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Un día, a finales de los años 80, nos amanecimos con las calles cerradas por amas de casa  con cubetas en las manos, reclamando por la escasez de agua que ya era crítica en muchísimas colonias de la ciudad de Puebla. Me parece una absoluta incivilidad el cerrar calles para exigir derechos, pero el estado mexicano ha tolerado esa práctica, que para colmo de males, parece ser a veces la única que funciona para que las autoridades resuelvan lo que han dejado enconarse por falta de atención. Dejo constancia de que estoy en total desacuerdo con esa práctica. De todos modos,  ese día y muchos otros, las calles permanecieron cerradas por personas hartas por la falta de agua.

 

En ese entonces el sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puebla era responsabilidad municipal, según lo marca hasta la fecha el artículo115 constitucional. El servicio era operado desde el ayuntamiento por Blas Chumacero, el eterno líder de la CTM en Puebla, compadre del alma del líder nacional cetemista, Fidel Velázquez.  Él y su primer círculo habían hecho del mal servicio de agua un negocio redondo. Tan redondo que  las bombas y tuberías fueron deteriorándose. El mantenimiento de lo existente era pésimo. Bombas viejas eran retiradas, vueltas a pintar y a medio arreglar, para facturarse y venderse como nuevas al mismo ayuntamiento. Las tuberías instaladas en 1905 por una empresa inglesa en el centro histórico eran de lo mejorcito que quedaba. Lo posterior a la concesión inglesa era de mala calidad y se estaba desbaratando. Llevaban años sin explorar nuevas fuentes de abasto, Don Blas era heredado e intocable  y finalmente a la ciudad le estalló la crisis del agua en las calles.

 

En 1988 los ayuntamientos eran muy débiles económicamente. Nada que ver con los enormes recursos que ahora reciben. Los presidentes municipales estaban a merced de lo que les quisiera dar la federación o sus gobernadores. Si el presidente municipal y el gobernador no se llevaban bien, pues los paganos eran los ciudadanos. Es en este marco de complicados entramados políticos que el gobernador Mariano Piña Olaya toma la decisión de crear el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, firmando un convenio con el ayuntamiento para que delegara la responsabilidad. En dicho convenio signado voluntariamente a fuerza con el entonces presidente municipal Guillermo Pacheco Pulido, el SOAPAP pasó a ser manejado por el gobierno del estado y Don Blas y su séquito desterrados del negocio del agua. Fue nombrado al frente de dicho organismo el Presidente de Colonos de la Colonia El Mirador, un ciudadano de origen catalán y  sin partido, el ingeniero Eduardo Maristany, quien, en honor a su trabajo y a la verdad, hizo una excelente labor. En unos pocos años logró, en la medida de lo posible, despolitizar y modernizar el servicio, equipar los pozos, detectar tomas clandestinas y poner un orden inicial en el desastre que era el agua en la ciudad. En la avenida 11 Sur, por dar un ejemplo, había una fábrica de papel que ocupaba toda una manzana y que tenía declarada y pagaba por una sola toma de agua. En realidad tenía 100. Esa fábrica le estaba quitando gran parte  del agua a las colonias del sur. El Ingeniero Maristany se echó al hombro la titánica labor de reformar el servicio y la modernización de los cobros. Eduardo  Maristany no era un político ni pertenecía a partido alguno. Luego se iría Piña y llegaría Manuel Bartlett, quien una vez acomodado con su grupo político, le puso el ojo al SOAPAP; los días de la "civilización" del sistema estaban contados. Le pidieron su renuncia al ingeniero y el cargo del director del SOAPAP pasó a ser político. Las viejas prácticas del corporativismo fueron regresando poco a poco, junto con algunos de los viejos y mañosos operadores que aún quedaban de la época de Blas Chumacero, más los que Bartlett adoptó o trajo del DF, su verdadera tierra. En esa época  se hicieron inversiones fuertes para dotar a la ciudad de nuevas fuentes de abasto, pero a costa de llevarse el agua de otros lugares sin medir el impacto ambiental, sin tomar en cuenta a las comunidades y sin compensar esta práctica con el cuidado de los bosques de las montañas que rodean al valle de Puebla. Hubo grandes inversiones, y por supuesto, grandes negocios. En la dotación de agua de las grandes ciudades del país, y en especial en el caso de la hoy Ciudad de México, jamás han privilegiado una política que garantice la sustentabilidad del abasto. Los políticos parecen budistas avanzados, viven en el hoy.

