Este texto es la ponencia que la antropóloga Anamaría Ashwell presentó en el foro organizado por trabajadores del INAH-Puebla el pasado 6 de noviembre para analizar las consecuencias que tendrá para ese instituto la implantación de la nueva Secretaría de Cultura propuesta por el gobierno federal.
He venido a una conversación con Uds. porque lo que está sucediendo en el INAH tiene consecuencias- que a mí entender- trasciende y tiene implicaciones mucho más allá de la afectación directa sobre ustedes, como, por ejemplo, con la inminente violación de los derechos laborales adquiridos si esa Secretaria de Cultura se consolida en los términos presentados.
La afectación a derechos laborales así como la pérdida de un trabajo, especialmente para nuestras profesiones (que tienen, dicho sea de paso, un mercado laboral cada vez más débil) conlleva una trágica dimensión existencial que no pretendo minimizar. Y también una consecuencia social inmediata sobre el empoderamiento inexpugnable de una clase política que ya no está interesada en elaborar políticas públicas en diálogos con nuestras investigaciones arqueológicas y culturales independientes.
Primero hago la aclaración que no soy trabajadora del INAH sino que vengo a aquí como una ciudadana cholulteca que en los últimos quince años ha lidiado, negociado, peleado, interpelado no solo a la Institución sino personalmente a directores regionales y a muchos de ustedes. Es así porque la defensa del patrimonio cultural de mi comunidad, como está sucediendo en otros lugares de México, ha sido todo menos custodiada, valorada y trasmitida como mandata en la letra y el espíritu la ley que le dio esa tarea a ustedes en el INAH.
Y hago un paréntesis que es un reconocimiento agradecido:
A los investigadores del INAH que tomaron la valiente decisión de salir a la calle recientemente con nosotros, por Cholula. Y en particular al arqueólogo Reynaldo Lemus Nieto, quien el 15 de octubre interpuso ante la PGR una demanda por destrucción patrimonial en contra de Leoncio Paisano, alcalde de san Andrés Cholula. No pudimos detener la violación a los derechos humanos de nuestros vecinos, sin embargo; y Adán y Paul Xicale permanecen presos hace más de un año, y siguen vigentes las órdenes de aprehensión contra diez ciudadanos más.
Porque desde que el gobernador Rafael Moreno Valle nos dio la noticia de que –como se propuso con el antiguo Proyecto Esquerra cocinado desde el año 2002-- iniciaría la construcción de restaurantes y hoteles en medio de un parque llamado ahora de muchas maneras, pero que desde sus tiempos como Secretario de Finanzas del gobierno priista de Melquiades Morales, con el arquitecto Bautista Alonso, ya lo habían bautizado como “Intermunicipal”, hemos podido evitar juntos que la gran pirámide fuera irreversiblemente afectada y no haya por el momento coches estacionados hasta en el Patio de los Altares.
Y cierro el paréntesis.
La nueva Secretaría de Cultura, evidentemente, afectará derechos laborales individuales en la medida que nuevos criterios administrativos y un nuevo contrato colectivo tiene que ser implementado porque ustedes adquieren, como dice la ley laboral, un nuevo patrón. Pero no estoy tan segura que esta nueva adscripción para la institución tenga como objetivo sólo o principalmente la anulación de derechos laborales adquiridos, y sí creo que más bien intenta cambiar las reglas o las condicionantes para el trabajo cultural que realizan en el INAH (así también en otras instituciones culturales). Se anulará así el papel central que el marco legal actual les otorga como investigadores y peritos en la custodia, preservación y transmisión de los bienes y culturas patrimoniales de la nación, que desde tiempos de Lázaro Cárdenas (y estuve revisando por curiosidad la ley orgánica para el Instituto que él firmó en 1939[1]) les empodera sobre casi todo lo concerniente que tenía importancia cultural patrimonial para la nación. Además, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas publicada en 1972 con reformas en 1986 concentró en el ámbito federal la custodia patrimonial y dejó a los estados sin facultades para emitir leyes sobre los monumentos patrimoniales[2]. Ustedes tienen, como investigadores del patrimonio nacional, por lo menos en el espíritu del marco legal actual y si lo hubieran querido interpretar así, lo que yo entiendo es un lugar central en las decisiones sobre usos y afectaciones a los bienes patrimoniales que no tienen ni los gobernadores en los estados.
