Hay conflictos sociales anunciados y delineados con detenimiento a lo largo de los años.
Y hay conflictos ambientales provocados por proyectos industriales que se quieren imponer sin una investigación a fondo de las repercusiones que puede tener sobre un sistema ecológico.
Son los conflictos que exponen el riesgo latente sobre el patrimonio biocultural de México. En este caso, sobre la calidad histórica y ambiental de la Sierra Norte de Puebla.
Son justo los asuntos que se deberían discutir a fondo en un debate democrático y fundamentado en la investigación científica y social.
Y es justo lo que no está ocurriendo. Porque el conflicto por uno de los tres proyectos de construcción de hidroeléctricas en el río Ajajalpan poco a poco sube de tono. A la empresa Comexhidro (DESELEC-1, en los municipios de San Felipe Teptlán y Tlapacoya) se le acortan los tiempos, así que sus acciones empiezan a derivar hacia las soluciones de fuerza: criminalización de sus opositores y amedrentamiento físico para iniciar las obras a como dé lugar. Y así crece la tensión crece entre los pobladores descontentos por la represa y los grupos que la respaldan.
La historia ya es larga, desde el 2011 en que la empresa presentó la Manifestación de Impacto Ambiental que derivó en su aprobación sin consulta pública a los pueblos indígenas, hasta este pasado 25 de febrero, cuando uno de sus trabajadores sacó una arma de fuego para amedrentar a los pobladores que reclamaban inicio de la obra de construcción. En medio, el intento de consulta pública fallido impulsado por las autoridades federales y el ayuntamiento de San Felipe Tepatlán, y el repudio masivo de los pobladores que obligan al alcalde a echar abajo los permisos de construcción y cambio de uso de suelo.
Presentamos aquí dos momentos principales en el desarrollo de este conflicto.
El primero, documentado en Mundo Nuestro, da cuenta del proceso por el que el gobierno federal aprueba la Manifestación de Impacto Ambiental en oficio S.G.P.A/D.G. I.R.A/D.G./9364, de fecha 9 de diciembre del 2011, disponible en internet en el portal de trámites de SEMARNAT:
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/pue/resolutivos/2011/21PU2011E0018.pdf
Sin embargo, con la autorización, las autoridades federales y la empresa promotora no cumplieron con el requisito fundamental de la figura de consulta pública como derecho de los pueblos indígenas (CONVENIO 169 DE LA OIT-ONU), al que el gobierno mexicano está obligado por ley, y que se otorgó fundamentalmente con el desconocimiento de la mayoría de la población de los municipios afectados.
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El segundo, documentado con la crónica de la periodista serrana Leticia Ánimas, da cuenta de la movilización de los pueblos totonacos de San FelipeTepatlán el 5 de julio del 2015, con una asamblea multitudinaria en la que se rechaza la construcción de la presa en el cauce del río. En una verdadera acción de masas, centenares de pobladores obligaron el presidente municipal y su cabildo a echar abajo los permisos otorgados a las empresas.
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