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con mi reconocimiento por el compromiso y honestidad que la Arquitecta Marcela Sonia Espinosa Martínez exhibe como perito del INAH Puebla; y por su defensa valiente del patrimonio cultural de las Cholulas y de México.

 

La especie de políticos mercaderes que gobiernan México promueve obras públicas sin considerar la destrucción ambiental y cultural que éstas implican; y a pesar que ya estamos viviendo una crisis de agua y biodiversidad en medio de un acelerado cambio climático que promete un desequilibrio ecológico dantesco y a escala planetaria. Ilkka Hanski (Helsinki, Finlandia, 1953) catedrático de la Universidad de Helsinski, quien lleva décadas censando mariposas en las Islas Aland, en una entrevista reciente (El País, 3 de febrero 2016) advirtió que “…los líderes políticos van a tener que darse cuenta pronto que este impacto destructivo (del hombre) no puede continuar” porque la reducción de hábitats naturales, cada vez más fragmentados por el hombre, ha acelerado la extinción de especies, en algunos casos, a un punto sin retorno. La reciente destrucción de manglares en Tajamar en Quinta Roo ilustra como en México nuestros políticos mercaderes, a pesar que firman convenios internacionales para proteger el medio ambiente, en los hechos permiten y lucran con la destrucción ambiental a sabiendas de las irreversibles consecuencias.

 

El patrimonio cultural de la nación  también se encuentra en una crisis que se aproxima a un punto de destrucción irreversible. Visto como botín comercial, aunque existen convenios internacionales para salvaguardarlo y la Constitución faculta al INAH como la autoridad para protegerlo del tráfico mercantil y de la destrucción, el patrimonio cultural y colectivo de la nación está siendo arrasado.

 

En nuestra vecindad, por ejemplo, hace más o menos dos décadas que los gobernantes mercaderes impulsan obras que buscan incorporar a los pueblos cholultecas colindantes como reservas territoriales o zonas conurbadas subordinadas a una zona metropolitana ampliada de la ciudad de Puebla (ver P. Velasco Santos, Por la buena o por la mala: El Estado y la lucha por la tierra en Santa María Tonantzintla. Una historia ejidal. Tesis UDLAP. 2005. Inédita; José Antonio Flores, Beatriz Martínez Corona, “Disputas del Territorio Rural: la Cholula prehispánica frente a la expansión de la Puebla Colonial” en  Agricultura, Sociedad y Desarrollo. COLPOS. Vol. 8. Numero 2). El “Programa Subregional de Desarrollo Urbano de San Andrés y San Pedro Cholula: Rescate del Centro Histórico y de la Zona Arqueológica” que el gobierno de Melquiades Morales promovió en el año 2002 incluso clasificó a los pueblos cholultecas como “subregiones de Puebla” y fue éste el antecedente del proyecto actual para un Parque Intermunicipal, de las 7 Culturas (sic) o de la Flores que el gobernador Rafael Moreno Valle pretendió construir en la zona ceremonial sobre suelos sagrados y arqueológicos en el polígono protegido por ley de 1993 en el entorno de la gran pirámide o Tlachihualtepetl de las Cholulas.

 

Con este propósito, a finales del año 2013 el gobernador Rafael Moreno Valle decidió impulsar e integrar el tráfico vehicular entre Puebla y Cholula mediante un puente innecesario (porque una rotonda a ras de suelo hubiera servido mejor) a un costo del erario público de casi 200 millones de pesos; y en la zona más crítica y anárquica de conurbación entre las Cholulas y Puebla; recurriendo además a todas las medidas legales e ilegales que su inmenso acopio de poder político le permitían. Sin ninguna consideración ni consulta a los ciudadanos cholultecas; sin consideración porque se intervendrían suelos arqueológicos a menos de 500 metros de la base de la gran pirámide; ni calculando la afectación a traslados peatonales e intercambios y procesiones entre barrios cholultecas; ni siquiera que la empresa encargada de construirlo, Pyecsa, tenía un dudoso historial,  figuraron como impedimentos (ver Suplemento. Lado B. 12 de marzo 2014). Por construir su puente, el gobernador Rafael Moreno Valle, aplaudido por los dos alcaldes cholultecas, procedió despóticamente no solo a destruir el sub suelo arqueológico cholulteca sino a contaminar con cemento y varilla la zona de recarga de vitales mantos acuíferos. La tercera baja que sufrimos por causa de su puente (después del acervo arqueológico y el agua) fue la de INAH como institución encargada constitucionalmente de proteger nuestro patrimonio. Porque en total secrecía el director regional  del INAH-Puebla, el Sr Ortiz Pedraza, desde Noviembre 2013 ya le había entregado un “pre-permiso” absolutamente irregular (por no decir ilegal dentro de los estatutos de su institución) que le autorizaba al gobernador excavar y llenar de cemento suelos a menos de 500 metros de la gran pirámide cholulteca. Cuando fue descubierto, el Sr. Ortiz Pedraza, públicamente salió en defensa de la ayuda que prestó al gobernador para que pudiera construir su puente, incluso admitiéndose cómplice de la destrucción arqueológica que las obras terminarían provocando. Porque cuando se sucedieron los hallazgos arqueológicos y fueron reportados por la prensa nacional e internacional el Sr Ortiz Pedraza declaró sin empacho, el 20 de agosto de 2014, que  “pese a los hallazgos no se suspende el distribuidor”.

