• Anamaria Ashwell
  • 13 Noviembre 2014
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Con fecha del 22 de Octubre de 2014 servimos de intermediarios miembros del Consejo Académico-Ciudadano por la Integridad de Cholula (en el que estoy incluida) en la entrega a los dos Ayuntamientos de las dos Cholulas de unas peticiones firmadas por 504 ciudadanos de San Andrés y 601 ciudadanos de San Pedro (aclaro que no fueron más firmas porque esta decisión se hizo con premura, atestiguada por nosotros, por las ordenes de aprehensión que pesan sobre ciudadanos que se oponen a la construcción del centro comercial Parque de las 7 Culturas en el entorno de la gran pirámide).

Al C. Leoncio Paisano de San Andrés, en esos oficios, se le exigía acuerde en Cabildo la cancelación definitiva del Parque 7 Culturas con la abrogación del acta del 4 de Julio de 2014 que aduciendo “utilidad pública” le permitió expropiar predios en torno a la gran pirámide y el santuario de la Virgen de los Remedios. Se solicitó además la cancelación de las órdenes de aprehensión vigentes contra opositores al parque comercial Intermunicipal o de las 7 Culturas; el cese de hostigamiento a opositores y la libertad de los presos de conciencia; así como que se proceda al nombramiento como jueces del registro civil a los presidentes auxiliares municipales.

Ante intervenciones en el entorno de la gran pirámide que violen la ley del INAH 1993 se le pedía así mismo (apoyados en el Art. 6-7 del Convenio169 de la OIT que ratificó México) que tanto el Consejo Académico-Ciudadano como la organización “Ciudadanos Unidos por una Cholula Viva y Digna” (que se constituyó para defender derechos de cholultecas agraviados por actos de gobierno y por el encarcelamiento arbitrario de Adán Xicale, Paul Xicale, Primo Tlachi y Albino Tlachi por ordenes del gobernador Rafael Moreno Valle y de Leoncio Paisano) participaran en cualquier decisión que pudiera nuevamente violar el plan de manejo vigente desde 1993 sobre suelos arqueológicos entre las dos Cholulas. Por las declaraciones verbales del gobernador Rafael Moreno Valle en este sentido y que como buenos subordinados inmediatamente repitieron los alcaldes Leoncio Paisano y de José Juan Espinosa, en ese escrito se rechazaba también cualquier pretensión por declarar área natural protegida (ANP) esta zona porque encubría un engaño y violación a leyes. En primer lugar porque  la zona ya tiene una declaratoria federal de zona arqueológica y allí solo se permiten cultivos agrícolas; si ha habido violaciones a usos sobre suelos arqueológicos ello ha sucedido con permisos que entregan (otorgan o venden) los mismos presidente municipales. Segundo: la zona no reúne ninguno de los requisitos para una declaratoria de ANP. No cumple con las 29 has mínimas que requiere el decreto de ANP o solo lo cumpliría si se amplían las expropiaciones sobre las más de 154 has. que cubre el decreto federal de 1993. ¿Buscaba así el gobernador Rafael Moreno Valle expropiar con la declaratoria de ANP todo el área habitada del decreto de 1993 incluyendo la casa de Leoncio Paisano omitida del original decreto expropiatorio del 4 de Julio? ¿Tenía el gobernador un acuerdo previo con la directora del INAH Teresa Franco para que esta institución renuncie a la ley de 1993 sobre la zona e hicieran valer juntos un decreto de ANP sobre suelos arqueológicos? ¿Pensaban expropiar y reubicar a cientos de familias que habitan el entorno norte, este y oeste urbano de la gran pirámide para cubrir los requisitos de una ANP? ¿O estaban buscando un pretexto de utilidad pública para continuar con sus proyectos de comercializar la zona? Puedo seguir con más especulaciones o preguntas absurdas pero ¿Más absurdo que declarar delincuentes a cuatro cholultecas por oponerse pacíficamente a la comercialización de estos suelos? Y allí están los encarcelados en el Cereso de San Pedro Cholula, sus familias destrozadas, por oponerse a las medidas decretadas por estos gobernantes. Además, en esa zona no existe un ecosistema, ni flora ni fauna endémica, para promover su conservación como ANP. El 28 de Octubre Leoncio Paisano respondió a estas peticiones con un documento legaloide  (en las que estos políticos tienen doctorados) que tuvimos que recoger en las oficinas de gobernación que preside un funcionario que en San Andrés (nos avisan los vecinos) trabaja bajo instrucciones del gobernador Rafael Moreno Valle. La respuesta “registra” a los firmantes; da noticia que ya se retractaron de expropiaciones el 15 de Octubre en Cabildo;  que no reconocen al movimiento “Por Una Cholula Digna” ni al Consejo “amen de acreditar su interés legítimo… antes del 24 de Noviembre”; que el Ayuntamiento no tiene atributos sobre el poder judicial (excepto, como vemos para encarcelar a inocentes); que lo de jueces civiles es una petición ”rebasada”; y que habrá dialogo solo si se llevan documentos “notariados” que digan que nosotros, ciudadanos, tenemos derecho a ser interlocutores ante el Ayuntamiento. Todo “legal”.Y de parte de un Presidente Municipal que en un convite de “Las Chinas” apareció custodiado por policías armados con metralletas automáticas y otros montados a caballo con rostros cubiertos con pasamontañas.

