Pronunciamiento dado a conocer el pasado 24 de noviembre en la ciudad de México:
Nosotros, movimientos sociales y organizaciones en resistencia contra la gran minería tóxica depredadora, que hemos resistido los embates de estas empresas sin escrúpulos; que hemos sufrido la contaminación de nuestros territorios y la ruptura del tejido social, que hemos sufrido hostigación, amenazas y el asesinato de nuestros compañeros; que hemos resistido en las calles y en las plazas, y vivido la criminalización de nuestras acciones, por el único delito de proteger nuestro territorio; que hemos resistido con el derecho y ganado procesos legales que no han podido parar la actividad depredadora de las empresas mineras; hemos decidido dar un paso más y organizarnos, reunir todos los agravios juntos, toda la experiencia junta, y proponer una Nueva Ley Minera que permita que nuestras voces sean escuchadas.
En este esfuerzo, llevamos dos años reuniéndonos en foros, conferencias, aniversarios, reuniones organizativas, talleres, redes sociales, conferencias de prensa, videoconferencias, todo con el objetivo de compartir nuestras experiencias en torno al despojo que hacen las compañías mineras de nuestros bosques, nuestra agua, nuestros sitios sagrados, nuestra paz, nuestra vida en todos sus aspectos. Hemos discutido y comprendido, que este despojo es en parte posible porque existen leyes aprobadas por los que dicen ser “representantes del pueblo y la nación” que le garantizan a las empresas que puedan llevar a cabo sus inversiones pasando por encima de la voluntad de los pueblos. Por eso nosotros, que somos el verdadero pueblo y la verdadera nación, no necesitamos que los representantes hablen por nosotros, y hemos decidido hablar. Regular la minería es recuperar soberanía popular y nacional.
No podemos seguir permitiendo que una actividad privada como es la minería siga siendo considerada de utilidad pública, que sea preferente por sobre cualquier otra actividad, incluso sobre la producción de alimentos para la supervivencia. No podemos como mexicanos seguir permitiendo que perdamos la soberanía de nuestros subsuelo por 100 años; que las compañías mineras se hagan ricas especulando con bienes de la nación; que carezcan de obligaciones para reparar el daño ambiental que provocan; que las concesiones se otorguen y las inversiones sean hechas sin tomar en cuenta a los pobladores afectados; que se conviertan estas compañías en dueños del espacio que explotan que sin que ni el Estado ni los pobladores puedan inspeccionar su trabajo. No podemos tolerar más la falta de transparencia en la información que manejan las
compañías mineras, la ofensa a los pueblos originarios con un falso derecho de acceso preferente a los recursos de sus territorios; la violación diaria de nuestros derechos humanos.
Por eso, llegó la hora de cambiar el rumbo actual del marco jurídico que nos conduce al precipicio y a la ruina del país. Regular la actividad minera del país, muy en especial a la megaminería metálica, no puede esperar más. Nadie escapa a sus efectos destructivos. El tamaño creciente de su control político sobre el territorio destruye el poder del Estado y de los ciudadanos tanto a nivel municipal y estatal como nacional. Su impacto contaminante se extiende más allá de lo que se ve, abarca a la atmosfera, las tierras de cultivo, los acuíferos y fuentes de agua de la que depende la vida. Además, su poder destructivo se extiendo al tejido social, provocando división y enfrentamientos comunitarios, cambio en las formas de vida y producción tradicional, asesinatos de lideres sociales y miedo entre la población.
La actual Ley minera, permite que la prioridad de la actividad minera beneficie fundamentalmente a una minoría que acumula riqueza irresponsablemente, mientras que la mayoría de las comunidades y el país cargan con la deuda de la destrucción socio ambiental. Además, la estructura y redacción de una ley hecha a modo para los empresarios mineros, resulta en la negación y la violación de los derechos humanos de las poblaciones afectadas y de todos los mexicanos. Los derechos consagrados en la constitución y tratados internacionales están por encima de las leyes federales como la Ley Minera, la cual por lo tanto termina siendo inconstitucional en muchos de sus artículos.
internacionales de derechos humanos, proponemos y exigimos en nuestra propuesta de Ley:
ü Que la actividad minera deje de ser preferente por encima de otras actividades. Lo preferente son el cabal respeto a los derechos humanos.
ü Que se establezca la participación vinculante de la población sobre toda decisión: a) Para pueblos originarios: a través de un procedimiento de consulta para obtener el consentimiento, vinculante, previo, libre, informado y culturalmente adecuado. b) Para comunidades que no son pueblos originarios a partir de un procedimiento de participación ciudadana para obtener acuerdos vinculantes en forma libre, previa e informada.
ü Se establezca y se regule la obtención de licencia social a través de los procedimientos y consulta o participación para los siguientes supuestos: concesiones para exploración minera; concesiones para explotación y beneficio minero; las asignaciones para exploración minera que custodia el Servicio Geológico Mexicano; las prórrogas a concesiones para explotación y beneficio minero, entre otros supuestos.