Ese es un tema que me parece importante destacar para lo que les quiero argumentar a continuación.
Y otro factor: sin adentrarme ni referir el problema que implica para cualquier marco legal definir lo que es o no es patrimonio cultural, destaco que el factor “valor” es consustancial a cualquier definición de bienes culturales tangibles e intangibles patrimoniales que se buscan preservar.
Pero por causa, maldición o bendición (como lo quieran ver), consustancial también a nuestras profesiones, las investigaciones, peritajes y opiniones derivadas de éstas sobre la preservación e intervención al patrimonio, los investigadores privilegian lo que el arqueólogo Josep Ballart llamó el valor “inmaterial” o la “utilidad inmaterial”[3] de los bienes patrimoniales: esa que proporciona el conocimiento y la reflexión crítica.
La Secretaria de Cultura no busca eliminar la salvaguardia del Estado sobre el patrimonio cultural de la nación (por lo menos no aún) sino más bien el marco legal que empodera al trabajador cultural, en particular a los investigadores del INAH, para decidir sobre sus usos. Porque el “valor” que esa secretaria privilegia en los bienes patrimoniales no es el “inmaterial” del investigador sino el utilitario (que lo tiene además) especialmente en relación con las ciudades arqueológicas.
En ese camino la Secretaria de Cultura anula derechos laborales adquiridos pero, por decirlo así, como si fuera un valor agregado; y lo justifica por necesidades de reducción presupuestal, eliminación de duplicidades en las funciones etc. etc.
Mientras que el despilfarro en viajes, comilonas, casas blancas, compras de votos etc. etc. en otras instituciones, especialmente del ejecutivo, no resienten ninguna política de austeridad. Esto mismo advierte que en la implementación de esta ley no hay sino otra intención. Yo creo que lo que se busca entonces es un cambio en el perfil del trabajador cultural en el INAH, uno que en la Secretaria de Cultura facilite al gobierno la administración comercial de los bienes patrimoniales.
Así, la propuesta ante ustedes sólo en apariencia también se limita a una nueva adscripción para el INAH; porque una sola clausula demuestra otra cosa: todas las facultades para decidir sobre usos del patrimonio --que ahora requiere de la participación activa de los Consejos, especialistas e investigadores del INAH-- quedaría en el arbitrio de la Secretaría General.
Cualquiera puede darse cuenta que la discrecionalidad otorgada al secretario general en esa Secretaria General de Cultura para decidir sobre usos de los bienes patrimoniales permitiría ceder facultades legales sobre el patrimonio, por ejemplo, a los estados (que la ley actualmente restringe). Pero también para incentivar la participación de inversores privados en rescates, salvamentos y promoción del patrimonio. Con la nueva estructura administrativa de la Secretaría de Cultura el valor inmaterial que la investigación y el investigador privilegia del patrimonio en el INAH hoy, ya no sería considerado. Porque largo tiempo el valor utilitario o mercantil del patrimonio era ya parte de proyectos y políticas públicas por lo cual un nuevo marco jurídico y administrativo fue abiertamente reclamado desde finales de 2004 por diputados y senadores del PRI y del PAN.
Hace tiempo que el INAH subsiste tensionado, si me permiten decirlo así, por reclamos de los investigadores que están siendo excluidos de decisiones de directores y allegados cuando éstos autorizan a gobernadores, empresarios o dependencias federales usos comerciales del patrimonio; o incluso permisos para destruir por supuestas necesidades de obras públicas como carreteras, puentes viales etc. etc.; así éstos arrasen cultivos y derechos de pueblos milenarios que no recibirán ningún beneficio por esas obras; o una ciudadela del pos-clásico como sucedió en Cholula en el 2009 y nuevamente en 2014; o vestigios arquitectónicos del clásico como sucedió recientemente en Tlatizapan, Morelos.
Los investigadores del INAH, ante las implicaciones de una adscripción a una futura Secretaría de Cultura, defendiendo los vínculos entre cultura y educación, según leo y escuché ayer, exigen mantener la adscripción a la SEP; y no están considerando que esa “INAH” largo tiempo no solo ha abandonado la custodia, preservación y trasmisión del patrimonio cultural sino que como institución ha sufrido el desgaste y el descrédito, la corrupción también, que esa subordinación política a la SEP le endilgó. Y que las políticas públicas sobre educación en la SEP han concentrado los recursos para la investigación de la cultura desde hace ya varias décadas en las Universidades públicas. La adscripción del INAH a una Secretaria de Cultura no cercena la vinculación de la educación con la cultura, para el gobierno esa continúa en las universidades, sino que cercena el carácter vinculante que la investigación cultural tiene actualmente en el INAH con sus políticas sobre usos del patrimonio.
