• Verónica Mastretta
  • 26 Junio 2014
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Siempre que he visto siameses, seres humanos con dos cabezas y un solo cuerpo, me conmueve y admira cómo es que se ponen de acuerdo para caminar, comer, andar en bicicleta o simplemente vivir.

La metrópoli poblana es al revés, como un cuerpo pero con muchísimas cabezas.

Puebla ha sido diagnosticada y estudiada bien y suficiente. De nada sirve si eso no se ve reflejado en un programa de desarrollo urbano moderno, audaz y con esquemas económicos que cierren el paso a la brutal especulación con el inmenso territorio, no sólo de la capital del estado sino de los territorios de otros 38 municipios con los que estamos conurbados. La ciudad de Puebla fundada en 1531 generó un centro histórico excepcional y hasta los años setentas del siglo XX fue una ciudad razonablemente habitable y armoniosa en su trazo, con 230 habitantes por hectárea, es decir, concentrada, lo que la hacía más fácil de comunicar y atender con servicios. Luego vendría el impacto de la explosión demográfica, la ausencia total de planeación, los ejidos rodeando las ciudades, regidos por leyes obsoletas sobre y el priísmo clientelar de entonces, que permitía invasiones y luego regularizaba a cambio de incorporaciones a su partido u organizaciones satélites, como la CNOP.

De las 56 mil hectáreas que forman nuestro municipio, hoy hay más de 22 mil urbanizadas y sólo 70 habitantes por hectáreas. Es decir, la ciudad se extendió y dispersó sin orden y ley; generó colonias sin servicios, sin áreas de donación para deporte y recreación y sin transporte accesible. No hubo talento colectivo para reformar las leyes a tiempo y crear instrumentos de planeación modernos, al servicio de la sociedad y no de los especuladores de la tierra, que siempre saben encontrar el hueco en las autoridades para dar sus tiros de precisión a tiempo para hacer grandes fortunas a costa del orden de la ciudad. Los servicios de calidad, tales como transporte, alumbrado, pavimento, agua, equipamiento, parques, escuelas o teléfonos, fueron abandonados y sustituidos por una mancha urbana plana, de un piso, voraz, desordenada y caótica.

No sólo pasó en Puebla, el país todo creció así. Ha habido varios intentos de poner orden, uno en tiempos de Colosio en Sedesol, con una propuesta del "Plan para Cien Ciudades", que permitiría que los dueños de la tierra, ejidatarios o particulares, pudieran ser partícipes del desarrollo como inversionistas y socios aportando su tierra. Nadie ha retomado esa idea. Por el contrario, la última expropiación que se hizo para crear la reserva urbana "Atlixcayotl-Quetzalcóatl", despojó a campesinos y pequeños propietarios de sus parcelas sin hacerlos partícipes del negocio inmobiliario de esa zona en la que sólo se beneficiaron políticos y empresarios afines a ellos.

Los municipios que forman parte de las muchas cabezas de la metrópoli no cuentan con programas de desarrollo moderno y armonioso; son obsoletos, incongruentes entre sí o de plano inexistentes. Consecuencias: especulación con la tierra a costa del subsidio público, extensión desordenada del transporte y el colocar desarrollos inmobiliarios a gusto de los desarrolladores. Vean la hermosura de Lomas de Angelópolis, muy bonita y elegante por dentro, pero sin accesos. Lo más cercano a un ghetto falta de ordenamientos claros y precisos han traído como consecuencia que un número altísimo de habitantes gasten un alto porcentaje de sus salarios en transporte, perdiéndose  dinero y tiempo de miles de personas; en los asentamientos irregulares y desordenados, sin áreas comunes y de equipamiento, se impide que exista un mínimo tejido social sano en las colonias.

Hoy nuestro estado y su enorme metrópoli requieren de una visión compartida y de la  voluntad política que esa visión compartida requiere para llevarse a cabo. Puebla Capital actualizó su programa de desarrollo urbano en 2007; ese programa tiene lagunas que permiten discrecionalidades y autorizaciones para fraccionar "a la carta", a cambio de cañonazos de dinero. La administración de Eduardo Rivera no priorizó y no logró sacar a tiempo la actualización del programa que nos rige; no se  lograron los consensos con las autoridades estatales para emitir el nuevo ordenamiento. Sí se logró que por lo menos los límites entre Puebla y San Andrés de definieran, teniendo que materialmente "arrear" al congreso para que después de 20 largos años emitieran los límites definitivos, aunque quedaron pendientes los límites con otros muchos municipios con conflictos de límites. 

El crecimiento de Puebla y la zona metropolitana está siendo vertiginoso. Tenemos en puerta la llegada de AUDI y las empresas satélite que la acompañarán y que generarán una enorme demanda de servicios. Es un gran logro de gestión gubernamental el que AUDI decidiera instalarse en Puebla, pero ese logro debe obligadamente de ir acompañado de todo un plan de ordenamiento territorial que aún no existe. Ya se expropió el Rancho Tamariz de 750 hectáreas sin que previamente existiera el plan de ordenamiento que justifique y ordene no solo la expropiación sino lo que se hará en dicho espacio. Expropiar sin los ordenamientos pertinentes crea desconfianza y desorden y deriva en que las acciones de gobierno den frutos venenosos. Este mismo desorden en la planeación está sucediendo en los municipios en donde se pretenden llevar a cabo explotaciones mineras, en particular en la sierra norte de Puebla, en donde por falta de ordenamientos territoriales y ecológicos, las comunidades se ven divididas y enfrentada con los poderosos interese de las empresas mineras y los dueños originales de la tierra. Las pequeñas presidencias municipales se ven rebasadas por estos conflictos en los que ya debiera estar actuando el estado en su conjunto.

Y es que donde no hay cabeza todo es rabo.

Y como por un rabo parece planeado nuestro estado en los últimos 60 años. La Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial y el Congreso del Estado tienen la obligación de concertar un ordenamiento de todo el territorio poblano. Los municipios ya no pudieron solos. Necesitan ayuda inmediata y profesional en planeación y ordenamiento. Necesitan de una coordinación que solo puede emanar del gobierno del estado. ¿Qué espera el Congreso para verlo? ¿Qué la SDRSOT? ¿Qué esperan los presidentes municipales para unirse y generar esos ordenamientos indispensables para una sana convivencia intermunicipal? ¿Qué esperan los cuerpos intermedios, cámaras y universidades para pedir al poder ejecutivo y legislativo que cumpla con esta obligación básica de esos dos poderes?

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