 

Las irregularidades e ilegalidades que se fueron acumulando a partir de entonces con la complicidad del director o de directores del INAH tendría su momento más vergonzoso cuando investigaciones periodísticas exhibieron documentos que demostraban que los peritos que le permitieron al Sr Ortiz Pedraza apoyar al gobernador Rafael Moreno Valle en la construcción de su puente no tenían la titulación ni los grados que exige la ley (ver Gabriela Hernández, “Cachirules en el INAH”. Proceso). Para finales de marzo de 2014 la construcción del puente avanzó más allá de la antigua ciénaga y el arqueólogo Eduardo Merlo se vio obligado a sub contratar a un pasante de arqueología de nombre Arnulfo Allende para que justificara que no había destrucción arqueológica con el eufemismo que se encargaría del “salvamento”. Supongo que alguien tenía que hacerse cargo de documentar que la obra, autorizada por el INAH, no dañaba información ni construcciones arqueológicas, así sea negando la importancia de los más de veinte entierros, ofrendas y figuraciones en cerámicas varias que se fueron desenterrando (destruyendo también) y que hasta el día de hoy no sabemos dónde fueron a parar (aunque nosotros logramos documentarlos con fotografías in situ). Solo “tepalcates” es lo que se reportó a la prensa a pesar que habíamos muchos antropólogos y arqueólogos residentes en Cholula atestiguando de todo lo contrario. Otro permiso igual de irregular y con la misma secrecía sería emitido una vez que el puente quedó concluido y se iniciaron las construcciones sobre el edificio piramidal.

 

El 2 de Septiembre de 2014 el coordinador de Monumentos Históricos, el arquitecto Arturo Balandrano autorizó intervenciones que calificó como “preliminares” en terrenos perimetrales a la zona arqueológica (adelantándose al dictamen del Consejo de Arqueología que el 30 de octubre de 2014 que no autorizó intervenciones dentro del polígono protegido en Cholula). Y el pasante Allende volvió a las suyas y a sus anchas. Sub contratado nuevamente  procedió a excavar pozos de sondeos arqueológicos en la pirámide mientras avanzaba la pavimentación con cemento que se colaba sobre el sector norte del edificio piramidal y con más de 60 cms. de grosor. El pasante Allende declaró nuevamente a la prensa que no existía “destrucción” arqueológica por estos trabajos y que era una “modernización” necesaria para una zona arqueológica muy degradada. El arquitecto Balandrano se vio obligado a detener la obra, según admisión propia, al verificar que no fueron “preliminares” los trabajos que autorizó sobre la pirámide. Aunque nunca vimos ni podemos atestiguar que se detuvieran los trabajos “preliminares” sino hasta que quedaron definitivamente e irreversiblemente concluidos.

 

No hay mentira y tergiversación más recurrida por los que son responsables directos (legalmente responsables además) de violar la ley patrimonial que protege la zona ceremonial cholulteca que atribuir “degradación” a la zona para justificar construcciones comerciales. Porque lo que no admiten es que los pocos propietarios de terrenos en la zona arqueológica cholulteca que violan o violaron el reglamento de usos suelos (con la inconformidad de los investigadores honestos del INAH) procedieron con permisos e incentivos otorgados por los gobiernos estatales y municipales y también con la complicidad de directivos del INAH.

 

El INAH se encuentra hoy en una encrucijada en la que se juega una amputación sustancial de su mandato constitucional y presupuesto operacional.  Sometida a intereses de políticos mercaderes la institución sacrificó en muchos casos (y por demasiado tiempo) su mandato y vocación para defender el patrimonio nacional. Pero es la única institución que tenemos para preservar los bienes culturales de la nación  y tenemos que confiar en que sus investigadores honestos no serán avasallados por una burocracia que esta conduciendo al INAH solo  a negociar y encubrir destrucciones y también lucrar con el patrimonio cultural de la nación.