado de hacer que los presuntos propietarios me denunciaran penalmente, digo que es traidor porque él fue uno de los activistas de la UPVA pero por no resistir la presión de la persecución de que, junto con otros dos activistas, fue objeto desde 1989, en 1995 se vendió al gobierno entregándole el control de la colonia popular Barranca Honda, fundada en 1987 por la UPVA “28 de Octubre” bajo mi dirección, además delató y personalmente señaló a varios compañeros que luego fueron encarcelados. A cambio el gobierno le regaló el título de médico, le posibilitó hacer negocios de venta de material de construcción, y le ha permitido –y ayudado a- acaparar y traficar con la venta de lotes de terreno para vivienda, algunos terrenos son de los que se apodera de la tierra desecada de la laguna que está en la entrada de Tlaxcala, y otros terrenos son de los que despoja a sus legítimos propietarios con el apoyo de las autoridades judiciales y gubernamentales (algunos ejemplos: a.- le pide al propietario que le venda su terreno, el propietario se niega, Héctor hace que una joven denuncie al propietario por violación o violación en grado de tentativa, el propietario es apresado, Héctor ofrece ayudarlo para que la muchacha le otorgue el perdón, pero a cambio el propietario debe firmar la cesión de los derechos de su tierra; b.- le pide al propietario que le venda su tierra, éste acepta, hacen un trato con pago a plazos, Héctor regresa diciéndole al propietario que puede liquidarle en un solo pago porque le van a dar un crédito o préstamo, pero para ello necesita una escritura, que él no tiene, así que le pide al propietario que le dé su escritura firmada para presentarla y así pagarle de una vez, el propietario cede, pero Héctor ya no regresa y cuando el propietario reclama el pago o la escritura Héctor responde que no debe nada, que tan es así que con su puño y letra el propietario firmó la escritura, y además lo amenaza con meterlo a la cárcel). En pago por hacer que los presuntos propietarios me inculparan, el gobierno le regaló la candidatura por el PANAL a diputado local en Tlaxcala, candidatura que fue respaldada por los líderes charros de la gobiernista sección XXXI del SNTE, la oportuna denuncia de este maridaje impidió que se encumbrara como diputado local. El gobernador de Puebla es panista, el de Tlaxcala es priísta, pero ocurre que en Puebla y Tlaxcala el PANAL es aliado electoral del PAN, pero sobre todo no debe perderse de vista que el PRI y el PAN son los principales partidos con los que la clase dominante ha estado y está imponiendo las medidas con las que está entregando nuestro país al imperialismo estadounidense, y eso, como sabemos, está causando enorme y creciente descontento entre el pueblo y lo está lanzando a la lucha, cosa que al gobierno no le conviene por lo que el gobierno trata a toda costa de impedir que el pueblo se organice y luche, de someter y controlar a las organizaciones de lucha ya existentes, y sobre todo busca destruir a las organizaciones que no pueda someter o que cuya destrucción sirva de ejemplo a las demás sobre lo que les pasará si no se calman. De ahí que el propósito es condenarme culpable, no tanto para encarcelarme por ése delito pues en Tlaxcala no es un delito grave y se puede pagar con fianza o caución, sino para tener el pretexto de que supuestamente violé las condiciones preliberacionales y, por ello, justificar que me regresen a la cárcel a compurgar la sentencia acumulada anterior. Todo con el fin de seguir teniéndome en calidad de rehén hasta que muera o me asesinen.
