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Por: Verónica Mastretta

 Este 20 de Octubre es la fecha que el gobierno federal ha fijado para presentar un informe amplio acerca de las devastadoras inundaciones que afectaron a 368 municipios en 18  estados del país, dejando un millón setecientos mil damnificados y 157 muertos, 101 de ellos en Guerrero. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, que dirige Jorge Carlos Ramírez Marín, es el encargado tanto de buscar responsables ,como de, en el futuro cercano, detener desarrollos de vivienda sobre zonas claramente marcadas como de riesgo.  El Atlas de Riesgo de SEDESOL tenía marcadas las zonas  arrasadas en este septiembre como no aptas  para vivienda y dicho mapa de riesgos debió de tomarse en cuenta por las autoridades de los tres niveles de gobierno cuando ahí se permitieron asentamientos. Pero  en Méxiquito lindo, ya sabemos que la ley y la planeación son  letra muerta para muchos desarrolladores de vivienda, invasores profesionales de tierra y funcionarios públicos que ejecutan o autorizan lo que se construye.  En Guerrero, solo tres de sus 81 municipios tenían programa de Desarrollo Urbano. En Puebla, de 217 municipios, escasamente el 10% cuenta con Programas que los ordenen.

Acapulco era uno de los tres municipios de Guerrero que contaba con programa, y por eso ahora se busca a los responsables de haberlo realizado, ya que  en ellos se autorizaban  construcciones  en los cerros que ahora se vinieron abajo con todo y casas, y que aparecían  como áreas peligrosas en el Atlas Nacional.  Amplias zonas estaban en cerros con más de 45 grados de inclinación. Los mapas de riesgo se construyen tomando en cuenta muchas cosas: el tipo de tierras que conforman las zonas, la cercanía con cuerpos de agua, ya sean océanos, ríos o presas, la inclinación de los cerros y su vocación natural, las torres de alta tensión, los ductos de Pemex, las fallas geográficas y zonas sísmicas, así como los perímetros de volcanes activos. Ahora, en este reciente desastre, se viene a descubrir que el Atlas Nacional de Riesgo no fue tomado en cuenta ni siquiera en los municipios con la capacidad de tener ordenamientos.  Por cierto, minas clandestinas a cielo abierto crearon hoyos en los cerros y se volvieron de alto riesgo, deslavándose con las lluvias. Me refiero a minas  o bancos de materiales de construcción, que de éstas existen miles en todo el país. Todas debieran contar con licencias y Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) que tomen en cuenta los criterios de riesgo. 

CONAGUA también tendrá que rendir cuentas y explicar no solo el efecto hídrico que provocó el fenómeno, sino porqué  400 mil personas damnificadas estaban instaladas en zonas federales de ríos y barrancas. ¿Quién autorizó  o permitió los cambios de uso de suelo en esas zonas? Y hay que explicarlo porque no todas las construcciones eran clandestinas o producto de invasiones. Por eso a CONAGUA se le ha ordenado también averiguar qué trámites se siguieron para conseguir autorizaciones en esas zonas y quién dio permisos que nunca debieron  darse. Aquí en Puebla tenemos un ejemplo reciente de algo mal autorizado: Un desarrollo inmobiliario de 300 casas para trabajadores de la BUAP  obtuvo de la anterior administración  permisos para construir en la zona federal del lago del Valsequillo. 

En  Puebla no podemos decir que no sabemos de estos peligros .El meteoro que afectó a la Sierra Norte  en 1999 dejó una devastación en la zona que está perfectamente documentado. Las lluvias de Septiembre de este año volvieron a afectar muchas de las zonas que entonces se deslavaron. No sé cuántos de los municipios afectados en 1999 tomaron previsiones para  crear sus ordenamientos territoriales de acuerdo a los mapas de riesgo de la SEDESOL. Si 14 años después aún no los tienen, nos habla de la ineficacia de las autoridades para llenar un vacío de ordenamiento que ya ha causado graves desastres y muchos muertos en la zona. En 2011,  la explosión de ductos de Pemex cobró la vida de 30 personas en San Martín Texmelucan, cuyas casas estaban en zona de riesgo, a menos de 30 metros  de los ductos. El Atlas de Riesgo marca todo eso, y debe  respetarse a la hora de autorizar minería a cielo abierto, desarrollos habitacionales, construcción de carreteras o corredores industriales. Un Atlas que al parecer nadie recuerda sino hasta la hora de contar los muertos , los millones de desplazados , los miles de millones de pesos perdidos y la búsqueda de culpables que  hasta hoy nunca han tenido nombre y apellido.

Por lo pronto, urge que todos y cada uno de los municipios de Puebla, apoyados por el Gobierno del Estado, tengan un ordenamiento territorial que todo mundo conozca, y sobre todo, respete. ¿Para qué, si no, están las autoridades?