Para entender una inquina se puede llegar una mañana fría del primer lunes de enero laborable para el ciudadano común. El juez del Juzgado Tercero en la ciudad de Puebla no es un ciudadano común: aún no regresa de vacaciones.
Y sí, tampoco es un juez común y corriente: ha tomado el 22 de enero la decisión de encausar un proceso a cinco ciudadanos por ataques a las vías de comunicación el día 21 de agosto del año pasado, cuando la organización popular 28 de Octubre realizó una de las veinte marchas que probablemente llevó a cabo en el 2015 en reclamo de la libertad de su dirigente Simitrio, encarcelado desde diciembre anterior por el gobierno del estado de Puebla.
Sí, el Juez Francisco Javier Martínez ha puesto bajo proceso en la piel de Rita Amador el derecho constitucional a la manifestación pública de los mexicanos contra un acto de autoridad. Ni más ni menos.
Así que Rita Amador espera en silencio en la antesala de la oficina judicial en la calle 12 Poniente. Tenía 72 horas para presentarse con su amparo otorgado por un juez federal el 29 de diciembre. Afuera no hay mucho silencio: una centena de trabajadores del comercio en el mercado Hidalgo grita “el pueblo consciente no se rinde ni se vende”. Adentro, y luego de una hora de espera, aparece una licenciada que dice ser la “encargada del despacho”. Pero todavía no puede atender a nadie pues no ha llegado la secretaria.
Mientras, yo pienso en las razones de Rita Amador:
El gobierno contra la 28 de Octubre: las razones de Rita Amador
Y espero en ese lobby anodino en un edificio cuadriculado a frente a San Francisco, en la ribera poniente del taponado río. Y tengo tiempo para preguntar al viento frío:
¿Qué sistema judicial tenemos en Puebla?
¿Cómo pueden armarse averiguaciones previas como la que enfrenta Rita Amador? ¿Cuántas no se armaran así todos los días y no llegarán jamás a la prensa? ¿Quiénes son esos policías ministeriales que la Procuraduría ha dispuesto como testigos del delito de marchar por la vía pública? ¿Y quién escribió esa carta anónima presentada como prueba de que los acusados lanzaron consignas contra el mal gobierno? ¿Y a quién se lo ocurrió la maravillosa idea de consignar en la querella que “los daños son incalculables”? ¿En qué oficina del fiscal Carrancá se encuentran los formatos para armar las averiguaciones estilo Xicale, Simitrio, Chalchihuapan?
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“Ya sólo falta Tonatiuh –dice Rita mientras espera que la encargada del despacho en el Juzgado Tercero le tome su declaración--. Ya tiene en la cárcel a Simtrio, a sus hijos Rubén y Xihuel, ya me persigue a mí. ¿Cuándo se irá contra Tona?”
Es una reflexión elemental a esta hora temprana del lunes de vacación del Juez Tercero. Yo sigo con mis interrogantes balines: ¿De dónde esta inquina del gobernador Moreno Valle contra la organización 28 de Octubre? ¿Por qué la cargada total contra Simitrio y su familia? ¿Tanto es el odio por esa organización de vendedores ambulantes y de mercados que contra todas las batidas y persecuciones ha permanecido independiente por más de 40 años?
Tona no se da por aludido: explica a los reporteros que el 22 de diciembre salió de este juzgado la orden de aprensión por el delito de “ataques a las vías de comunicación”; que ellos, los defensores Porras, Tepoz y Tonatiuh, ya se las olían –en diciembre del 2014 aprendieron a Simitrio y a su hijo Rubén-- y por eso buscaron ante el juez federal un amparo buscador contra todas las órdenes que pudieran salir del sistema judicial subordinado al gobierno del estado, y que el resultado fue la suspensión definitiva por el amparo 1237/2015 que obsequió –dicen los leguleyos-- el Juez 5to de Distrito de amparo en materia penal en el Edo de Puebla, apenas el 29 de diciembre contra la orden del Juzgado Tercero, que no pudo negar la existencia de la averiguación previa a la orden resultante.
