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El Salvador, ese pequeño país tan parecido a México en su historia y su cultura, vive una nueva guerra. Un país que sufrió en los años ochenta una despiadada guerra civil enfrenta ahora una realidad de violencia que ha puesto en jaque como nunca la viabilidad del propio Estado. Una sociedad que --luego de sucesivos gobiernos de derecha, con claros vínculos con los militares que gobernaron la república con mano de hierro-- con enormes esfuerzos intenta construir un Estado democrático que logre dar cauce a los reclamos por la justicia social que originaron la rebelión popular y al ejército guerrillero que enfrentó a los inefables regímenes militares apoyados desde Estados Unidos, cuando todavía se hablaba de la guerra fría. Los grupos criminales conocidos como la Mara, ha arrinconado con una violencia inenarrable al Estado salvadoreño. Un censo realizado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública reveló que las pandillas salvadoreñas cuentan con 60.000 miembros activos y casi medio millón de personas vinculadas a su organización. Así describió esta realidad. Los homicidios generados por la violencia de estas bandas llegó a ser de quince por día. La sociedad reclamo, exigió, una tregua. Una información de la agencia de noticias XINHUA establece: “La tregua acordada entre pandillas y facilitada por el gobierno de Mauricio Funes fue coordinada por el obispo castrense Fabio Colindres y el exguerrillero Raúl Mijango a partir de encuentros con los jefes de la 18 y la Salvatrucha recluidos en las prisiones del país.Los mediadores garantizaron que los pandilleros tendrían beneficios carcelarios permitidos por la ley a cambio de que dieran la orden de detener la guerra territorial en los barrios populares del país. Una investigación del Ministerio de Seguridad Pública reveló que hay 470.262 personas vinculadas a las maras, las cuales son parte fundamental en el mercado del narcomenudeo y las extorsiones contra los comerciantes en 1.765 barrios vecinales. En ese total de vecindarios operan 1.955 "clicas" de seis de las principales pandillas violentas que existen a nivel nacional, informaron las autoridades.” Hoy, el proceso abierto por la tregua sufre una aguda crisis y la posibilidad de paz está claramente en riesgo. En gran medida, los miles de jóvenes que forman las bandas en los barrios de las ciudades y pueblos de El Salvador, pertenecen a los hijos de aquella terrible guerra. Los salvadoreños han buscado desde el gobierno una tregua con las bandas que se disputan el control de los territorios, y que en sus guerras se han llevado por delante a los civiles al tiempo que han demostrado la incapacidad del Estado para contenerlos. Mucho podemos aprender en México de este esfuerzo enorme de la sociedad salvadoreña. Empecemos por conocerlo. En el marco de los sucesos recientes en México, particularmente lo que ocurre en Michoacán y Guerrero, Mundo Nuestro reproduce una parte de la entrevista que el medio electrónico ELFARO.NET, en su suplemento Sala Negra, publicó el pasado 30 de julio, y le invita a continuar leyéndola en el propio medio salvadoreño. |
“Lo que debilitó la tregua fue la falta de respuesta económica y social del gobierno”
Huye de simplificaciones. Describe la tregua como un proceso mucho más complejo y arriesgado de lo que nunca llegó a plantear su predecesor, pero Perdomo no parece tener aún la claridad, o las armas, o el respaldo político como para transformar, como promete, esta estrategia. Promete llevar a las pandillas a un pacto social con el resto de salvadoreños y tratar de recuperar para el Estado el control territorial de sus zonas. Demasiado, quizá, para un ministro al que le queda menos de un año en el cargo.
Con la tregua en una crisis de la que parece que no logra salir, en estos días reina la confusión sobre el rumbo que seguirá la estrategia de seguridad del gobierno, pero hay dos hechos evidentes: uno, que el ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Perdomo, está frontalmente posicionado ante su predecesor, David Munguía Payés. Y dos, que no tiene, como quisiera, el respaldo absoluto del presidente Mauricio Funes. Lo supo el día que este colocó a Munguía Payés de nuevo en el Ministerio de Defensa y lo impuso, por tanto, como miembro del gabinete de Seguridad de Perdomo.
Quizá por eso, porque no sabe hasta dónde llega su crédito político, después de regalar en dos meses titulares para llenar los periódicos de un año (destituyó al director de Centros Penales; denunció privilegios de los pandilleros y echó la culpa a Munguía Payés; anunció que se desmarcaba de la tregua; sufrió por ello un desmentido público del presidente Funes; empujó la renuncia de su viceministro; anunció el respaldo a una nueva etapa de la tregua; se peleó con el mediador con las pandillas, Raúl Mijango; encaró un súbito y agudo repunte de homicidios; denunció que la tregua ha fortalecido a las pandillas; sufrió por ello un nuevo desmentido del presidente...), hoy Perdomo se resiste a hablar de su antecesor y serpentea entre las preguntas para que sus respuestas no aviven el incendio. El ministro se contiene. Ya no es el que, recién llegado al cargo, parecía decir todo lo que pensaba.
Sí intenta marcar su territorio. Insinúa que los gestores de la tregua han permitido que parte de las pandillas sustituya el negocio de la extorsión por el de la venta de drogas, e insiste en que su llegada al Ministerio de Seguridad supondrá mayores controles y un cambio profundo en el proceso de pacificación. Y sus intentos por no confrontar con Raúl Mijango fracasan apenas se le pregunta por el auge de homicidios a principios de este mes. “Mijango miente”, dice, sobre la acusación de que estos se debieron a que Perdomo dificultó el trabajo de los mediadores. “(Los pandilleros) calentaron unos lugares para mover droga en otros. Y hubo autodepuraciones al interior de las pandillas. Hubo todas esas variantes y otras que no les puedo revelar ahora”, dice.
Perdomo no alcanza, todavía, a ser claro, a articular un discurso completo sobre su diagnóstico de la tregua, de la situación de seguridad del país, y sobre su estrategia futura. Tal vez sea porque la prudencia o la debilidad política llevan al exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado a callar parte de lo que cree saber. Tal vez sea eso. Aunque es inevitable que eso transmita la sensación de que su plan de trabajo es todavía un ejercicio de retórica, un castillo en el aire casi imposible de materializar en el año escaso que le queda a este gobierno.
(Leer la entrevista en Sala Negra: http://www.salanegra.elfaro.net/es/201307/entrevistas/12820/