Al presidente municipal de San Pedro Cholula la solicitud de gestiones le exigía a su vez que cancele en Cabildo la construcción de la Plaza de las 7 Culturas; la abrogación en Cabildo (no nada más verbal) del decreto expropiatorio del 4 de Julio y que el Consejo Académico Ciudadano (independiente) y el movimiento “Ciudadanos Unidos por Una Cholula Digna” participen en cualquier decisión sobre intervenciones que violan la ley de 1993 sobre suelos arqueológicos en el entorno de la gran pirámide. Se rechazaba también la pretensión de declarar ANP la zona y se le hizo un exhortó por la libertad de los presos de conciencia por defender esos suelos. José Juan Espinosa no dio sino una contestación verbal porque insiste en que él fue el autor de  un “noble” proyecto comercial en esa zona pero que otros echaron a perder; que solo quiso “dignificar” suelos arqueológicos y que él esta a la espera de que de un juez le de la razón que su parque sí fue por utilidad pública. Dictamen legal a su favor (que él cree anulan los amparos interpuestos por el Lic. Adán Xicale actualmente preso) y mediante el cual no procedería a expropiar pero que demostraría su razón legal para expropiar esos suelos. Supongo que ese documento que ha decidido esperar del poder judicial lo recibirá con la firma de algunos de los jueces que “legalmente” mantienen en la cárcel (o perseguidos con averiguaciones)  a cuatro cholultecas inocentes bajo acusaciones que todos sabemos falsas por defender esos suelos sagrados y arqueológicos de su “noble” proyecto comercial. José Juan Espinosa declaró además que él nada tuvo que ver en el encarcelamiento de esos opositores cholultecas presos. Aunque ellos hayan sido encarcelados en San Andrés, por ordenes del gobernador Rafael Moreno Valle y Leoncio Paisano, por oponerse a la “nobleza” de un parque comercial intermunicipal o de las 7 Culturas del cual él insiste en declararse autor. ¿Alguien con sentido común puede creer que José Juan Espinosa fue excluido de las negociaciones políticas y rencorosas que llevó al gobernador Rafael Moreno Valle -instrumentando a L.Paisano-  para castigar a los cuatro cholultecas que le agüitaron el negocio en el entorno de la gran pirámide? En mis múltiples reuniones en los barrios no he escuchado a un solo cholulteca tragarse este engaño; ni sobre la “nobleza” de su parque ni que no tenga metida las manos en la violación de los derechos humanos y civiles de los Xicale y los Tlachi encarcelados. En las Cholulas todos saben que el gobernador  Rafael Moreno Valle fue quien negoció su candidatura e hizo a ambos presidentes municipales.

Entonces yo apelo a Ud. Gobernador Rafael Moreno Valle por la libertad de los cuatro cholultecas presos de conciencia porque no son criminales; nunca violaron leyes; siempre actuaron pacíficamente y sus razones para oponerse al parque 7 Culturas de José Juan Espinosa y a la expropiaciones que llevó a cabo L.Paisano fueron en defensa de nuestro patrimonio común, de los usos y costumbres que aquí todos los cholultecas valoramos. Le pido rectificación y que gire una orden sobre sus dos alcaldes y los jueces para que liberen a Adán Xicale, Paul Xicale, Primo Tlachi y Albino Tlachi.

Y le pido también tenga un magnánimo gesto ético y no acepte los terrenos del Parque Soria que le ha entregado en comodato José Juan Espinosa. Así Ud. haya aceptado supuestos “candados” que nos permiten a los cholultecas hacer usos de esos predios públicos; porque José Juan Espinosa y su Cabildo no pueden enajenar bienes patrimoniales que pertenecen al pueblo de Cholula salvo con toda la ilegitimidad con que lo han hecho. 

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