Y aquí está Rita, a la espera de que llegue la “encargada del despacho” pues el juez Tercero todavía no regresará hoy de sus vacaciones.
Tiene 72 horas para encarar al Juez su perseguidor. Y aquí está, serena, contándole a una reportera que desde 1989 ha salido a las calles a protestar contra el gobierno que encarceló a Simitrio con la misma acusación que ahora le ha endilgado, la del narcotráfico, y que entonces le valieron doce años de cárcel en penal de alta seguridad más cinco años de exilio obligado, pero que para el gobernante le valen cincuenta años más.
Son muchos años, pienso yo. Parece una caricatura, pero es una tragedia. Un abuso extremo contra una familia de militantes de una organización popular independiente.
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Así que hay tiempo para la cavilación: ¿de dónde tanta inquina contra la familia Sarabia Amador? ¿Qué reflejo del hígado provoca esta carga del sistema judicial contra la única y sobreviviente organización social que en cuarenta años no se ha sometido al control político del gobierno estatal en turno?
La conversación de los reporteros busca pistas: pudo ser cuando los 28 desplegaron una manta que decía “Rafa Ratero” frente a Casa Aguayo; o cuando quemaron un monigote con la cabeza del gobernador, como a un Judas, dicen, y ahí mismo frente a Casa Aguayo.
Casa Aguayo. ¿Alguna vez en estos cinco años habrá puesto un pie Rafael Moreno Valle en esa vieja porqueriza convertida en su momento por Melquiades Morales en “Casa de Gobierno”? Hoy “operan” en ella “los agentes de Gobernación”, “la inteligencia política del Estado poblano”, los orquestadores en Canoa, la Resurrección y Chalchihuapan al mando de unos tales Maldonados y Euquides. Allá habrá de ir a dar el recién nombrado Director General de Gobierno, el ex gobernador oaxaqueño y supongo que ex priista Diódoro Carrasco, en su momento, Secretario de Gobernación en el régimen de Ernesto Zedillo; un gallo que en su discurso de entrada afirmará que va a hacer todo lo que no ha hecho su patrón en los últimos cinco años:
“Mi compromiso en la conducción política interior del estado –dirá el martes 5 de enero-- será fortalecer la gobernabilidad democrática, sustentada en la división de poderes y el orden jurídico poblano buscando de manera permanente la construcción de acuerdos entre los distintos actores sociales y políticos.”
Caray. Que no lo escuche el juez que anda de vacaciones.
Afuera, todavía en este lunes frío, las consignas de los 28 de Octubre no se alcanzarán a escuchar del otro lado de la avenida ex río, y menos en el despacho que ocupará el oaxaqueño.
“Rita, aguanta, el pueblo se levanta”, gritan. Y sus gritos ya llevan 42 años.
Yo los escucho y pienso que todo termina siempre a Casa Aguayo. Decenas de manifestaciones van a dar ahí, en una irremediable pérdida de tiempo. También la del 21 de agosto, la que el gobierno estatal ha escogido para producir una averiguación previa que pasará a la historia por su insensatez total, y que motivó el proceso penal 452/2015 por un Juez que lleva por nombre Francisco Javier Martínez, quien ha dado lugar al alegato de la Procuraduría del fiscal Carrancá –él mismo, con su imposición por siete años por el Congreso, la prueba de todo lo contrario que dice venir a cumplir el político Diódoro--: que Rita Amador y cuatro personas más (María de la Luz Gálvez –esposa de uno de los hijos presos de Simitrio, Silverio Montes y Sergio León, todos ellos integrantes de la Comisión Negociadora de la 28 de Octubre), atacaron las vías de comunicación en la marcha que el 21 de agosto los comerciantes del mercado Hidalgo llevaron cabo por su ruta tradicional de la 11 Norte-Reforma-Zócalo-Boulevard 5 de Mayo hasta la referida Casa Aguayo.
