La Compañía, fiel a su carisma, debe estar en la avanzada que, en el mundo actual, significa estar en el más debajo de la historia junto a los crucificados. Desde esas cruces se debe denunciar todo aquello que en su contorno inmediato contribuye a crear la miseria y el dolor del mundo, debe compartir la suerte de aquellos para quienes vivir en su máxima tarea y la muerte en su destino más cercano; debe defender los derechos de los hijos de Dios, sobre todo, el derecho a la vida. Ignacio Ellacuría
El contexto en que servimos
La razón de ser de una institución jesuita no se limita a un quehacer meramente académico. De ahí, que sea fundamental desglosar lo acontecido este año a nivel nacional y local en materia política, social y económica. Lo anterior con el ánimo de recapitular lo que dio pie a una agenda de la Universidad que la ha llevado a convertirse en un actor crítico y propositivo frente a las demandas de nuestro entorno.
En 2014-2015, la agenda pública estuvo marcada por las llamadas reformas estructurales a las que, el gobierno del presidente Peña Nieto y sus aliados, presentaron como el camino para lograr la construcción de un México más próspero y equitativo. La realidad hoy nos muestra un país convulsionado por la violencia, sumido en una profunda crisis de legitimidad y confianza en las instituciones y con una compleja situación económica.
La muerte y desaparición de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, dio testimonio de la incapacidad de una administración que hasta el día de hoy no ha podido dar una versión verosímil de la masacre.
Otro acontecimiento que evidencia –una vez más- a un gobierno que no fortalece el estado de derecho y que, por ende, está propiciando la expansión de la violencia y la ilegalidad, fue el proceso electoral 2015. Durante los meses pasados, fuimos testigos de las elecciones nacionales más violentas que se han registrado en la historia reciente del país: 17 pre-candidatos, candidatos y coordinadores de campaña fueron asesinados y más de 70 aspirantes sufrieron amenazas y hostigamientos durante las campañas. Ante esta realidad, se imponen las siguientes preguntas: ¿qué implicaciones tienen esas prácticas criminales en nuestra sociedad y para nuestra débil democracia? ¿Qué legitimidad pueden tener elecciones que se desarrollan en un clima como ese?
En este tenor, cabe resaltar la respuesta de la sociedad ante los desafíos que México continua presentando. Por un lado, miles de mexicanos dieron el poder a través de su voto a candidatos independientes o sin partido: tal fue el caso de Nuevo León y Jalisco; o usaron su voto para castigar a los gobiernos que se han caracterizado por el autoritarismo, la corrupción y la incapacidad.
La imposibilidad de compaginar la voluntad política con el bien común de nuestra sociedad, parece acrecentarse diariamente. El mal uso del poder nos ha puesto a la vista las evidencias para afirmar que gran parte de la clase política mexicana ha extraviado su razón de ser y ha perdido la noción de la ética pública al servicio de los demás. El mal de la corrupción, bajo las formas de conflicto de intereses, enriquecimiento ilícito y malversación de recursos, convive y se nutre simbióticamente, en un escenario de impunidad que ha debilitado consistentemente a las instituciones. Si bien, no se puede escatimar el logro que representa la nueva reforma constitucional en materia de transparencia y la subsecuente Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuya aprobación tuvo un peso decisivo la participación de la sociedad civil especializada en el tema, así como la reforma constitucional que originó el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, sería ingenuo pensar que, con estos nuevos elementos, cambiará la conducta de una clase política que parece estar cada vez más distanciada de la sociedad, ajena a las graves problemáticas sociales y más ocupada en beneficiar intereses particulares y no el interés público.
El tráfico de influencias y los conflictos de interés, documentados por un equipo de periodistas encabezado por Carmen Aristegui son reflejo de la forma como se ha ido orquestando el control de la libertad de expresión. En la aspiración a una vida verdaderamente democrática, un país como el nuestro no puede respaldar actos de censura a las voces que informan o contradicen los discursos vacíos. Este año en materia de derechos humanos, la labor periodística y de defensoría ha sido fuertemente atacada. Estos actores sociales han sido constantemente amenazados, criminalizados y asesinados en un contexto de total impunidad, mismo que no genera condiciones para promover y defender la justicia de forma libre, sin discriminación, violencia o represalia.
Asumir que tenemos grandes problemas para hacer justicia a nuestros pueblos milenarios, es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra ciudadanía. El despojo de identidad, del lenguaje y el territorio, no es sino una amenaza a nuestra propia existencia. Debemos quitarnos las ataduras de un mundo globalizado que día con día nos despoja de nuestra propia condición identitaria.
