La ciudad, los pueblos, el río
Vale una mirada larga, para entender mejor la decisión del gobierno y a la dimensión del esfuerzo de la acción civil sostenida por la organización ambientalista: la ciudad de Puebla, contenida por el Atoyac, su río más potente y occidental, ha mirado siempre hacia sus volcanes Popo e Izta al fondo de una letanía de pueblos campesinos resguardados contra el avance urbano por una ribera que baja de la montaña, la separa de Tlaxcala y se ahonda por los barrancones que desgarran la Malinche para cruzarla desde el norte. Son los pueblos cholultecas: San Lorenzo Almecatla, San Francisco Ocotlán, Cuautlancingo, Chiautengo, San Pedro Cholula, Momoxpan, San Andrés Cholula, Santa María Tonanzintla, San Luis Teohuiloyocan, Santa María Acuexcómac, Nealtican, San Bernardino Tlaxcalancingo, San Antonio Cacalotepec, San Francisco Acatepec, San Bernabé, Santa Clara Ocoyucan. Durante años, en el siglo XX, el río contuvo el crecimiento de una urbe medrosa y pusilánime, atada a sus pasados de piedra, barro, raleas y jerarquías, que se fue alargando a lo largo de la ribera nororiental con dos únicos antiguos cruces, el del Puente de México al norte, por el rumbo de los molinos y obrajes textiles de la colonia y las fábricas de nuestra pequeña revolución industrial en las postrimerías del XIX, y el de Las Ánimas, que tendía sus vistas por los caminos reales hacia Atlixco en el sur. Pero no hay dique que contenga la voracidad de una ciudad mexicana desde la pobreza de sus masas y la avaricia de su oligarquía. Para el río se tienden puentes: el de la recta a Cholula, en los setenta, el de la Vía Atlixcáyotl en los ochenta, y todos los que han seguido como escaleras en el asalto de una fortaleza. Porque no es el río el obstáculo, sino la propiedad de la tierra, el ejido, la parcela que pulveriza toda pretensión concentradora, el derecho de posesión fundado en las guerras de los abuelos que nadie entiende a pesar de las mil lecciones y festejos cívicos, pero que dan cuenta de las ataduras que alcanzan lugar en los libros de historia. Así, hasta que los políticos expropian la tierra.
Entre 1990 y 1991, en una trama urdida por funcionarios estatales y federales, el gobierno federal proyecta el obligado reordenamiento del crecimiento de la ciudad de Puebla. Y el camino es el de la expropiación de las miles de hectáreas de maizales y pastizales al otro lado del río. Más allá de la probada corrupción del gobernador Mariano Piña Olaya, a la fecha impune, el proyecto es estratégico y se prolonga por tres sexenios más, planes y realidades de por medio, Tratado de Libre Comercio, crisis económica y explosión exportadora como aderezos. El 4 de mayo de 1992 un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación formaliza la expropiación de 1081 hectáreas ejidales y dan fundamento a un proyecto elaborado por el gobierno de Manuel Bartlett en 1993, que imagina un nuevo orden urbano expandido sobre la tierra campesina: vivienda, comercio, industria, transporte, toda una urdimbre de vialidades para sostener una metrópoli que abarca diez municipios poblanos sin contar once tlaxcaltecas, que jamás entrarán en el proyecto. Y ahí, 110 hectáreas de áreas verdes para recuperar el mínimo equilibrio ecológico. Entre 1993 y el 2008, los gobiernos han impulsado por las vías legales e ilegales el cambio del uso del suelo, fundamentalmente desde el uso de preservación ecológica hacia el uso de vivienda residencial y el uso para comercio. Entre otras personas y grupos que levantan la voz en contra, las de Verónica Mastretta y la organización civil Puebla Verde denuncian una y otra vez la política sistemática de los gobiernos de Manuel Bartlett, Melquiades Morales y, últimamente, Mario Marín, que atenta contra el uso del suelo para áreas de preservación ecológica. Tan sólo en el régimen de Bartlett se cambia el uso de más de 80 hectáreas, para ubicar ahí el complejo de lo que hoy conocemos como “centro comercial Angelópolis”, diseñado por el despacho Sordo Madaleno, con las tiendas Liverpool, Samborns, Sears y Palacio de Hierro y las pantallas de Cinépolis como anclas para decenas de comercios plantados en lo que ha sido la punta de lanza del proyecto bartliano. 45 hectáreas más, que Bartlett bautizó como “Parque Metropolitano”, desaparecen para albergar ahí, y regalado sin explicación alguna al empresario Carlos Peralta, un parque de diversiones conocido como “Valle Fantástico” y, ya con Melquiades, pleito de por medio con Peralta, un campus del Tecnológico de Monterrey, 25 hectáreas de obsequio para los regiomontanos. De hecho, son las 12.7 hectáreas rescatadas de la feria inmobiliaria por Puebla Verde en el Parque del Arte en el 2004 lo único que se preserva como área verde en toda la llamada Reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. En total, y con la figura del Fideicomiso Angelópolis, en los últimos tres gobiernos, más de 10 millones de metros cuadrados han sido comercializados por funcionarios bajo las órdenes de los mandatarios Bartlett, Morales y Marín. Por supuesto, sin rendir cuentas a nadie.
