Presentación por Mundo Nuestro, un medio dedicado a la narración periodística de los acontecimientos que más nos conmueven, pero que también reclama su derecho y su libertad de opinión sobre acciones de gobierno que atentan contra la concordia y la estabilidad social en Puebla.

Con el encarcelamiento de los detenidos en San Andrés Cholula la semana pasada, el gobierno del estado optó por la consignación penal del movimiento social opositor a un proyecto de desarrollo turístico en la Pirámide cuestionado severamente desde la perspectiva arqueológica, histórica y cultural de los pueblos cholultecas.

Son muy graves las consecuencias de esta decisión y obligan a pensar en una profunda quiebra del vínculo de los pueblos cholultecas con las instituciones de gobierno, ruptura promovida por los propios gobiernos estatal y municipales que han sido incapaces de escuchar los reclamos de los ciudadanos descontentos y de abordarlos en un verdadero proceso democrático de discusión colectiva.

El conflicto que enfrenta al gobierno de Rafael Moreno Valle --y de su mano, los gobiernos municipales de José Juan Espinosa y Leoncio Paisano--, con los pueblos y barrios de las Cholulas, no empezó con el desalojo de la presidencia de San Andrés en la madrugada del martes 7 de octubre pasado, cuando fueron detenidos el abogado Adán Xicale, su hijo Paul y los hermanos Primo y Albino Tlachi. No inició tampoco con el cierre del Periférico en el crucero con Camino Real la tarde anterior. Ni terminó con el engaño burdo realizado por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno el martes 7 por la tarde, cuando de palabra y por escrito prometieron la liberación de los cuatro detenidos. Bien harán en comprenderlo los jueces federales que atenderán este proceso --pues seguramente en esa instancia legal se resolverá el juicio en el mediano plazo--, y una buena ayuda encontrarán en estas dos cartas escritas desde la cárcel por los cholultecas detenidos y consignados con acusaciones que perfilan con todo rigor que el Estado en México sigue haciendo eco del viejo delito de “disolución social” para encarcelar a quienes se oponen a las decisiones arbitrarias de sus gobernantes.

Los Xicale y Tlachi fueron detenidos por formar parte del movimiento opositor a la expropiación de la zona arqueológica que sobrevive sin edificaciones al sur del viejo cerro de adobe que corona el Templo de los Remedios.

Pero el conflicto tiene su origen en la probada incapacidad del gobierno estatal para entender a los pueblos originarios, sus raíces y valores históricos, su profundidad cultural y la importancia que tienen para la cohesión de esta compleja trama humano-ambiental que llamamos sociedad mexicana. Y esta incapacidad viene de más lejos: no se puede entender esta rebelión si se deja de lado lo ocurrido en los años noventa con la expropiación del territorio cholulteca que hoy conocemos como Angelópolis y procesos coercitivos como los que privaron en el establecimiento de los pozos de agua potable en la región de Acuexcomac y Nealtican en el gobierno de Manuel Bartlett y su secretario de Gobernación Mario Marín. Es la ciudad de Puebla, y la manera de construirla desde los gobiernos poblanos, la que no ha comprendido a los pueblos, a los que ha dislocado en su crecimiento voraz y a los que no ha visto más que como reserva territorial para la especulación inmobiliaria. Tras la penalización de la protesta social cholulteca está justo este tradicional modelo de desarrollo asociado a una cultura del poder acostumbrada a pasar por encima del más importante acervo histórico cultural concentrado en lo que llamamos pueblos milenarios.

El conflicto ha sido generado una vez más por el propio gobierno del Estado de Puebla con su mal llevado proyecto conocido igual por “Plaza de las Siete Culturas” que por “Parque intermunicipal”. Como quiera que se llame, el proyecto no ha sido presentado con toda formalidad ante la opinión pública, y por supuesto se desconocen los trámites que sus promotores han realizado ante el organismo federal a cargo por decreto presidencial de 1993 de ese territorio milenario que conocemos como Pirámide de Cholula. Tampoco se tiene idea del autor de tal proyecto. Hasta ahora, los gobiernos han tirado la piedra y escondido la mano.

El INAH mismo no ha dado a conocer la respuesta a a la “solicitud de informes sobre el proyecto Plaza de las Siete Culturas y sobre las medidas instrumentadas para garantizar la preservación de la zona arqueológica de Cholula, Puebla, dada a conocer en el dictamen con fecha 19 de agosto del 2014 presentado por la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.”

Somos muchos los testigos de la movilización pacífica que desde hace varias semanas han realizado un amplio grupo de pobladores cholultecas en contra del proyecto. Son ya innumerables los registros de toda índole en internet que dan cuenta de este proceso, y del papel que en él ha cumplido particularmente Adán Xicale como promotor de los amparos contra las expropiaciones en San Andrés Cholula. En ese marco hay que entender lo sucedido entre el 6 y el 7 de octubre pasado.

El Estado representado por el gobierno de Rafael Moreno Valle ha consignado a los Xicale y Tlachi. Y con ellos ha penalizado la movilización social opositora a una intervención sin consenso en Cholula.

Bien hará este gobernante en leer las cartas desde la prisión que han escrito sus detenidos. Entenderá por ellas el error histórico contenido en la penalización de la protesta social.