Buen lío para el nuevo responsable de la gobernación en Puebla. Tendrá que aprender que aquí los jueces trabajan por consigna. Y que no les preocupa mucho la Constitución.
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¿Cómo atacas una vía de comunicación? ¿Rascas a mano para extender los baches? ¿Agarras a chanclazos el adocreto? El delito también incluye la obstrucción: ¿cómo le haces? ¿Levantas una barricada? En este juego absurdo del gobierno de Moreno Valle hemos llegado a un extremo nunca visto, ni siquiera en los tiempos de las violentas manifestaciones estudiantiles poblanas de los años cincuenta, cuando los camiones acababan quemados con las patas parriba en el Paseo Bravo: la criminalización de la protesta en la calle.
Voy a uno de los pocos artículos de la Constitución de la República que no han sido modificados en sus muy cercanos cien años de existencia:
Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.
Así lo escribieron los constituyentes de 1917. Así que nada de injurias contra la honorable autoridad. Entiendo que la “carta anónima” que la Procuraduría esgrime como prueba, y que es una copia estricta de lo declarado por los policías ministeriales acusadores de Rita, es el argumento que esgrime el juez vacacionista para extender la orden de aprensión: lo imagino pensando “los veintiochos injuriaron al señor gobernador, lo amenazaron y lo intimidaron para que libere a Simitrio y a los otros tres presos políticos acusados de narcotráfico por su gobierno que es una fortaleza de la democracia y la división de poderes.”
Este juez se va a llevar muy bien con Diódoro Carrasco.
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Rita Amador escribe en una agenda su declaración. “No la he preparado, ¿tú crees?”, me dice al pie de la ventana de la sala que resguarda la oficina de la encargada del despacho. Por otro ventanal se puede ver a la abogada. No preguntaré por su nombre. Ella sí vino a trabajar este lunes 4, y supongo que como secretaria de Acuerdos habrá leído el proceso, y que en algún momento de la mañana llegará la secretaria.
Rita mira sus zapatos, bromea un momento: “¿Tú crees que con estos tacones habré podido atacar a la avenida Reforma?”
Foto de Mundo Nuestro
Luego Rita regresa a su libreta y yo sigo con mis enredos explicativos:
Son dos mundos enfrentados: Angelópolis y Mercado Hidalgo. Rafael Moreno Valle –y con él Marín, Melquiades, Bartlett, Piña Olaya, Jiménez Morales, Toxqui, Morales Blumenkron, Gonzalo Bautista—y Simitrio. A tantos gobernadores ha sobrevivido el estudiante de la Prepa Zapata Rubén Sarabia, Simitrio. 43 años de dos visiones del mundo, una la del poder que excluye a los pobres, otra de los pobres que resisten. Cuatro décadas de funcionarios, constructores y potentados del desarrollismo atroz impulsado por un gobierno para el que no existe el Hidalgo y su desvarío de merca y ruido, no existe la proletaria colonia La Loma, ni ese norte inhóspito de marginación y blocks atados a los galerones industriales de la autopista.
Pero qué contrariedad tan terca la del ambulantismo.
La noche del 28 de octubre de 1973
El gobierno apostó hace más de treinta años: se olvidó de la inversión pública realizada a principios de los 80 con el cierre de la Victoria, la salida de los ambulantes del centro y la creación de los mercados Hidalgo, Morelos, Zaragoza, Héroes, Zapata e Independencia. Esos fueron los años del esplendor y los excesos de la 28 de Octubre. Esa fue la única negociación seria entre el gobierno y los trabajadores del comercio pobre de la ciudad de Puebla liderados por un joven de extracción campesina, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio. No se volvió a construir un mercado de ese tamaño ni se cumplieron con todas las condiciones iniciales comprometidas en su creación (avenidas, transporte, infraestructura, seguridad en la posesión de los puestos, etc.) Sólo se dejó llegar a la ola de aurreras, wallmarts, chedrauis y sorianas, todos muy cerquita de aquellos mercados populares. Y no hubo más acción de Estado que la represión contra los comerciantes independientes. En 1989, en 1995, ahora en estos 2014-15. Una sola intervención se registra en treinta años por el gobierno municipal que no sea una acción policiaca: en el 2012, con la renovación del área de verduras con el alcalde Rivera.