En el año 2004 yo seguí de cerca la polémica en torno al INAH, y quedé convencida que en vez de los términos en que se dio la discusión con los diputados y senadores sobre el nuevo marco jurídico que proponían para las instituciones culturales, el INAH debió, quizás, no solo atender las críticas puntuales sobre su improductivo funcionamiento interno; sino empoderar a sus investigadores para que desde ese estatuto jurídico de la institución como ente descentralizado o desconcentrado se pudieran construir vinculaciones no entre la cultura y la clase política, sino con los pueblos que esas políticas públicas impactan. Un estatuto jurídico de autonomía me pareció a mí entonces, como el recientemente logrado por el INEGI, el único que podía garantizar que el INAH cumpliera con el papel de custodio que el espíritu y la letra de la ley que creó esta institución le asignó para salvaguardar, privilegiando el “valor inmaterial” que sus investigadores aportaban, el patrimonio de la nación.
Esto ya suena a “nachdenken” en este momento y que traducido al español quiere decir “a toro pasado todos somos Manolete”.
Pero quizás sigue siendo una opción si logran revertir esta nueva asignación y tienen ustedes la oportunidad de empezar un proceso interno que rescate a la institución y la devuelva al espíritu de la ley que la creó.
Por otro lado, la valoración del patrimonio privilegiando sus vínculos con el pasado, por ejemplo, como resultado de la investigación arqueológica, no anula, el valor utilitario, ni el valor estético que también tiene el patrimonio.
Josep Ballart[4] hizo una argumentación a mi entender convincente: que los trabajadores de la cultura que investigan sitios arqueológicos --o los antropólogos los rituales y tradiciones de los pueblos-- trabajan con la materia con la cual está hecho el pasado y el presente; y que tiene el potencial para que el conocimiento histórico, y la construcción común de cómo se quiere vivir el presente en una nación tengan una lectura crítica y plural. Sobre este eje u orientación la investigación influye, por decirlo así, en las políticas públicas sobre usos de los bienes patrimoniales culturales.
El valor inmaterial del patrimonio que el investigador rescata es también fácilmente susceptible de una valoración económica por el mercado; pero no necesariamente y no siempre. En México recaía en el INAH impedir que algún gobernador, o un presidente en turno, o un alcalde o unos comerciantes destruyeran suelos arqueológicos en Uxmal; o las plataformas aledañas a la gran pirámide de las Cholulas; o que el sistema de cargos religiosos en pueblos milenarios folclorizados se conviertan en espectáculos expresamente puestos en escena para turistas en “pueblos mágicos”. Pero esto es lo que no sucedió, y las políticas públicas sobre el patrimonio, a las que se doblegó y no orientó el INAH como institución, largo tiempo han privilegiado solo el valor utilitario del patrimonio cultural.
Y por último.
La reflexión que yo he hecho a partir de estos sucesos y que creo fue la más importante se refiere a que estos cambios en la política cultural del Estado Mexicano responden a fuerzas o tendencias globales que se actualizan en “la estrechez de nuestro paraje”, plagiando una metáfora que le leí a Ilan Semo[5].
En el seno de la civilización moderna todo es ya mercancía y el pasado fue re-interpretado como algo segregado del presente. Por eso la banalización de la cultura y la frivolidad son ya programas de gobierno, porque la cultura es hoy solo entretenimiento; y no solo para la actual clase política en México. En lo que se refiere al patrimonio edificado, por ejemplo, la política cultural, hace tiempo, solo se propone preservarlo si no mueve a la reflexión y no contribuye a enriquecer conciencias y sirve como mercancía de turistas o escenario de danzas y cantos populares con todo y luz y sonido.
