1.- El poder y la indefensión legal
Son mis jueces, papá…
Viernes 18 de julio, 3 de la tarde, los juzgados civiles han cerrado y se van de vacaciones quince días. Estamos en la entrada principal del llamado Parque del Arte en la ciudad de Puebla, una extensión de 12.7 hectáreas en el corazón de Angelópolis, el proyecto de desarrollo urbano para el sur-poniente de la ciudad imaginado por Manuel Bartlett como gobernador en 1993, rescatada en su uso de suelo como área verde tras diez años de abandono gubernamental por la asociación civil Patronato Puebla Verde, que lo custodia y administra desde el mes de agosto del 2004 por convenio con el gobernador Melquiades Morales Flores, a través de la figura de un fideicomiso. “Se trata de la joya de la corona”, han dicho los funcionarios del gobierno marinista. Y la quieren para sí.
Dulce Pastelín --así se llama, y no hay lugar para realismos mágicos--, quien se ostenta como representante legal tanto del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl como del fiduciario Bancomer –en clara violación de la ley sobre funcionarios públicos--, y sin importarle que está de por medio un juicio de amparo ante un juez federal, reclama el parque acompañada de un diligenciario del Juzgado Séptimo de lo Civil y una veintena de policías, todos de jurisdicción estatal, hay que decir. Afirman que la juez séptima ha ordenado un embargo precautorio del parque porque Puebla Verde no garantiza su buena conservación. Después se sabrá que el Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl-quetzalzóatl ha puesto una demanda desde el 18 de junio pasado, sin que se haya notificado en forma alguna a la organización civil, y que han depositado ocho millones de pesos en efectivo como fianza exigida por la juez. El diligenciario presenta una orden sin firma que lee el abogado de Puebla Verde, que de inmediato aduce que están cometiendo un delito y que deben desalojar el lugar. El diligenciario, efectivamente, se retira. Dulce Pastelín se cuelga del celular, desde el que le giran instrucciones. Decide retirarse sin más explicaciones, pero regresa dos horas después, ya cerca de las 6 de la tarde, sin el diligenciario y sin orden alguna, pero acompañada por un contingente de más de setenta hombres armados con armas largas y chalecos antibalas, ni más ni menos, para romper cadenas y candados y tomar por la fuerza el parque. Una docena de reporteros atestigua que la funcionaria y los policías no presentan orden judicial firmada por un juez ni nada que se le parezca. Alcanzan a decir los asaltantes que los llamaron porque había disturbios en el Parque del Arte. Los representantes de Puebla Verde, así como los jardineros y vigilantes del parque, no oponen resistencia alguna, como no sea la de señalar la arbitrariedad de la fuerza pública.
Los reporteros denuncian la presencia de una policía especial --la llaman “guardia privada del gobernador” --, con sus autos y sus trajes y sus celulares negros en un tercer plano para los fotógrafos, paseándose contra la barda de piedra del fraccionamiento que el arquitecto/constructor/nieto de gobernadores/exsecretario de estado Federico Bautista, desarrolló ahí mismo frente al parque cuando era funcionario del gobierno de Melquiades Morales, con la fuerza suficiente para cambiar el uso del suelo de vivienda de interés social a residencial a las dos que compró con todo el conocimiento de causa del asegurado éxito inmobiliario por venir en los años siguientes, que ya pasaron, y que empiezan a ser recordados como los de los más brutales en la historia de especulación inmobiliaria en Puebla.
“Guardia privada”, dicen los reporteros… Algo así como el estado mayor de esta especie de república estatal en la que vivimos los poblanos.