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Ley 3 de 3. Si una ley así operara en Puebla no hubiéramos construido hace veinte años  un mamotreto centro de convenciones en San Francisco, ni se le hubieran regalado al empresario Peralta 45 hectáreas de los terrenos expropiados a Tlaxcalancingo, ni toda la cascada comercial que le siguió a Liverpool; tampoco existiría una célula seca e inservible en Oriental, ni la mole rectángulo en Los Fuertes, ni el ridículo parque fantástico; ni el CIS en Atlixcáyotl, ni la rueda de la fortuna, ni el inenarrable museo barroco. No, ninguna de esas obras puestas aquí desde la más superficial memoria de reportero habría calificado en el capítulo “conflicto de intereses” que la ley propone. Simplemente no habría tenido lugar el modelo con el que la ciudad de Puebla ha crecido desde la expropiación originaria de la tierra campesina que dio lugar al “desarrollo Angelópolis”. Ni se habría cobijado todo en una de las variables en las que se sostiene todo el sistema: el uso del dinero público en los medios de comunicación para la construcción de la imagen del poderoso en turno.

Control de la tierra, manipulación de los medios… Y compadres y padrinos para el abrazo y el jolgorio.

Pero no tenemos una Ley 3 de 3  que impida que la manera en que los políticos han usado lo que ellos llaman “el ejercicio del poder” sea el fundamento de nuestras relaciones sociales: la corrupción y la impunidad.

La presentaron ayer en la Ibero-Puebla. Cinco universidades, a las que ojalá pronto se sume la Benemérita. Es una iniciativa ciudadana que nos obligará a todos a pensarnos distinto. Una propuesta que puede llevar a que los políticos y sus compadres dejen de ver al Estado como su propiedad, como su coto de caza, como la tierra en la que ellos son la ley.

Ley 3 de 3. La medida de fondo es muy simple, pero le puede cambiar el rostro a esta patria nuestra sometida por la corrupción y la barbarie.

¿Quieres ser candidato a un cargo público? Pues estarás obligado a presentar tu declaración patrimonial, tus pagos a Hacienda y los posible conflictos de interés en los que puedas incurrir.

Para tener una idea de lo que se juega con esta iniciativa ciudadana, en las elecciones generales del 2018 se van a disputar una presidencia,  64 puestos en el senado, 500 en la Cámara de Diputados, 32 gubernaturas, 32 congresos estatales y 2 445 municipios más sus juntas auxiliares. Multiplica esos puestos por 9 partidos, y tendrás a la vista los miles de ciudadanos metidos en política y que estarán obligados a declarar su patrimonio, sus impuestos pagados y la red de sus intereses.

Sencillo, pero hasta este momento en México, imposible.

 

Aquí puedes leer la Iniciativa y, si te parece, firmarla:

Iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas

Aquí, una síntesis de lo que esta iniciativa propone: • La obligación de presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública. • Las directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos. • Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos. • Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe en actos de corrupción. • Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima. • Una clasificación de los diez actos de corrupción graves: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción. • Dotación de recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables, a través de la creación de una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación. • Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria. • Una mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción. Aprovechando la experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel nacional.