Estamos engullidos, y hay que asumirlo, en una modernidad ambigua y contradictoria que se consolidó a finales del siglo xix; y en la cual la identidad no se configura ya necesariamente sobre la territorialidad. Porque la llamada globalización ha sido, como explica Roger Bartra, más bien una “desterritorialización”[6] que cuando más progresa más violencia ejerce sobre todo con pueblos que resisten atados a sus territorios sagrados. Una modernidad en que cohabitan también muchos tiempos, pero sobre los cuales se extiende hegemónicamente una economía ligada a tecnologías siempre nuevas mientras la urbanización acelera procesos de homogeneización cultural que ha llevado a algunos antropólogos como él, a concluir que la erosión de las otredades, la alteridad cultural, ha llegado en nuestros tiempos a su fin[7].
Nosotros, y eso hay que hacerlo con plena conciencia y con un salvavidas puesto, estamos nadando a contracorriente; no solo con la defensa patrimonial que cuestiona que el pasado esté desligado del presente sino reinterpretando y valorando culturas y rituales que presencian débiles pero resistiendo.
Por eso insistimos en que en esta sociedad de masas de nuestros tiempos podemos aspirar a ser todos iguales[8], pero somos distintos. Y vamos des-ocultando una idea que puede ser muy subversiva: que los pueblos no pueden olvidar, no olvidan; y que están, estamos, condenados a vivir con memoria porque la memoria, decía Octavio Paz[9], es la que reinventa como fuente creadora el presente.
Lo que yo ya no estoy segura es que si desde el INAH, como está o como la quieren componer, ustedes mis colegas de profesión, pueden andar con los otros que se niegan a olvidar; esos otros que resisten, por ejemplo, la codicia de sus tierras y la masificación del patrimonio histórico y arqueológico por el impacto del turismo en sus vidas.
Yo soy una que estaba contando con ustedes, con el empoderamiento que la ley les entregó, y no estuve preparada para la experiencia de constatar una y otra vez. Interpelándolos desde Cholula, cómo muchos de ustedes vieron esto que hacían aquí como una chamba más.
Antropóloga
San Pedro Cholula 6 de Noviembre 2015
[1] Ley orgánica del INAH con Apéndices. INAH. México. 1963.
[2] Julio César Olivé Negrete, Bolfy Cottom Leyes Estatales en materia del patrimonio cultural. Dos Tomos. INAH.1997.Idalia García y Bolfy Cottom, Coordinadores. El patrimonio Documental en México: Reflexiones sobre un Problema Cultural. México. Porrúa. 2009.
[3] Ballart, Josep, El Patrimonio Histórico y Arqueológico: Valor y Uso. Ariel. España.2006.
[4] Josep Ballart, óp. Cit. Pág. 113-120.
[5] Ilan Semo, “Genealogías de lo local”. La Jornada, 14 de marzo 2015.
[6] El vínculo territorial conduce con frecuencia a cierto fundamentalismo, como bien lo advierte Roger Bartra.
[7] Cito a Bartra porque ha puesto sobre la mesa una discusión importante. Me recuerda a la que nos involucró en la década de los ochentas con Luisa Paré, ¿Campesinos o Proletarios Agrícolas? O la de Ernest Feder “Campesinistas o descampesinistas”.Pero en particular porque Bartra es una antropólogo como lo fue Levi Strauss: del pensar; uno que largo tiempo no tiene cercanía con los pueblos campesinos ni indígenas de México; como Uds. y yo. Puede decir, como lo hizo en una entrevistar, lo que yo no puedo decir porque un “indígena” para mi tiene nombre y apellido: “En México la población indígena ha sido aniquilada, destrozada, mutilada. Ya son como ruinas étnicas, igual que se habla de ruinas arqueológicas. Es un papis que exalta la simbología de lo indígena en el Museo Nacional de Antropología y a la vez ha dejado a los indígenas reales en proceso de disolución”. El País. 13 de Septiembre de 2015. Ver Roger Bartra, Territorios del Terror y la Otredad. Pretextos.2007.
[8] Me parece que en esto hay que tomar en serio el argumento de Peter Sloterdijk: El Desprecio de las Masas: Ensayo sobre las luchas culturales de la sociedad moderna. Pre-Textos.2011; así como a John Gray Straw Dogs: Thoughts on Humans and Other Animals. Granta.2002 (existe traducción al español).
[9] Yo extrapolo lo que Octavio Paz expresa del poeta y la poesía; ver “Una Apuesta Vital” entrevista a Octavio Paz por Guillermo Sheridan en 1997. En Poeta y Paisaje: Ensayos sobre la vida de Octavio Paz. Tomo I. Ediciones ERA. 2004.