Tal ha sido la política pública para el abasto popular en la ciudad de Puebla.
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Rita Amador lleva una hora y media rindiendo su declaración. Contra lo que pudiera esperarse, los reporteros en mayoría no hemos desertado. Ya son las 12 y media y llegamos a las 9 de la mañana. Y tenemos tiempo para seguir con nuestras cavilaciones, ahora en voz alta, una que aprieta los sentidos: ¿por qué ha llegado a estos extremos este gobernador poblano?
Yo me atrevo a decir algo, como un derrotado abogado del diablo: al menos no se han asesinado a los líderes. Eso ocurrió con Piña Olaya (la ejecución de Gumaro Amaro, el solitario dirigente de la llamada Unión de Amas de Casa, la más numerosa organización popular de mujeres de colonias proletarias) o con Bartlett (la muerte del comisariado ejidal de Momoxpan).
Pero yo mismo encuentro una atajo: el crimen del dirigente indígena en Cuetzalan, opositor a la construcción de una hidroeléctrica en el río Apulco por CFE.
Y ya en silencio sigo con mis preguntas:
¿En qué marco entender esta andanada contra la 28 de Octubre?
¿Qué sociedad ha producido estos dos mundos extremos? ¿Qué mecanismo provoca la existencia de estas dos ciudades enfrentadas?
¿Por qué hemos sido tan pasivos ante lo ocurrido? ¿Por qué no hay una emergencia obrera y un movimiento sindical que tal nombre merezca?
¿Por qué los únicos que han persistido en su capacidad de movilización son los 28?
¿Qué significó la insurrección de los pueblos en defensa de las juntas auxiliares?
¿Qué alarma sonó en la recámara del poder que provocó esa política de criminalización que ha llevado decenas de personas a la cárcel?
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Rita sale de la oficina. Sus abogados esperan la copia de su declaración. Los reporteros y fotógrafos cumplimos nuestra parte y la dirigente responde sin impaciencia las preguntas: que no confía en el proceso (“Si fuera estrictamente jurídico no tendría temor, pero sabemos que mi caso es un asunto político; no tengo la seguridad de lo que me pueda pasar”); que con el intento de encarcelamiento están violando sus garantías y su derecho a la libre manifestación; que mientras Moreno Valle garantiza, condona impuestos y da las condiciones para que extranjeros sed instalen en Puebla, de manera contradictoria criminalizan a los miembros de la organización por ayudar a otros a llevar sustento a su casa; que el pasado 21 de agosto sí participó en una marcha pacífica, del mercado Zaragoza a Casa Aguayo, que no se agredió a nadie ni hubo dolo en el bloqueo a la vialidad; que ese día los manifestantes avanzaron en todo momento durante su recorrido, sin cerrar vialidades ni causar daños a terceros; que en esa semana hicieron varias marchas pues estaba cerca el cumpleaños de Simitrio; que “la única situación fuera de lugar durante la marcha fue la incesante participación de policías vestidos de civiles que les tomaron fotografías y videograbaciones en el desarrollo de la protesta, todo estuvo súper vigilado por el gobierno, no entendemos de dónde es que salió que cometimos un delito.”
Todo eso termina de decir Rita Amador.
Luego sus abogados me muestran la copia simple con la marca de la casa de los juzgados poblanos: no hay firma del juez, no hay sello judicial, es un simple juego de cinco fojas con el que el sistema justiciero en Puebla refiere que Rita Amador se declaró inocente de la acusación que criminaliza las marchas de protesta en la ciudad de Puebla.
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Yo salgo a la calle, al tráfico, al año que empieza. Y no puedo con la vergüenza.