ü Se establezca todo un capítulo sobre derechos de poblaciones indígenas que incluya un verdadero derecho de acceso preferente los recursos naturales presentes dentro de su territorio.
Se separen las concesiones de exploración de las concesiones de explotación y beneficio minero y se establezcan plazos no mayores a 20 años prorrogables en una sola ocasión, para la duración de una concesi
ü concesión de explotación y beneficio.
ü Se establezcan lugares y circunstancias bajo las cuáles se prohíba el otorgamiento de concesiones: áreas naturales protegidas y equivalentes; monumentos históricos y áreas definidas como estratégicas para la economía o cultura de los pueblos; para proyectos de explotación por tajo a cielo abierto o por tumbe y relleno; en pocitos de carbón, en actividades de beneficio que utilicen cianuro de sodio, mercurio u otras sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente, entre otras.
ü Se anulen las cláusulas de confidencialidad que hoy ocultan la información que deben entregar las empresas mineras al Estado. Se generen informes adicionales que debe presentar la empresa a la Secretaría de Economía.
ü Se introduzca el cobro de regalías para la minería, cobradas por el valor del volumen de minerales producidos a boca de mina (no sobre los ingresos reportados de las empresas) con regímenes diferenciados para minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería.
ü Se fortalezca el sistema de inspecciones durante la operación de las compañías mineras.
Se fortalezcan los mecanismo preventivos y las sanciones a las eventuales violaciones a la Ley. Se aumenten las causales de nulidad de una concesión y las infracciones que pueden acarrear multas o cancelaciones de la
ü concesión.
ü Se amplíen las facultades de inspección del Estado a las compañías mineras, incluyendo a la ciudadanía en los procesos de inspección.
Para que se de a conocer nuestra propuesta de Ley, hemos iniciado una “Campaña nacional por una nueva Ley minera desde los pueblos y movimientos”. A lo largo y ancho del país, se han realizado y se seguirán realizando acciones para dar a conocer nuestra Ley. Se ha iniciado también un proceso de recopilación de firmas para presentarla como iniciativa ciudadana, porque se trata de una Ley que no sólo beneficiaría a los afectados por la minería sino a todos los mexicanos, que pueden ser potencialmente afectados por la depredación que desatan estas compañías.
Ahora bien, para que nuestra propuesta fuera discutida en este período de sesiones del Congreso de la Unión, decidimos presentarla a través de un grupo plural de senadores de la izquierda institucional. No obstante, ha sido ignorada por la mayoría de las fuerzas políticas, las cuales están enfocadas en ver cómo privatizan Petróleos Mexicanos y siguen con la estela de saqueo a la nación. Ya estamos en vísperas de que concluya el actual período de sesiones, y ni siquiera ha sido turnada a comisiones para su análisis. Sólo ha sido aprobado un ridículo 7.5% de derechos sobre las ganancias reportadas por las mineras, luego de los regímenes de deducciones. A eso se resume lo que la mayoría nuestros diputados y senadores han decido reformar en torno al régimen jurídico de la minería, violando incluso el cuestionado “Pacto por México” que ellos mismos han establecido. Denunciamos por lo tanto, que una vez más los que se dicen “representantes” actúan de espaldas a sus representados, privilegiando intereses privados a los verdaderos intereses del pueblo y la nación.
Por este motivo, LLAMAMOS A TODOS LOS MEXICANOS A SUMARSE A ESTA CAMPAÑA NACIONAL POR UNA NUEVA LEY MINERA DESDE LOS PUEBLOS Y MOVIMIENTOS”. DIFUNDAMOS LA LEY, JUNTEMOS FIRMAS DE MEXICANAS Y MEXICANOS COMPROMETIDOS POR EL FUTURO DEL PAÍS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA DE NUEVA LEY MINERA COMO INICIATIVA CIUDADANA. NO DEJEMOS EN MANOS DE LOS POLÍTICOS LO QUE PODEMOS HACER COMO CIUDADANOS.
NO A LA MEGAMINERÍA TÓXICA, SÍ A LA VIDA
JUSTICIA POR LOS COMPAÑEROS QUE HAN PERDIDO LA VIDA EN DEFENSA DE NUESTROS TERITORIOS
NO A LAS LEYES QUE, COMO LA ACTUAL LEY MINERA, PERMITEN EL SAQUEO DE LOS RECURSOS DE LA NACIÓN
NUNCA MÁS EL PODER DE LOS REPRESENTATES POR ENCIMA DE VOLUNTAD POPULAR
SÍ A LA PROPUESTA DE UNA NUEVA LEY MINERA DESDE LOS PUEBLOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES
México DF, domingo 24 de noviembre de 2013