Al respecto denuncio que además de la amenaza de muerte de que fui objeto por medio del panfleto dejado en la celda del CE.RE.SO de San Miguel en Puebla, también he recibido al menos otras cuatro amenazas de muerte: la primera fue hecha a fines de 1992 por el entonces sub secretario de gobernación Mario Marín Torres diciéndole a mi esposa y compañeras y compañeros de la comisión negociadora “el gobierno está muy preocupado porque con motivo de las fiestas decembrinas podría haber un motín en el penal durante el cual los internos asesinen a Simitrio, o al entrar a controlar el motín la misma policía podría matarlo ‘sin querer’”; la segunda tuvo lugar unos días después de que fui excarcelado en abril de 2001, en la instalaciones de la Secretaría de Gobernación Federal, por el sub secretario de asuntos políticos al decirle a las compañeras y los compañeros de la Comisión Negociadora, que había acudido a demandar la cancelación de las condiciones, que “ustedes saben que en las luchas sociales hay represión y que durante ella hay encarcelados y lesionados y hasta podría haber muertos, así que recomiéndenle a Simitrio que mejor se dedique a estudiar y a trabajar”; la tercera fue hecha en la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla por medio de la sub secretaria B al decir “hay mucha gente descontenta conque Simitrio haya salido de la cárcel y cualquiera de esa gente descontenta podría ‘venadearlo’ y el gobierno no podría garantizar su seguridad, así que es mejor que se quede en el D.F.”; y la cuarta se hizo por medio de una llamada a mi teléfono celular en la que una voz de varón me dijo “te va a llevar la chingada, te va a cargar la verga”. Hasta ahora el gobierno, en el nivel federal ni en el estatal, ha desmentido tales amenazas de muerte ni se ha deslindado de ellas, por lo que verdaderamente existe el peligro de que en cualquier momento y con cualquier pretexto, bajo cualquier disfraz, cumplan las amenazas de muerte. Por respeto a la compañera Mesinos, dirigente de la Organización Campesina Sierra del Sur, en el Estado de Guerrero, no está bien decirlo, pero ahí está su caso: ella fue amenazada de muerte en 1994 y apenas hace unas semanas la compañera fue asesinada.
Es preciso denunciar que todo lo anterior no se debe nada más ni principalmente al hecho de que soy dirigente social sino fundamentalmente a que todo eso es parte importante de un proceso iniciado desde el mismo 2001 por el gobierno para DESTRUIR A LA UPVA “28 DE OCTUBRE” CON LA REPRESIÓN Y LA DIVISIÓN TRAICIÓN pues el gobierno sabe que siendo uno de los más importantes factores de unidad y soporte de la organización, tan pronto como yo sea eliminado (ya sea por medio del reencarcelamiento o del asesinato) casi en automático la organización en su conjunto se desplomará y se fracturará desatándose una despiadada lucha fratricida por ver quién se queda con la mayor cantidad de pedazos o con los pedazos más grandes o con los mejores pedazos, puesto que el gobierno ha estado ocupado, además de en el hostigamiento, la intimidación y el amago con la represión a través del ejército, las policías federal, estatal, ministerial, y municipal, además de eso el gobierno ha estado ocupado en fomentar el individualismo y el grupismo egoísta, avaro, envidioso, ambicioso, convenenciero y oportunista (que son la base de la división y la traición); pues quienes caen en poner por delante sus intereses individualistas y grupistas promueven chismes, rumores, intrigas, infundios y otros ataques perversos contra las masas, los activistas y los dirigentes generando desconfianza, desmoralización, desmovilización y división en las filas de las y los integrantes de la organización, todo con el fin de justificar el hecho de que los más destacados individualistas y grupistas asumen y manejan al área o centro de trabajo en que venden como si fuera “su” territorio particular, “su” negocio particular y hasta como “su” organización particular dentro de la UPVA “28 de Octubre” pero con una política diferente y hasta contraria a ella. Esto tiene su origen en el hecho de que cada vendedor o vendedora es propietario o responsable del lugar, puesto o local en que vende; en que, por lo mismo, solo les importa o les importa principalmente que en su lugar haya las mejores ventas posibles y no les importa, o les importa poco, si en los demás lugares hay o no ventas; para lograr mejores ventas algunos caen en la actitud de invadir pasos y pasillos, bloquear la visibilidad, elevar el volumen de sus aparatos electrónicos (tv, video, etc.), etc., y, peor aún, hay quienes con tal de vender sólo ellos, atacan a los demás vendedores, sobre todo a los que consideran su competencia. Así pues, sobre la base de hostigar, intimidar y amagar con la represión, el gobierno fomenta la división y la traición por medio de alentar al individualismo y el grupismo, de modo que se trata de un ataque convergente: desde afuera con la represión, desde adentro con la división traición, para converger en LA DESTRUCCIÓN DE LA UPVA “28 de OCTUBRE” COMO INSTRUMENTO DE LUCHA DE LOS VENDEDORES Y AL SERVICIO DEL PUEBLO EN LUCHA POR LAS DEMANDAS EN FUNCIÓN DEL PODER. Este tipo de operaciones es parte de la guerra de baja intensidad contra el pueblo, por lo que la destrucción de la UPVA tendría repercusiones latamente negativas para el movimiento social nacional.