La joya de la corana
La historia del Parque del Arte, “la joya” de los terrenos expropiados en 1991, es el punto culminante de la trayectoria de los últimos cuatro gobernadores poblanos y su brillante oficio de especuladores sobre las 1081 hectáreas arrebatadas a los campesinos cholultecas por causa de utilidad pública. Sus 12.7 hectáreas, que en las cuentas de los funcionarios convertidos en desarrolladores inmobiliarios alcanzan un valor superior a los 600 millones de pesos, son las únicas que han sobrevivido al cambio de uso de suelo de preservación ecológica a comercial, habitacional y de servicios de las más de 110 proyectadas originalmente como áreas verdes. Cuando lo recibe del gobierno, en agosto de 2004, tras demandarlo por más de diez años, Puebla Verde hace un recuento del erial en el que estaba convertido lo que los funcionarios de Bartlett bautizaron como “Jardín del Arte”: 115 árboles vivos, sobre todo cedros, eucaliptos y algunos fresnos, centenares de toneladas de escombros arrojados ahí por los contratistas de las obras de la Reserva, una línea de 200 metros de asfalto, otra plancha de concreto para una calle imaginaria y un gran llano baldío, todo frente a los edificios del Hospital del Niño Poblano y la Universidad Iberoamericana. El proyecto presentado por Puebla Verde para reconstruir el parque estima una inversión 7.5 millones de pesos, de los que el gobierno pondrá 6 y el resto la agrupación civil. Así ocurre: cercado completo del área, construcción del bordo protector a lo largo del perímetro, extracción de cascajo, reconfiguración de suelos, construcción de tres lagos, pista para corredores, baños públicos y oficinas, instalaciones para la generación de energía eólica, rehabilitación de pozo profundo y la siembra certificada de 5 mil árboles de especies locales y centenares de bugambilias y magueyes para el bordo. A los tres años y medio de custodia, el parque sobrevive con sus propios recursos y cumple con todo lo proyectado en el momento de su creación.
La acción del gobierno de Mario Marín la desencadena un oficio del 28 de marzo del 2008, firmado por el Director de Ordenamiento Territorial de la SEDESOL federal, José Antonio LLovera. En él, la dependencia le informa al gobierno de Puebla que da marcha atrás a su consideración del 18 de febrero, oficio No. 312-223/2008, firmado por el mismo funcionario, relativa a la aprobación del cambio del uso de suelo de área verde a uso comercial, mixto y equipamiento en 60 hectáreas de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. La decisión es consecuente con lo denunciado por Anahí Romero, delegada federal de SEDESOL, y por un grupo de diputados locales y organizaciones civiles, Puebla Verde incluida, a la opinión pública días antes. Y es que los hechos son contundentes: “En general –dice sobre la Reserva Territorial Atlixcáyotl la funcionaria Romero en oficio No. 1141.2.1.0.0.237/2007 dirigido a la Subsecretaria de Desarrollo Urbano de SEDESOL, Sara Topelson--, hemos observado un desvirtuamiento silenciosos y lento, pero muy efectivo, de los objetivos sociales que dieron origen a su creación”. Y dice más: “Se ha señalado la actitud constante del Estado de realizar los movimientos para cambio de uso de suelo y que después como hechos consumados los presenta para su regularización”. Con este proceso, dice la funcionaria, se incumple con lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos y se atenta contra lo dispuesto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Al día siguiente, Bancomer, Fiduciario del Fideicomiso del Parque del Arte, manda un oficio a Puebla Verde para darle tres días hábiles para entregar el parque al Fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. Así de simple: luego de tres años de olvidar la solicitud de Puebla Verde por cambiar de fiduciario (Bancomer exige en agosto del 2004, al convenir los términos de la custodia por la vía de la figura del fideicomiso, 250 mil pesos por la apertura y 20 mil por renta, mientras que Santander ofrece apertura gratuita y renta mensual de mil pesos), el gobierno estatal intenta desconocer la custodia por seis años otorgada a la organización civil por el gobierno de Melquiades Morales Flores. El sábado 29, el gobernador Mario Marín se presenta en el parque, y sus secretarios de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente presentan una maqueta con un proyecto de parque deportivo, e informan a la prensa de la intención del gobernador de tener un parque como el de San Antonio, en Texas: “Por aquí sobrevuela en su helicóptero –afirman--, y dice que Puebla debe tener un parque como el texano”. Siguen cinco días febriles, de movilización civil por un lado y de campaña mediática contra Puebla Verde por el otro. En particular TV Azteca Puebla, franquicia propiedad del empresario Raymundo Alonso, calumnia y difama a la organización ambientalista en todos sus noticieros; hijo de empresario molinero y comerciante automotriz tiene concesionado el teatro Siglo XXI, espacio cultural propiedad del gobierno, vecino del parque, y no resiste la tentación reclamar a Mario Marín por los eventos de espectáculos musicales realizados por la empresa CIE, cuatro en total en cuatro años, de los cuales Puebla Verde obtiene recursos para financiar la operación. Puebla Verde, contra la oleada de medios locales, logra una cobertura de medios nacionales (Televisa, Radio Fórmula, Milenio, Reforma) suficiente para contrarrestarla. Y recurre al amparo federal como mecanismo legal de defensa. La suspensión provisional que otorga el juez paraliza al gobierno. Siguen cinco semanas de presentación de pruebas e interrogatorios, y la reiterada negativa de los funcionarios estatales a tener pretensión alguna sobre el parque. El juez, finalmente, no otorga la suspensión definitiva ante la negativa del acto reclamado. Pero el juicio sigue.
El viernes 3 de julio los policías de Mario Marín asaltan el Parque.