 

 Pasaron los años y el SOAPAP conservó el padrón de cobro y lo siguió ampliando, pero se abstuvo de acotar las malas prácticas de dejar descargar sustancias prohibidas al drenaje por parte de empresas y comercios. No solo se abstuvo, sino que muchos malos funcionarios cobraron por el uso clandestino de los drenajes. Se construyeron las plantas de tratamiento de agua, pero debido al pésimo criterio de recibir las descargas de industrias de manera indiscriminada, las plantas nunca pudieron alcanzar su objetivo de sanear el agua. El SOAPAP se volvió no la caja chica, sino la caja grande del gobierno del estado. Mucho dinero líquido de los pagos en efectivo, pero  irresponsabilidad y falta de inversión en el abasto, el saneamiento y el mantenimiento de la red, todo sumado a la politización de sus cuadros de mando y a la falta de continuidad en las buenas prácticas que sí tuvieron algunos de los directivos que pasaron por ahí. El SOAPAP se fue rezagando y sus recursos se desviaron hacia todos lados menos para el fin primordial que era dar viabilidad hídrica a la ciudad y la zona metropolitana, con cuyas autoridades de otros municipios se fueron enredando, hasta volver a encontrarse en el callejón sin salida del desabasto, la falta de cobro adecuado, la quiebra del sistema y la claudicación en la obligación del saneamiento.

 

Hay que dejar en claro un punto: independientemente de a quién se le dé a operar el Sistema, la responsabilidad final de dar el servicio de manera adecuada y de tratar el agua  municipal es de los ayuntamientos. De nadie más. Igual sucede con otros servicios, como el de alumbrado o recolección de residuos sólidos urbanos. Los podrá tener un sirio o un troyano, al final, la responsabilidad jurídica de la buena operación es del municipio.  Subrogar esa responsabilidad a otras instancias es su facultad, pero declinar la responsabilidad de su estricta vigilancia no lo es. Y eso es justamente lo que ha sucedido en los últimos 28 años. Los gobernadores se apoderaron del SOAPAP, invadieron otros municipios, unas veces para tratar de ayudar y otras para estorbar, y con su enorme poder sin contrapesos borraron del mapa a los ayuntamientos, en particular al de Puebla.

 

Hace menos de dos años, el gobierno del estado presentó al congreso la iniciativa de privatizar el servicio completo, incluyendo las plantas de tratamiento que llevaban paradas o a medio funcionar casi tres años. La licitación, hasta donde puedo entender, la ganó una empresa que a su vez la subrogó a otra que se llama AGUA DE PUEBLA S.A., propiedad de Carlos Hank Rhon. ¡La rifa del tigre! Dicha empresa estará tratando de entender qué cosa le entregaron. Si los cables de luz que están a la vista de todos son una maraña indescifrable, imagínese usted lo que no se ve, que es todo el drenaje y red de abasto enterrado. Cualquiera que hubiera obtenido la concesión se hubiera llevado más de una sorpresa desagradable que yo sintetizo en la palabra MARAÑA.

 

Casi dos años después, y aquí está el detalle, es que al borde de la elección para el cambio de gobernador, el agua se vuelva una moneda de cambio político. La semana pasada el cabildo poblano en pleno aprobó una iniciativa de "borrón y cuenta nueva" en el cobro del agua. Decretaron eso sin tomar en cuenta el intrincado entorno jurídico de esa acción. Ningún partido representado en el cabildo votó en contra. Los que ya pagaron, fregados están, y ahora, para alagar al electorado, les doy la absolución a los que no han podido o no han querido pagar. Si había cosas que revisar ¿Por qué no lo hicieron en los dos años que ya llevan gobernando la ciudad? El momento de abordar el justo y buen manejo del servicio dentro del Cabildo de Puebla no podía ser más inadecuado. La empresa se ha negado a aceptar un manejo claramente político de un problema que va mucho más allá de una elección por venir.

 

 Lo razonable es no usar la frágil moneda del agua, su costo y su escasez para llevar agua al molino de los partidos y la contienda electoral. Este tema tan complicado no merece ser tratado como tarjeta de descuento, mochila, sombrilla, gorra o camiseta partidista.