• Sergio Mastretta
  • 07 Diciembre 2012
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Por: Sergio Mastretta

“Los hechos referidos anteriormente perpetrados por efectivos de la Policía Estatal han dejado una profunda crisis de pánico, miedo y terror en la población, elementos constitutivos de Terrorismo, de acuerdo con el Código Penal Federal, así como también del delito de Desaparición Forzada de existir algún vínculo entre el vehículo particular y los efectivos policiacos. Situación que se suma a una larga lista de arbitrariedades por parte del caciquismo local con aquiescencia de las propias autoridades y condición de marginación y pobreza por falta de atención del Ejecutivo Estatal.

“Por lo expuesto anteriormente, solicitamos de manera urgente:

“I. Se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física, psicológica y moral, así como del debido proceso de los injustamente detenidos indígenas nahuas Juan Lorenzo Lucas y Santiago Santos Gregorio.
II. Solicitamos medidas cautelares para las familias de Juan Lorenzo Lucas y Santiago Santos Gregorio, así como también para todas las personas que narraron lo acontecido ese aciago día 23 de noviembre y para las personas que colaboran en el Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro” A.C.
“III. Sustentados en el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos que se llame a comparecer ante tribunales y Congreso del Estado a las autoridades encargadas del personal que realizó la detención arbitraria, los tratos crueles e inhumanos en contra de los indígenas nahuas Juan Lorenzo Lucas y Santiago Santos Gregorio el día 23 de noviembre del 2012, además, para que los responsables materiales e intelectuales de estos hechos sean enjuiciados y sancionados penal o administrativamente.

“A las representaciones de los gobiernos internacionales y organismos internacionales de derechos humanos les solicitamos respetuosamente manifiesten de manera pública su preocupación por las violaciones a derechos humanos antes referidas, así como a exhortar al gobierno del Estado Mexicano y de manera específica al Gobierno del Estado de Puebla a actuar de apego a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en Pactos y Tratados Internacionales firmados y ratificados por el gobierno mexicano.”

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