En cuanto a la coyuntura eclesial, es importante destacar la valentía del obispo Raúl Vera, el dominico Miguel Concha, el P. Alejandro Solalinde, el P. Pedro Pantoja, Heyman Vásquez de la pastoral de migrantes o los miembros del centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, quienes han externado sus demandas para exigir el restablecimiento de la paz y del estado de derecho en las regiones asoladas por el crimen organizado y el caos político. Sin duda han sido declaraciones que marcan un notable compromiso de la comunidad cristiana por los excluidos.
Por ello, ante un escenario en el cual nuestro país recae en manos de aquellos que ven cifras y no vidas humanas, es necesario atender de fondo los problemas de criminalización y persecución de tantos hermanos y hermanas que transitan por nuestro territorio en búsqueda de un futuro más digno.
En lo que corresponde al ámbito educativo, miles de profesores que encaminan su labor en la búsqueda de un México con mayores herramientas y posibilidades de crecimiento a lo largo de su formación académica, se han topado de frente con los intereses y presiones de los sindicatos magisteriales, de la propia Secretaría de la Educación Pública e incluso del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en cuanto que no se ha logrado consolidar un cabal acuerdo para mejorar las prácticas educativas y sus índices en nuestro país. Por ello, mientras no se asuma el reto de la educación como el gran factor de cambio, México no podrá transitar a un Estado verdaderamente solidario y justo; continuaremos siendo cómplices de las prácticas de hostigamiento y discriminación que se ejercen en los espacios educativos y de los incrementos desmesurados en el número de actos de violencia.
Pasando al tema de la economía mexicana, ésta sigue teniendo -como en los últimos 35 años y a pesar de todas las reformas estructurales realizadas- un crecimiento magro. La política monetaria y fiscal ha favorecido la concentración de la riqueza para unos cuantos, mediante un tratamiento fiscal, a modo, y un mantenimiento de indicadores macroeconómicos poco benéficos para la mayor parte de la población en sus ingresos reales y de bienestar. Una vez más, las mayorías han sido profundamente ignoradas y el resultado es un menor crecimiento, estabilidad cambiaria y de precios y un estancamiento en la vida económica de nuestro país.
Con respecto a la vida pública local, hemos constatado avances en materia educativa como lo refleja la última evaluación del INEE, en el que Puebla se ubicó en primer lugar nacional en Lenguaje y Comunicación y segundo lugar nacional en Matemáticas. Felicidades a todos los maestros y maestras con cuyo esfuerzo y competencia han logrado tales resultados.
Por otro lado, valoramos el esfuerzo de la pequeña y mediana empresa que junto con el gobierno, han hecho posible que se incremente significativamente el número de turistas en el estado de Puebla, creando nuevas fuentes de trabajo, aunque el reto de la equidad social sigue presente.
No obstante, a un año de los lamentables acontecimientos en la localidad de San Bernardino Chalchihuapan, todavía quedan recomendaciones pendientes, emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ese sentido, lamentamos que Puebla esté ubicada como el estado con mayores represiones a los movimientos sociales y actores independientes.
Asimismo, nuestra sociedad no puede permitirse la indiferencia y la apatía ante la violencia estructural en contra de las mujeres. Los feminicidios cometidos durante estos últimos años suman más de 240, pero únicamente se han registrado siete averiguaciones previas y una sentencia.
Esto, aunado a un congreso estatal que ha aprobado una ley para obstaculizar las candidaturas independientes, al igual que una serie de decisiones que no necesariamente han atendido las demandas prioritarias de uno de los estados que concentra mayor número de pobres y mayor desigualdad, nos hablan de los temas que aún siguen aplazados. De otra forma, si no se atiende responsablemente a estos retos, se habrá fallado a los ciudadanos, y a sus esperanzas de una alternancia en beneficio de los poblanos.
Ante este complicado panorama, la Universidad Iberoamericana Puebla está convencida de la urgencia de un cambio en el país que necesariamente pasa por la profundización de la democracia, la reactivación del diálogo entre la sociedad y la clase política que dice representarla, así como por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, la consolidación de un Estado de Derecho y la puesta en marcha de políticas públicas que combatan frontalmente la marginación, la violencia y la impunidad.
Confirmo que será el trabajo colaborativo el que nos ilumine desde la propia sensibilidad para responder a los grandes desafíos actuales. Debemos ser creativos desde nuestras áreas académicas y de incidencia social, para evitar que nuestras libertades sigan siendo conculcadas. Este breve análisis coyuntural, no es más que un exhorto para continuar al servicio de nuestra sociedad, a fin de enderezar el rumbo hacía una vida más digna y justa para todos nuestros hermanos y hermanas, y el marco en el que la Universidad quiere realizar su acto educativo.