La mano derecha en México sí sabe lo que hace la izquierda.
Podríamos decir mejor: aquí sólo hay una mano, la derecha, o la que use el presidente –o el gobernador o el alcalde-- para firmar el nombramiento de su empleado el contralor.
Pienso en ello al leer el anuncio de Enrique Peña Nieto ayer en Texas: “A partir de abril, México entrará en una nueva fase de la reforma energética luego de que hoy, en Houston, Texas el presidente Enrique Peña Nieto anunciara que se adelantará la importación de gasolinas y diésel. Y no sólo eso, pues también dijo que se realizará la más importante licitación de electricidad desde que entró en vigor la reforma energética y confirmó la licitación de yacimientos en aguas profundas para diciembre.”
Y su remate: “Estos hechos dejan claro que la reforma energética avanza con paso firme y decidido”.
Pienso en ello, en las manos que se amarran y los negocios que se esconden en el “ejercicio del poder”. No tenemos hoy en México manera de impedir la corrupción que envuelve las acciones de los gobernantes que controlan las instituciones de gobierno. Y No hay mucho que comprender en su fundamento: ellos se vigilan a sí mismos.
Así que para ponernos futboleros, como lo proponen los creadores de la iniciativa Ley 3 de 3, son los dueños del balón, de la cancha, del árbitro, de la tribuna, de la televisión y del marcador final: ellos nunca irán a la cárcel.
No es nuevo, todos lo sabemos, pero es la regla que mejor explica la corrupción que nos agobia: los funcionarios encargados de la fiscalización del comportamiento del poder ejecutivo --las llamadas contralorías o, fíjense que iluminado nombre, Secretaría de la Función Pública--, son nombrados por los ejecutivos. Mientras esto sea así, ocurrirán una y otra vez las casas blancas y las ruedas de las fortunas y los abrazos de felicitación como el que contemplamos en la fotografía.
Algo ha cambiado, diremos: a Peña Nieto lo desnuda una investigación periodística que comprueba que sus casas fueron pagadas por el contratista principal en sus tiempos de gobernador del Estado de México.
La investigación que desnudó el conflicto de interés de Enrique Peña Nieto: “El Presidente posee una casa en Las Lomas, DF, con valor de USD 7 millones. Fue construida a su gusto por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro, y que antes levantó obras en Edomex, cuando él fue gobernador.”
Pero seguimos siendo los mismos: la investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública que lo exonera concluye que el caso está cerrado. Y háganle como quieran.
Hasta la fecha, no nos ha quedado más que la sátira como este meme aparecido en internet. El 22 de agosto del 2015 se informa en la prensa: el funcionario nombrado por Enrique Peña Nieto para investigar si existió conflicto de intereses por los contratos con la constructora Higa, Virgilio Andrade, exoneró al presidente por el caso de la llamada Casa Blanca: “Se comprobó plenamente que los inmuebles en Ixtapan de la Sal fueron adquiridos con siete años de antelación que fuera servidor público federal.”
Contralores ciudadanos, a la manera del IFE construido en 1997: instituciones del Estado pero sin el control de los partidos y sus gobiernos, nombrados desde los grupos organizados de la sociedad civil.
México puede cambiar, decimos para intentar convencernos que el país tiene una salida.
La tiene, pero no hay otra: la acción civil organizada, democrática, inteligente. La Ley 3 de 3, desde los grupos que impulsan esta iniciativa, dan una idea de la ruta.